¿Qué se viene para Argentina tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

INFORME

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El acuerdo alcanzado entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) promete marcar un quiebre en el rumbo económico que ha venido transitando Argentina en los últimos dos años.

Los compromisos asumidos para renegociar la deuda de US$ 44.500 millones contraída en 2018 con el organismo incluyen un sendero de reducción del déficit fiscal, disminución de los niveles de emisión monetaria para asistir al Tesoro, metas de acumulación de reservas en el Banco Central, ajustes del tipo de cambio en línea con la evolución del resto de los precios y suba de las tasas de interés hasta alcanzar un nivel superior al de la inflación.

Esos objetivos no solo representan un giro con respecto al derrotero recorrido hasta ahora por el gobierno, sino que también implican, en la práctica, la adopción de políticas que el kirchnerismo duro siempre rechazó.

“El acuerdo implica tomar recetas que al menos una parte de la coalición del gobierno no estaba dispuesto a tomar, pero no queda más remedio que enfrentar la realidad. En otras ocasiones Argentina ha tenido shocks y los ha superado porque en su momento tenía reservas en el Banco Central, en otro porque tomó los ahorros de las administradoras de fondos de pensión, usó la capacidad de endeudamiento o recurrió al FMI. Ya no quedan más herramientas y hay que tomar medidas para mejorar la posición económica por más que en el corto plazo impliquen cierto deterioro”, dijo a El País el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, en Buenos Aires.

Uno de los puntos que más rispideces generó en las negociaciones fue el sendero de reducción del déficit fiscal.

Finalmente, las partes acordaron un rojo fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.
Esa meta no parece tan lejana al déficit del 3% del PIB registrado en 2021. Sin embargo, a diferencia del año pasado, el Tesoro ya no contará con los ingresos extraordinarios por el equivalente al 0,5% del PIB provenientes de la aplicación de un impuesto a los altos patrimonios.

Para reducir la brecha fiscal, el ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntó a recortar los subsidios al transporte y, sobre todo, a la energía.

En 2021, para mantener casi sin cambios las tarifas de electricidad, gas y transporte público de pasajeros en Buenos Aires y sus alrededores, el estado nacional destinó el equivalente al 3% del PIB, casi el doble que el 1,6% registrado en 2019 cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, los recortes previstos inicialmente por Guzmán debieron moderarse ante la cerrada resistencia de sectores kirchneristas, dentro de la coalición de gobierno, de aplicar un fuerte aumento de tarifas.

Empero, el gobierno de Fernández se comprometió con el FMI a reducir este año el equivalente al 0,6% del PIB en subsidios mediante subas de tarifas segmentadas según el nivel de ingresos: el decil con mayor capacidad económica recibirá boletas de electricidad y gas con alzas del 200%; cerca del 60% de la población con ingresos medios, del 40%; y el 30% de ingresos bajos, del 20%.

No obstante, el fuerte incremento del precio internacional del gas natural –recurso del que Argentina es importador neto desde el año 2011- pone en duda el cumplimiento de la reducción de los subsidios prevista en el acuerdo.

“Antes del aumento del precio del gas en el mercado internacional por la guerra ya preveíamos que el monto de los subsidios iba a reducirse bastante menos que lo acordado. Con el incremento del valor del gas, los subsidios volverán a crecer este año”, dijo a El País el economista Gabriel Rubinstein, director ejecutivo de GRA Consultora, en Buenos Aires.

“Si el actual contexto se mantiene, será prácticamente incumplible la meta de subsidios y la meta fiscal en general, aunque, en este caso, no será por culpa de Argentina”, estimó Rubinstein.

Para compensar la falta de ahorro en los subsidios, todo indica que sufrirán mayores podas otras partidas, como las destinadas a programas sociales que se pusieron en marcha para afrontar la irrupción de la pandemia de covid-19 en 2020 y aún siguen en pie. Además podrían recortarse las transferencias a las provincias y empresas estatales.

La otra apuesta –implícita- es que el alza de la inflación por encima de lo establecido en el acuerdo permita un incremento de la recaudación a un ritmo superior al del gasto dirigido al pago de salarios de empleados públicos y jubilaciones, entre otros rubros.

Lejos de las políticas aplicadas durante los dos mandatos de Cristina Kirchner -gestiones que pudieron sacar rédito del superávit fiscal y el relativamente alto stock de reservas heredados-, Fernández deberá transitar la segunda mitad de su gobierno con un clásico programa de ajuste. Ese giro viene provocando fuertes cruces al interior de la coalición de gobierno.

La evidencia más notoria de esas diferencias es la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de la Cámara de Diputados en rechazo al acuerdo y su posterior voto negativo al proyecto de ley que autoriza al gobierno a tomar nueva deuda con el FMI para cancelar los próximos vencimientos con el organismo.

En cualquier caso, su postura no fue aislada: un tercio de los diputados oficialistas votó en contra del proyecto enviado por el gobierno o se abstuvo.

Ante esos crujidos en la coalición de gobierno, crecen las dudas en torno a si el plan económico acordado con el FMI contará con el respaldo político –y social- suficiente para ser llevado a cabo.

El acuerdo no es nada especial, solo le permite a Argentina evitar el default y, por ende, una catástrofe

La meta monetaria es más exigente que la meta fiscal

El acuerdo Argentina-FMI

Aún más exigente que la meta fiscal es la monetaria. El acuerdo con el FMI establece que el Tesoro solo podrá financiarse por 1% del PIB con la emisión de pesos del Banco Central, lo que implica un drástico descenso con respecto al 3,7% del PIB del año pasado. Sin acceso a los mercados internacionales de deuda, la brecha para financiar el rojo fiscal deberá ser cubierta con emisiones en el mercado local de capitales, además de algunos préstamos de organismos internacionales.

Otro de los objetivos fijados es alcanzar tasas de interés reales positivas, es decir, por encima de los niveles de inflación. Tras el 3,9% registrado en enero, se esperan índices de inflación en torno al 4% en febrero y 4,5% en marzo.

En ese contexto, el Banco Central deberá seguir ajustando hacia arriba el nivel de las tasas de interés en las próximas semanas. “Los préstamos se van a encarecer y eso seguramente será un factor que reduzca la demanda de crédito privado. Pero el principal impacto sobre la actividad provendrá de las restricciones a las importaciones”, dijo Menescaldi.

“Dado que la meta de acumulación de reservas en el Banco Central es exigente y se duplicarán las necesidades de importaciones de energía por el alza del precio del gas, probablemente habrá mayores restricciones y no se podrá importar todo lo que se requiera”, aseguró.