Hoy queremos compartir algunas reflexiones sobre el arte y la cultura, el patrimonio y el mercado. Que podrían tener contrapuntos en otros conceptos sesgados —a los cuales nos referiremos— de copia y falsificación, de robo y defraudación, de territorio y ciudadanía. En los últimos tiempos hemos asistido a algunos episodios que podrán parecer inconexos pero que son parte de un tema-problema más general, que es, justamente, al que hace referencia el título. Los robos de cuadros en Montevideo e Interior, el pasaje por la aduana de cuadros en forma aparentemente irregular y el remate público de un cuadro declarado como patrimonio nacional —con la consiguiente repercusión en el precio de mercado— son apenas ejemplos puntuales que constituyen la punta de un iceberg que emerge en nuestro horizonte.
El tema no es nuevo y es oportuno encararlo con racionalidad, visión de futuro y sentido común. Ello obliga a adoptar una actitud de prevención y precaución para un panorama más complejo del arte y la cultura, del patrimonio y el mercado. No hacerlo en tiempo y forma obligará a multiplicar actitudes de represión y castigo en relación a copias y falsificaciones, robos y defraudaciones.
En ese sentido la reciente carta de APEU —Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay— al Ministerio de Educación y Cultura, apoyando el traslado a los Museos de las obras en custodia de distintas dependencias del Estado, es un acierto. Recomendamos su lectura completa y aspiramos a una reacción positiva de parte del MEC.
Los delitos contra la propiedad y la fe pública en relación al arte tienen una característica: en muchos casos ocurren en dependencias del Estado, y en algunos los infractores son sus funcionarios. En ese sentido APEU hace referencia a que "han sido auditados diversos organismos públicos y se han detectado faltas de obras de importancia y valor tanto en Uruguay como en representaciones diplomáticas en el extranjero".
En relación al último párrafo, existe un inventario de 1968 del Ministerio de Pivel Devoto —figura cumbre de la cultura y la política nacional— que bien podría ser base y referencia de un comparativo con la desconocida situación actual. Hoy hay que conocer qué obras subsisten, compraron, vendieron o eufemísticamente "se perdieron" para saber cuál es la situación actualizada y real del patrimonio estatal. Mirar la paja en el ojo ajeno de los coleccionistas privados mientras el Estado no se ocupa, preocupa y resuelve su incompetencia para cuidar el acervo propio es una enervante puesta en evidencia de parcialidad, incapacidad y simpleza.
Queda para otra oportunidad compartir algunos conceptos sobre obras declaradas patrimonio nacional, en especial la peculiar concepción que ello involucra al asimilar patrimonio cultural a territorio. En última instancia, de ello se trata: los cuadros no pueden salir del territorio nacional, pero de ahí a que sean "patrimonio cultural" nacional y social hay un abismo. El constructivo de Torres se conoció gracias a estar expuesto para el remate pero en el futuro tanto nos dará que esté en la casa de María o José que en un Museo de Madrid, Buenos Aires o París.
Aunque pensándolo mejor, estadísticamente los uruguayos tendríamos más posibilidades —y seguridades— de admirarlo en museos extranjeros que en la casa del innominado compatriota.
Las obras de arte declaradas patrimonio nacional debieran ser expuestas a toda la ciudadanía, y lo lógico sería que el Estado las adquiriera. Lo otro —o mejor dicho, lo que hoy día se hace en el país— es un engañapichanga.