¡A ponerse la celeste!

En tiempos reciente de duras circunstancias administradas por una estoica coalición republicana -Covid, “Argentina barata” y sequía histórica mediante- las caras representativas de la protesta frentista caceroleaban celebrando las calamidades en ciernes. Sentían la desgracia social les beneficiaría electoralmente. Logrado el propósito electoral, asentado un gigante acomodo en la burocracia pública, de lado quedaron los aumentos salariales y de jubilaciones prometidos en las barricadas. Y, peor aún, ahora promueven “soluciones” impositivas que traicionan políticas de Estado, que parecían cosa juzgada en el devenir nacional de las últimas tres décadas.

Un destrozo grave es lo relativo a zonas francas (art. 662, del proyecto de ley de presupuesto a consideración del parlamento). En tiempos de incertidumbre global, Uruguay ha construido en el tema una política de Estado que ha trascendido gobiernos y ciclos económicos. Refiere a áreas geográficas dentro del país donde rige una legislación fiscal y aduanera, distintas a la del resto del territorio nacional, lo que implica la exención de impuestos de importación, y la agilización de trámites comerciales y de comercio exterior para las empresas que allí operan. Estas áreas atraen inversiones, fomentan la producción y el comercio internacional y crean oportunidades de desarrollo económico. Han servido para hacer del país un hub regional de servicios, logística e industria.

Más de mil empresas operan hoy en las zonas francas uruguayas, que compiten con otras 7.000 instaladas en 140 países. generando decenas de miles de empleos calificados y aportando casi el 7% a nuestro PIB. Contribuyen -además- al 34% de las exportaciones locales, generando 66.000 puestos de trabajo, con un salario promedio que triplica al resto del territorio nacional.

Este modelo exitoso enfrenta hoy a la presión de la OCDE -un foro donde predominan países europeos de alto nivel de desarrollo- que busca aplicar el llamado Impuesto Mínimo Complementario Doméstico. Considerando que el uso de las zonas francas permite a compañías multinacionales desarrollar estrategias tributarias internacionales, que disminuyen su tributación en los países en los que tienen casa matriz, hay estados que promueven se les aplique un tributo adicional a pagar en el estado de origen que anule los efectos de los beneficios antes citados.

El gobierno que preside Yamandú Orsi, ante una situación que no tiene carácter obligatorio para nuestro estado, promueve en el art. 662 del proyecto de ley de presupuesto a consideración parlamentaria que las multinacionales con facturación anual superior a 750 millones de euros, vinculadas a nuestras zonas francas, paguen en nuestro país, una tasa impositiva del 15% como alícuota mínima del impuesto a la renta empresarial (de lo que hasta la fecha estaban exonerados; exoneración que fue por otra parte motivo de su decisión de operar en Uruguay). Esta alícuota se aplicaría sobre las rentas empresariales generadas en todos los países en que estas empresas actúan. Al pagar aquí no pagarían en su lugar de origen (todo es estimativo, sin reglas vinculantes).

Es incomprensible que esta decisión de política impositiva, salida de algún círculo áulico de tecnócratas pueda prosperar. Sin intercambiar ideas con los actores que han realizado este orden de actividades nobles ¿A quién se quiere beneficiar a la OCDE? Toca al Parlamento ponerse la celeste.