Publicidad

wilson netto

SEGUIR pablo da silveira Introduzca el texto aquí El país asistió la semana pasada a un curioso culebrón sobre la publicación del próximo informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). El miércoles 5, este diario informó que el presidente del Codicen, profesor Wilson Netto, había planteado a las autoridades del Ineed la conveniencia de postergar la publicación del informe sobre el estado de nuestra enseñanza, dado que, en un contexto de campaña electoral, el documento “podía ser utilizado en contra de la educación y tergiversar la realidad”. Según la nota de prensa, la propuesta había sido realizada en una reunión entre los directivos del Ineed y las autoridades de ANEP.
EDITORIAL En una semana dos casos: la titular del Mides denunció ante la Fiscalía a un asesor de Lacalle Pou por una información y el presidente del Codicen intentó que no se conociera el informe sobre el estado de la enseñanza. La suspicacia oficial llega a niveles alarmantes: para quienes gobiernan, todo debería ser secreto. Nada puede ser divulgado. La población no tiene derecho a saber en que se gasta su dinero. En una sola semana vimos dos casos de similar tenor. Por un lado la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, denunció ante la Fiscalía que un asesor del precandidato Luis Lacalle Pou había obtenido una clave para obtener información que la ministra consideraba privada. Por otro lado, el presidente del Codicen, Wilson Netto, “pidió” que no se divulgara un informe sobre el estado de la enseñanza por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), por entender que podría ser mal usado en un año electoral. Si bien lo de Netto fue un “pedido” (algunos dicen que tan solo una sugerencia) sobre algo de que de todos modos debe difundirse porque así lo establece la ley, el gesto no deja de responder a la cada vez más difundida cultura del secretismo que caracteriza al actual gobierno frentista. Si para muestra basta un botón, está el tan mentado caso del acuerdo firmado en torno a la construcción de una nueva planta procesadora de pasta de celulosa (la UPM 2), del que casi nada se sabe ya que muchas de sus cláusulas se mantienen en reserva. A ello se suma la ya abusiva práctica de obligar a recurrir al burocrático mecanismo de la ley de acceso a la información pública, pues de otro modo los datos requeridos no están disponibles, o la burocracia estatal no cree conveniente liberar esa información. Por lo tanto, semana a semana vemos como periodistas que pensaban que con una simple entrada al sitio web correspondiente o una rápida llamada al jerarca de turno, obtendrían la información buscada, terminan apelando al mecanismo que prevé la ley y que dura semanas en concretarse, no siempre con los resultados deseados. Ese mecanismo fue pensado como una solución extrema, ante organismos reacios a dar información por vías más expeditivas. Lo que la ley buscaba era que primero y antes que nada, la información estuviera a mano. Sin embargo, lo que se pensó como un mecanismo excepcional, terminó siendo lo rutinario, con lo cual la cultura del secretismo, en lugar de ceder se fue consolidando. El enojo de la ministra contra Pablo Bartol, el asesor de Lacalle Pou que accedió a esta información, no tiene ni pies ni cabeza. Ella luego aclaró que su actitud no se dirigía a Bartol, sino que quería investigar el mecanismo por el que accedió a esa información. Bartol explicó en un programa de televisión que alguien, desde el ministerio, le había dado la clave para llegar a la información que buscaba. Si se quisiera dejar de lado la imagen de un operativo computrónico y conspirativo que algunos podrían ver en esto, bastaría pensar en como habría sido en la era pre-digital: un funcionario que simplemente le dice que el sobre está en el estante de arriba, un poco más al fondo. No se trató más que de eso. Y como bien aclaró Bartol cuando percibió que se armaba un escándalo desproporcionado, la información que buscaba era pública, solo que no estaba en ese momento disponible. “Nunca accedí a información privada. Bajen el pánico”, dijo. Lo que el Estado hace, lo que cada órgano del gobierno decide, resuelve y ejecuta es información pública y los gobernantes deben esforzarse en actuar con transparencia. Para empezar, como venimos diciendo, esa información debería estar a mano. Pero si no lo está y por alguna razón se filtra, no pasa nada. No tendría que irritar a quienes saben que eso suele ocurrir, ni llevar el tema a los juzgados. ¿Qué pretende la ministra Arismendi? ¿Castigar a un funcionario desleal? ¿Y fue realmente desleal ese funcionario? ¿Desleal a quién? El Mides, con sus políticas, no enfrenta un real riesgo de guerra o una crisis diplomática crucial. No hay pues tanta información sensible. Además, por llevar adelante una nutrida agenda de políticas sociales, el Mides maneja mucho dinero que es aportado por los contribuyentes. Por lo tanto, le corresponde mostrar la mayor transparencia posible. Debe estar abierto a que todo el país sepa cuáles son sus objetivos, y cómo y dónde usa sus recursos. Los datos deben estar arriba de la mesa para que cualquiera los tome y se entere. Le ha hecho mucho daño al país esta cultura del secretismo. Como además se trata de una enfermedad corrosiva, le está haciendo mucho daño al partido que está en el gobierno. ¿Por qué el gobierno, Arismendi, y Netto tienen tanto miedo a que la gente se entere? ¿Han hecho algo malo? ¿A qué le temen?
