60 años de hoy

Leonardo Guzmán

En la fecha se cumplen 60 años de la aprobación plebiscitaria de la Constitución de 1952, que suprimió la Presidencia de la República e instauró el Consejo Nacional de Gobierno.

La impulsó Andrés Martínez Trueba. Presidente, buscó sentarse de igual a igual en mesa de nueve, seis por la mayoría y tres por la minoría. No ganó futuro político: quedó distanciado del quincismo de Luis Batlle. Pero por su gesto, el Uruguay mereció la admiración de las conciencias libres de América, hollada por dictadores de toda laya. La Constitución de 1952 logró la meta batllista que Domingo Arena había planteado en su discurso -1913- del Stella d`Italia: suprimir la Presidencia, que Batlle y Ordóñez -aun sin haber vivido los tiempos recientes- veía no solo como "remedo de la monarquía" y "fuente de los más crueles infortunios" sino como peligro de que el país quedara sometido a la impronta personal de un solo hombre. La experiencia duró 15 años. En 1967, el colegiado, tras haber sido chivo expiatorio, se fue. Pero con honrosos títulos: democráticamente nació, democráticamente rigió y democráticamente cayó. Ninguna otra Constitución tuvo ese galardón -deplorablemente confirmado cuando, apenas 6 años después de derogada, ¡la firma de un Presidente desencadenó la dictadura más cruel que haya sufrido el país! Tan sólo por eso, el aniversario de hoy merece lugar en la historia de nuestro Derecho y nuestra libertad; pero hay más.

La Constitución de 1952 instauró la autonomía departamental, consagró el estatuto del funcionario, creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esas conquistas lucen nombres propios del lenguaje abstracto del Derecho y nunca movieron el fervor popular; pero sin jingles, cada una de ellas signó cambios trascendentes.

No hubo campañas por el TCA, pero ahí está, expresión de justicia mayor, cuya rigurosa lógica anula actos administrativos dictados en violación de reglas de Derecho o con desviación de poder. Ahí está, no sólo para proteger derechos sino intereses directos y personales, si son legítimos. Ahí está, para devolver a cada uno su poder como persona y ciudadano, aunque la moda, al achique, lo rebaje a "el administrado". Ahí está, mostrando su eficacia en la anulación de actos tan concretos como el relevo ilícito del Cr. Carlos Pombo de la Gerencia General de UTE.

Si enorme fue el desprendimiento de un Martínez Trueba que soñó atajar para siempre las demasías presidenciales, enorme también fue la visión de quienes separaron a la Administración del humor de sus jerarcas, al imponerles el deber de justificar cada acto. Sobre ese tema, los artículos de la Constitución no han variado una coma desde que los redactó el inolvidable jurista Raúl Moretti. Condensan ellos la mejor tradición administrativa. Alejan el capricho. Luchan por identificar al Estado con el Derecho como esencia y como actividad. Esas metas que hace 6 décadas abrazó el Uruguay son las mismas que hoy, con lenguaje y desarrollos nuevos, construyen en el mundo las garantías de la libertad. Si en vez de dejarnos atropellar por la última cadencia de la verba presidencial, valorizamos proezas como las de hace 60 años ¡vaya si tenemos porvenir!