La señal, fulminante, no dejó lugar a ninguna duda: no solamente el Ejecutivo corrigió la presupuestación de 857 contratados de Antel, sino que además echó al presidente recientemente designado que había tomado la decisión.

El episodio ilustra uno de los principales problemas del país desde hace décadas, como es el de las parroquias estatales que viven sus propios procesos burocráticos con pretensión de total autonomía con relación al resto del mundo, y con total impunidad para concretar su extensión y crecimiento, tan parasitaria como ombliguista.

En concreto, para cualquiera que no viva en el micromundo corporativo estatal, resulta realmente asombroso cómo Iglesias pudo haber tomado esa decisión en el contexto actual que sufre el país, y en el marco general de austeridad en el gasto que había fijado el Ejecutivo con claridad al inicio de su gestión.

También el episodio hace diáfano el drama de una sociedad que gira en torno a la contemplación y satisfacción del redondo ombligo del funcionario público. Porque esto de Antel no es el único caso de estos meses: cuando el presidente anunció un impuesto solidario y temporal a los salarios públicos más altos, esos que por tanto son doblemente privilegiados, voces gremiales tan dispares como la de los jueces en el Poder Judicial, la de Molina (de Antel y el Pit-Cnt) o la de Miranda del Frente Amplio, se quejaron de la obligación del aporte.

No solamente respiran avaricia y mezquindad, sino que además las esputan sin ningún rubor, solipsistas en su convicción.

No hay que enamorarse de un gesto. Para que efectivamente el país vaya cambiando en el sentido correcto, se precisarán seguramente muchos de estos golpes a la burocracia estatal. Es que venimos de quince años de connivencia sustancial entre el peor reflejo nacional, que es el de acomodarse en/con algún nicho del Estado a toda costa y sin importar más nada, y una actitud izquierdista que no solo promovió tácitamente ese hábito atávico, sino que además lo legitimó desde un discurso de legitimación del adorado mito estatista.

Se trata de un mito que obviamente tiene raíces muy viejas: alguien podrá señalar, con verdad, el paroxismo luisbatllista de los años 50; pero también ya Julio Herrera y Reissig se mofaba de él hace más de un siglo. El drama es que en este siglo XXI nuestro, tan marcado por el Frente Amplio en el poder, ese mito se hizo más poderoso, porque se apoyó en una extendida autocomplacencia de clase media provinciana e izquierdista, y porque se adhirió a un fuerte sentimiento de superioridad moral identitaria que lo volvió casi indestructible. Al punto, por ejemplo, de ser la justificación ideológica implícita del disparate de esta presupuestación de Antel.

Tampoco hay que relativizar el gesto. Primero, porque reafirma la autoridad presidencial y la coherencia de un discurso que fue sustancial para ganar la elección de 2019: si esto de Antel quedaba impune, la legitimidad reformista del gobierno se agotaba inmediatamente. Segundo, porque una amplia mayoría del país, esa que se esfuerza, trabaja y produce, vio que ¡al fin!, se ha dado una señal política contundente en el buen sentido.

Es que no cabe ninguna duda: el gesto del presidente fue un claro aviso a todos los navegantes.