EDITORIAL En épocas de descrédito ciudadano, con una preferencia por el FA que no llega ni siquiera al tercio de la población en condiciones de votar, el partido de gobierno echa mano a lo que venga con tal de mejorar sus guarismos. Hay contradicciones del oficialismo que, si no evidenciaran una realidad tan dramática, podrían ganar un premio al humor político. En el mismo momento en que el Frente Amplio ha diseminado por toda la ciudad una gran cantidad de carteles publicitarios que dicen “Yo voy por más crecimiento económico”, el Ministro de Economía de su propio gobierno, quien además ha sido el conductor de dicha área en los últimos quince años, acaba de asumir públicamente que “la economía uruguaya no crece y es una realidad que no podemos ocultar”. Lo dijo en el marco de un desayuno organizado por Somos Uruguay, según dio cuenta la periodista Pía Mesa en nuestra edición de ayer. Alguien en el comando de comunicación del Frente Amplio tendría que prestar atención a estas contradicciones, a menos que sean propiciadas a propósito. La frase célebre, la cita citable de “como te digo una cosa, te digo la otra”, grabada a fuego por el ex presidente Mujica para autoparodiar socarronamente el cúmulo de incoherencias de su discurso, ahora es asumida por su adversario interno de antaño, el racional líder de un ala moderada que luce devaluada y plena de sincericidios resignados. La máquina demagógica no se detiene, porque al mismo tiempo en que el ministro reconoce públicamente su fracaso, Presidencia de la República difunde su spot sobre el índice Gini, ese en el que unos cocineros de gorro blanco que simbolizan al gobierno, confeccionan una torta que cortan en pedazos iguales para regalarla a sonrientes uruguayos que metaforizan la diversidad (aunque como bien comentó el humorista Darwin Desbocatti, el mensaje discrimina impunemente a los celíacos…). Alegrarse de una buena performance en el índice Gini es algo así como celebrar que todos somos similarmente pobres y que los ricos se cuentan con los dedos, una virtud que Uruguay comparte con varios países africanos, dueños de índices Gini aún mejores que los nuestros. Pero qué importa. En épocas de descrédito ciudadano, con una preferencia por el Frente Amplio que no llega ni siquiera al tercio de la población en condiciones de votar, el partido de gobierno echa mano a lo que venga con tal de mejorar sus guarismos. Y sus precandidatos repiten a coro ese argumento del reparto repostero o cualquier otro, para intentar tapar con un dedo una realidad deteriorada que salta a la vista de todos. No fue la única de Astori. En las últimas semanas se despachó con su habitual autocomplacencia contra propuestas serias y fundamentadas para bajar el gasto público de los precandidatos Lacalle Pou y Talvi. Las comparó con la promesa de Juan Sartori de generar 100.000 puestos de trabajo. Pero hete aquí que nuestro colega El Observador desenterró anteayer un spot publicitario de hace diez años en que, en ocasión de la interna frenteamplista, el entonces precandidato Astori prometía la creación de nada menos que 200.000 empleos. ¡El doble de los que ofrece el “outsider” de la incombustible sonrisa! El matutino agrega que los efectivamente generados por ese gobierno del Frente Amplio no pasaron de los 62.000 (que son más o menos los mismos que se vienen perdiendo desde 2014 hasta la fecha). Como te digo una cosa… Lo mismo puede decirse del insólito pedido del presidente del Codicen, Wilson Netto, para que no se difunda el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, alegando que sus resultados pueden ser utilizados en el debate político de este año electoral. ¡Genial! ¿Sobre qué preferiría que se discutiera ahora, este iluminado jerarca? ¿Sobre la reproducción del cangrejo? ¿O quiere sustituir este insumo informativo oficial, técnicamente desarrollado, por alguna novelita subjetiva, manipulada a conveniencia del gobierno para ocultar su ineptitud de gestión? Ya ni siquiera se toman el trabajo de crear una “posverdad”, sino que optan lisa y llanamente por ocultar la información y fabricar ilusiones, cañitas voladoras que explotan a todo color pero se apagan al minuto. Ayer fueron los campeones de la demagogia; hoy posan de pragmáticos, pero manipulan los datos de la realidad según su conveniencia. Cómo se extraña la franqueza y rectitud de Jorge Batlle, cuando enfrentó aquellas graves crisis de la aftosa y de los bancos. Nunca ocultó información a la ciudadanía y enfrentó la adversidad con valentía y determinación. Sin propaganda mentirosa e iniciando ya desde 2003 un período de crecimiento que el Frente Amplio solo se limitó a continuar.

Publicidad