El gobierno en Uruguay trabaja su Estrategia Nacional Antilavado de activos, al tiempo que a nivel legislativo se estudia la actualización de su normativa sobre el financiamiento de los partidos políticos y se buscan nuevas herramientas para combatir la corrupción pública y privada.

Sin embargo, según la presidenta de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep), Gabriela Di Longo si no se le proveen recursos, la nueva normativa solo quedaría en “lindos papeles”.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebrará este sábado 9 de diciembre, el estudio Ferrere Abogados organizó el evento “Semana Anticorrupción: una mirada público privada”, que culminó ayer.

Entre los expositores, autoridades trataron la vinculación entre el lavado de activos y la corrupción, la actualidad del sistema local en materia de prevención y combate a este delito, entre otros.

En uno de los paneles, se hizo foco en la corrupción privada y el rol del sector privado en la promoción de la integridad. Si bien Uruguay ratificó las convenciones anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aún no tiene tipificado como delito la corrupción privada. Solo tiene regulada la corrupción pública.

No obstante, la Jutep trabaja en un proyecto normativo para penar la corrupción privada.

El mismo, según explicó en el panel Di Longo, podría entrar en vigencia en 2025, ya que en 2024 se realizarán las elecciones nacionales, dificultando que este avance.

Por su parte, el especialista senior anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Sebastián Pérez Mora, destacó que para combatir la corrupción se necesita de un involucramiento del sector privado, ya que este es un flagelo contra el que se debe luchar de forma coordinada.

Pérez Mora diferenció la corrupción privada de aquella del sector privado, ya que esta última no solo atañe a las empresas sino que también puede estar vinculada a organismos o entidades públicas.

Al ser consultada sobre las regulación en proceso y las expectativas que se tiene de esta, la presidenta de la Jutep dijo que la expectativa es “muy alta” y que se ha trabajado junto a la Unodc desde fines del año pasado.

Sin embargo, enfatizó en que la Jutep requiere de más recursos humanos y económicos, ya que hoy está enfrentando una “crisis funcional” debido a que no puede cumplir con sus cometidos por falta de funcionarios.

Di Longo explicó que la Jutep actualmente cuenta solamente con cinco funcionarios que están destinados a los cometidos del organismo, establecidos por la ley Cristal.

Además, señaló que, con la actualización de la ley en 2020, se publican más de 800 declaraciones juradas, duplicando o triplicando su trabajo, pero que no se tomó en cuenta que el organismo “estuviese más capacitado” ni que contara con más recursos.

Agregó que debido a la falta de recursos humanos, la Jutep no tiene la posibilidad de estudiar cómo debería las declaraciones que se presentan.

La normativa establece que el organismo debe controlar las declaraciones que son publicadas y un 5% aleatorio de las que no son publicadas.

Por esto, Di Longo sostuvo que de ser aprobada una ley de corrupción privada, se estaría agregando “un sector más amplio” para el control de la Jutep, siendo “imposible” de cumplir si se mantiene la cantidad de funcionarios con los que cuentan actualmente.

“Las leyes son muy bonitas, pero si en la práctica no se pueden cumplir, son muy lindos papeles”, cuestionó Di Longo.

Otro de los puntos que se tocó en el panel fue la integridad en el conocimiento de los beneficiarios finales de las empresas, lo que refiere a saber quién realmente está detrás del negocio.

Actualmente, Uruguay cuenta con un registro de beneficiarios finales de determinados tipos de sociedades, pero no toda la información está disponible para los sujetos obligados.

Esto fue recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su última guía de transparencia y beneficiarios finales, según explicó la moderadora y líder del equipo de Compliance Regional de Ferrere, Carla Arellano.

En tanto, Di Longo señaló que desde la Jutep están trabajando en la elaboración de una norma que permita una “conexión más rápida” y que permita que “los datos puedan traspasar las oficinas, para combatir las corrupción”.

Esta colaboración sería entre su organismo, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Fiscalía General de la Nación y el Banco Central.

“Es una meta para el año que viene”, dijo la presidenta de la Jutep.

Asimismo, sostuvo que, cuando hay un caso de corrupción en Uruguay, el país cuenta con medios para castigar, “pero hay un gran debe en la prevención” de estos casos.

Pérez Mora explicó que para la ONU este ha sido “un tema central para la transparencia”, por lo que han trabajado junto a países de la región.

En este sentido, señaló que manejan “cuatro perspectivas” respecto a la transparencia en beneficiarios finales: la disponibilidad de la información -que haya un registro donde se consignen los datos-, el acceso a esa información -quiénes, cómo, de qué forma y qué perfiles pueden acceder-, la calidad de la información -cómo se cruzan los datos- y el uso de la misma, ya que pueden existir los anteriores puntos, pero que no se les dé uso a esos datos.

Por otra parte, además de la corrupción privada como debe a regular en Uruguay, la presidenta de la Jutep señaló que también se carece de normativa sobre el enriquecimiento ilícito.