Todo indica que serán seis las propuestas a ser plebiscitadas en las próximas elecciones nacionales. No son consultas para modificar, derogar o proponer leyes sino lisa y llanamente para reformar o agregar nuevos artículos a la Constitución. Sus objetivos serán, entonces, más presuntuosos.

De las seis propuestas, hay apenas una que genuinamente se dirige a temas que solo la Constitución puede definir. Las demás son cuestiones que deberían dirimirse en el plano legislativo.

La modificación de la cláusula sobre el allanamiento nocturno, claramente está dentro del ámbito constitucional, pues pretende cambiar un artículo de la sección de derechos, deberes y garantías, o sea algo directamente relacionado al meollo de cualquier texto constitucional.

Por eso se trata de una consulta delicada, compleja y controvertida. Hay sólidos argumentos, prácticamente irrefutables, para dar este paso. Pero aun así implica un retroceso en cuanto a derechos y libertades. Abre la posibilidad de que en un futuro alguien pueda presentar argumentos igualmente irrefutables para modificar artículos que afecten la libertad de prensa y de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de elegir la educación para los hijos, el derecho a la propiedad, la libertad de ingresar y salir del país o de moverse por su territorio, las garantías del debido proceso, la inviolabilidad de los mensajes y correspondencia de particulares y otros derechos previstos en la mencionada sección.

Por eso, dada su importancia y la natural sensibilidad que hay ante esta propuesta, es un tema que deberá considerarse con suma prudencia.

Las demás convocatorias son sobre asuntos que pueden (y deben) resolverse por la vía legislativa. El hecho de que casi todas ellas sean promovidas por los partidos, y no como resultado de iniciativas de ciudadanos, insatisfechos con determinadas leyes, habla mal de quienes tomaron la decisión de recurrir al plebiscito.

Parece percibirse la necesidad de una revancha provocada por la frustración de no haber obtenido una mayoría suficiente en el Parlamento. Lo que no se logró en el recinto, se busca por fuera, en un típico reflejo del “mal perdedor”. Ello trasmite la impresión de un uso algo frívolo del mecanismo de la consulta, y más aún cuando se pretende aplicarlo para reformar partes de la Constitución.

Podrá decirse que algunas iniciativas son razonables. Tal sería el caso de la entrada por concurso a los puestos públicos municipales. Lo natural sería que ese mecanismo ni siquiera necesite de una ley. Que se cumpla por pura decencia.

Se oponen a la medida quienes gobiernan intendencias, ya que está instalada una cultura para cubrir cargos que responde a dos lógicas: una es la del favor político y la otra es la de disimular que en varios departamentos no hay genuino empleo y eso se tapa repartiendo cargos. La cuestión debería solucionare en el campo político, empezando con una discusión interna de cada partido y pasándolo luego a la discusión entre los partidos.

Hay un plebiscito que no tiene origen partidario y es el que pretende reformar la Constitución no solo para derogar la reciente ley jubilatoria sino para desarticular todo el sistema. Lo propone el Pit-Cnt y cuenta con apoyo de algunos sectores del Frente, aunque no de todos.

Es probable que en estos días se entreguen las firmas. Luego se verá si realmente están. Lo relevante, en todo caso, es que la propuesta del Pit-Cnt es de una monstruosa irresponsabilidad. Más cuando uno de sus sindicatos asociados (AEBU), para salvar la Caja Bancaria aceptó correr la edad de retiro a 65 años. ¿Lo que está bien para su caja no está bien para las demás? ¿Pueden salvar la propia y a la vez permitir que se hundan las otras?

En función de un cálculo electoral, el oficialismo no salió aún a argumentar con fuerza contra la recolección de firmas, con lo cual creó un vacío en el que por un tiempo la población casi no escuchó argumentos favorables a la ley. El oficialismo cree que si se convoca al plebiscito ahí si será más fácil no solo ganar el debate previsional, sino también las elecciones nacionales.

Estamos en abril. De acá a octubre pueden pasar muchas cosas, buenas y malas, inesperadas y sorprendentes, con lo cual tal teoría podría verse totalmente desmantelada por los hechos. Ya sucedió antes.

En la medida que se suman nuevas propuestas de consultas, queda claro que los dirigentes políticos y sociales no usan bien los mecanismos de consulta popular y abusan de ellos. Sus propuestas no siempre sirven para incorporarse a la Constitución sino que deberían dirimirse en el terreno de la política, el debate parlamentario y la necesidad de lograr mayorías y aceptar cuando pierden.