205.688 Km2

El espacio marítimo uruguayo abarca aproximadamente 205.688 km², una superficie mayor que la terrestre del país. Incluye varias zonas bajo jurisdicción nacional. Son las siguientes:

1.- Nuestro mar territorial que se extiende hasta 12 millas náuticas desde su costa. Son 22.000 kms.2.

2.- La zona contigua que se extiende hasta 24 millas náuticas comprende derechos limitados en unos 18.000kms.2. Aquí Uruguay puede ejercer control en materia aduanera, fiscal y migratoria.

3.- La zona económica exclusiva (ZEE) donde Uruguay tiene derechos de explotación hasta 200 millas náuticas, más allá del mar territorial.

4.- La plataforma continental extendida reconocida por la ONU en 2016 que reconoce al Uruguay 83.000 kms2 adicionales en el Atlántico sur.

La suma de estas áreas supera los 176.215 km² del territorio terrestre uruguayo. Tras una omisión secular del Estado -pasados incluso 15 años de gobierno frenteamplista- bajo la administración del Presidente Lacalle Pou, se dispuso la compra de dos patrulleras oceánicas para la defensa de nuestra soberanía marítima. Se cumplieron cabalmente todas las instancias licitatorias lo que derivó a la adquisición de las naves, y se adjudicó la licitación a un astillero español -Cardama- con historia industrial buena, solvencia técnica probada y el respaldo expreso del gobierno de España. Este contrato se ha cumplido cabalmente de lo que el gobierno frentista tiene conocimiento pleno, ya ha que ha realizado incluso pagos por avance de obra en el marco del acuerdo.

A este contrato que es el principal, le acompaña un contrato accesorio de garantía de cumplimiento de las obligaciones de Cardama, del que es parte un tercer actor con solvencia financiera. Este acuerdo menor respecto del objeto principal, no estaba regularizado actualmente por el astillero por diversas razones. Todos los días desde el derecho romano a hoy, en estos casos, siendo las obras de construcción de las naves una realidad, en abogacía lo que se hace es conversar sobre el aval pendiente, solucionar el tema y seguir la relación para adelante. En una patética conferencia de prensa -por el contrario-los tres funcionarios lanzaron al mundo un exabrupto hablando de “estafa y fraude” al Estado. Adelantando denuncia penal y juicio civil. Y dijeron rescindirán al contrato. La ausencia de una fuerza naval efectiva en el mar territorial implica -reducida enumeración- los riesgos que siguen:

1. Violaciones por actores no estatales: pesca ilegal afectando la biodiversidad, contrabando, tráfico de personas o drogas sin capacidad de interdicción.

2. Intrusión de buques extranjeros ya que sin vigilancia activa, se debilita el control sobre aguas jurisdiccionales y la plataforma continental extendida.

3. Desprestigio internacional ya que la falta de presencia naval puede interpretarse como debilidad estratégica, afectando negociaciones multilaterales.

4. Debilidad ante conflictos regionales dado que en escenarios de tensión, Uruguay carecería de medios para proteger sus intereses marítimos.

5. Contaminación sin control por vertidos ilegales o accidentes no detectados.

La maniobra gubernamental vil citada traerá solo daños cuantiosos al pueblo uruguayo y la República.