Acuerdo de patas cortas

Juan Martín Posadas

El miércoles pasado la portada de El País era un fogonazo: se había aprobado la ley de unificación de las patentes de rodados. Se acababa de aprobar la ley pero no se sabe en qué cifra quedarán las patentes, cómo son los aforos y ni siquiera si todo esto tendrá aplicación.

Analizando serenamente las cosas cualquiera se da cuenta que la llamada guerra de las patentes no es un asunto que preocupe mayormente a la población: debe estar en el último escalón del registro de las necesidades populares. La guerra de las patentes ha sido una guerra estrictamente entre intendentes y ni siquiera entre todos: solamente tres o cuatro, entre los cuales la mayor beligerancia la ha encabezado Montevideo.

También el Presidente Mujica consideró que este era un asunto nacional gravísimo y allá fue, metió mano y se comprometió.

El Congreso de Intendentes unificó una propuesta, hizo fuerza y, todos unidos en aras de solucionar tan trascendente asunto de nulo interés nacional y popular, empujaron con éxito la aprobación de una ley de unificación de las patentes (que, además de las patentes, es un sancocho normativo con disposiciones sobre el alumbrado público, las deudas con la UTE y el reparto de fondos desde el gobierno central).

Durante el trámite parlamentario se tomó la precaución de consultar a renombrados constitucionalistas. Todos ellos, al unísono y agarrándose la cabeza, afirmaron que el engendro presentado era inconstitucional por los cuatro costados. Imperturbables ante el trámite de la consulta los legisladores oficialistas hicieron todo lo contrario a lo sugerido por los expertos y votaron el proyecto para que fuera ley.

Esta ley "soluciona" la disparidad de patentes que existe aplicando una lógica típica del Uruguay decadente que muchos queremos dejar atrás: se emparejó para abajo, se ayuda a las intendencias ineficientes a costillas de los administradores prolijos.

Este mal paso parlamentario-municipal es doblemente deplorable en el caso de los intendentes blancos (todos) y de los legisladores blancos (dos o tres que votaron) ya que han hecho perder autoridad moral al Partido para la denuncia de otras violaciones constitucionales que este gobierno perpetra con una regularidad asombrosa.

Poca atención merecerán las futuras condenas al gobierno por apartarse del texto constitucional cuando hemos sido obstinados promotores de este apartamiento, tan grave y por un motivo tan baladí.

Además el caso se torna doblemente penoso porque a través de esos dirigentes blancos se deja en la cuneta uno de los rasgos característicos del Partido Nacional; me refiero a la tradicional defensa de las autonomías departamentales, prerrogativa que se ha menoscabado ahora a cambio de un reparto de fondos desde el gobierno central. Las autonomías departamentales son una bandera activa del Partido Nacional, no una reliquia para el museo.

Ellas significan el reconocimiento político del pago, la valoración de la comarca y la afirmación de que la autoridad municipal que el vecino ha votado tiene que responder ante él por el manejo de los fondos municipales. De la descentralización mejor ni hablamos.

Muchas veces se ha oído el reclamo que los dirigentes partidarios deberían recorrer más el país para conocer mejor las necesidades y aspiraciones de la gente. Una lectura de estos párrafos podría ahorrar unas cuantas caminatas.