Hay “movimientos” en el sistema antilavado uruguayo y es visto con buenos ojos por parte de actores locales del mismo. Mientras se desarrolla la Estrategia Nacional contra este delito y el financiamiento del terrorismo, la Dirección General Impositiva (DGI) y el Ministerio del Interior, mueven piezas para atender puntos que Uruguay había dejado en el debe.

La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo presentó actividades que amenazan al país -como la creciente incidencia del crimen organizado y el narcotráfico en la región, el contrabando, la trata de personas, entre otros- y las vulnerabilidades del sistema local para que estos delitos se filtren y utilicen a la plaza uruguaya para blanquear capitales.

Entre estas vulnerabilidades, la de la falta de recursos en los organismos reguladores y la participación del Estado en materia de prevención e investigación, son algunas de las que más hincapié han hecho los especialistas antilavado. Uno de los puntos que resalta en la ENR, es la falta de involucramiento de organismos especializados a nivel tributario en el combate al lavado, como la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS).

“No siempre estos organismos han optado por denunciar penalmente estos delitos (defraudación tributaria), sino que han priorizado la recaudación en la mayoría de los casos”, señala a la ENR.

En tanto, mientras se desarrolla la Estrategia Nacional, según explicaron fuentes del sistema antilavado uruguayo a El País, “hay movimientos” en organismos públicos que son recibidos de buena manera. Entre ellos se encuentra que la DGI empezó a enviar a sus funcionarios a reuniones y capacitaciones para combatir este delito.

A su vez, destacaron que el nuevo ministro del Interior, Nicolás Martinelli, “incorporó por primera vez el tema de lavado” como uno de los ejes del ministerio. En este sentido, como consignó El Observador y confirmó El País con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la secretaría le envió un convenio marco para análisis del Ministerio del Interior, que promueva el intercambio de información entre los organismos, aunque aún no se encuentran definidos los “puntos, definiciones y alcance”, como tampoco las fuentes de información.

En paralelo, aún se encuentra en construcción la Estrategia Nacional antilavado, que fijará una hoja de ruta con plazos de cumplimiento, la cual es liderada por el consultor internacional contratado por la Senaclaft, Alejandro Montesdeoca -quien también tuvo a cargo la ENR-. El documento, según explicaron a El País participantes de la mesa de expertos convocada para su desarrollo, se caracteriza por buscar “consensos” entre los diferentes sectores.

En esta línea, el abogado especialista en prevención de lavado de activos, Francisco Olaso, explicó a El País que el trabajo realizado “buscaba el mayor consenso técnico posible” para que el resultado sea una estrategia de Estado y no de gobierno, que perdure en el tiempo.

En este sentido, destacó que en los puntos en los que los especialistas o sectores representados no estaban todos de acuerdo, debido a diferentes posturas, se buscaba un consenso en la eventual definición. Uno de los objetivos para esta iniciativa, es que sea más difícil que el debate técnico se torne en un debate político.

Por su parte, otro de los participantes en la mesa de expertos, Ricardo Sabella, socio director BST Global Consulting, señaló que el desarrollo de las estrategias nacionales suele ser “puertas adentro” y con participación del sector público, a diferencia de esta que también integra la participación del sector privado.

Asimismo, destacó que anteriormente había decisiones que se manifestaban a través de normativas que luego eran criticadas, en donde sectores apuntaban a posibles daños que podían causar las mismas. “Se quiso evitar todo eso”, afirmó.

Dentro de los puntos que se analizaron en la mesa se encontraron algunas prioridades: la falta de recursos en el sistema antilavado, el rol del Estado y el intercambio de información.

Según explicó Olaso, en la “prioridad uno, nadie estuvo en desacuerdo”, que es la falta de recursos en el sistema local. Sobre esto, la ENR había consignado que los organismos de prevención e investigación antilavado, requerían de más recursos. Dentro de los números que se manejaron, comparando países como Perú y Paraguay, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, requeriría del doble de los recursos que actualmente tiene y la Senaclaft el triple.

El otro punto, que está ligado con el anterior, sí contó con diferentes opiniones técnicas. No obstante, el consenso se encontró en que Uruguay requiere de un “Estado más presente” para la prevención y combate al lavado de activos. A su vez, Olaso dijo que los expertos entendían que el Estado era el “último” en emplear las medidas de prevención y que “se le pide más a los particulares”, llevando a que se ponga “la carreta delante de los bueyes”. “Esto es un cometido esencial del Estado que se comparte con un sujeto colaborador”, afirmó.

De este modo, sostuvo que tampoco hubo “mucho debate” que tiene que haber cooperación en el sector público, particularmente respecto a los organismos que actúan o tienen la capacidad de “servicios de inteligencia”, como la DGI. Asimismo, tampoco “hubo dudas” que se debe reforzar el rol de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Otro punto trabajado fue el intercambio de información entre el sector público, entre el público y privado y entre privados. En este, también contó con diferentes posturas, en donde hubo sectores que no estaban a favor del intercambio de información. Sin embargo, el consenso recayó en que se dé el intercambio de acuerdo a las posibilidades de cada sector. El primero que comenzará con el mismo, sería el financiero.

Otros de los puntos analizados para la Estrategia Nacional fue una mejor normativa para el financiamiento de los partidos políticos, que “nadie lo cuestionó”, según Olaso. “Estuvimos todos de acuerdo que hay que impulsarlo”, afirmó. A su vez, Sabella opinó que hay que trabajar en una regulación que sea “eficiente”, con el objetivo de “ser transparente y que se pueda identificar determinadas situaciones que no corresponden” a lo “que uno espera” en los aportes a la campaña electoral.