Adversario equivocado

Vuelve a la mesa una discusión que flota en Uruguay desde hace años: las transferencias monetarias a los hogares más pobres. La propuesta de la Rendición de Cuentas unifica las cuatro existentes en un único instrumento y aumenta de forma significativa los montos para los niños de 0 a 3 años de los hogares más vulnerables: un niño en su primera infancia del decil más pobre pasaría de recibir $5.371 a $10.000. Reaparece así el reflejo de buena parte de quienes desconfiamos del gasto público: la sospecha sobre su ineficiencia y su relevancia. Conviene detenerse en ese reflejo, que entiendo equivocado.

Primero, la tradición. La transferencia monetaria focalizada fue defendida por el propio Milton Friedman, quien toda su vida promovió el impuesto negativo a la renta, que es en esencia esto mismo. Darle dinero a una familia pobre, en lugar de servicios diseñados por burócratas, respeta su libertad de decidir, exige una administración mínima y no crea aparatos. En Uruguay, además, las asignaciones familiares son muy anteriores a la llegada del Frente Amplio.

Segundo, la evidencia. Hoy contamos con decenas de estudios sobre el uso e impacto de las transferencias. No es cierto que esa plata se malgaste en cigarros y alcohol. La enorme mayoría de los recursos que las familias pobres reciben por transferencias se destina a alimentación y artículos de limpieza e higiene. Sí aparecen impactos positivos de condicionar el pago a la asistencia a la escuela y a los controles de salud, pero no de limitar en qué gastan.

Tal como señalaba Rafael Mantero, las personas más pobres son mucho mejores administrando su dinero de lo que los burócratas creen. Debemos abandonar las nociones más paternalistas que pretenden regular realidades lejanas. El problema del gasto público uruguayo está en otro lado. De cada cien pesos que el Estado invierte en transferencias, más de noventa y nueve llegan al beneficiario final: no hay licitaciones, convenios, ONG ni equipos técnicos en el medio. Eso es rarísimo en el Estado uruguayo.

Lo común es que entre el presupuesto y el destinatario se interponga una estructura que se queda con la parte del león. El caso del INISA es emblemático: dispone de unos 3.100 millones de pesos anuales para atender a unos 750 adolescentes. Son cerca de 9 mil dólares por mes por cada adolescente, con 82% del presupuesto destinado a remuneraciones. Nadie puede creer que los adolescentes estén recibiendo nada parecido a esa inversión.

Es un caso más donde una corporación bien organizada (sindicato, empresa, ONG) captura una renta enorme que hace a este país más caro y menos eficiente y competitivo. Estas corporaciones y burocracias son el verdadero despilfarro; no los diez mil pesos mensuales de un niño pobre.

Esa inversión es la que tiene el mayor retorno esperado, tal como mostró Heckman: niños mejor alimentados son adultos con mayor éxito educativo, social y laboral. Uruguay destina 10% del PIB a jubilaciones y solo 0,5% a transferencias a la infancia.

Claro que la pobreza, multidimensional por definición, no se resuelve con esto. Pero una agenda seria de reforma del Estado debería concentrar su energía en las estructuras capturadas e ineficientes, y dejar en paz al instrumento más barato, más transparente y eficaz que tenemos.