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Empresarios de tragamonedas quieren ser regulados porque “sigue existiendo la idea de que somos unos chantas”

El abogado de la Cámara Uruguaya de Entretenimiento, Gerardo Dibbern, dijo que los operadores privados y dueños de las máquinas tragamonedas, respaldan el proyecto de ley presentado por el senador Botana.

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Máquinas tragamonedas
Máquinas tragamonedas.
Foto: Fernando Ponzetto

Los dueños de las máquinas tragamonedas respaldan el proyecto de ley presentado por el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que tiene como objetivo regular la actividad de los “slots” que están por fuera de los casinos del Estado.

Nucleados a través de la Cámara Uruguaya De Entretenimiento (CUDE), los operadores privados entienden que la aprobación del proyecto “es fundamental y necesaria” para “finalmente” dar un marco de formalidad a estos juegos de azar.

La actividad no está regulada y por eso ha sido, desde hace más de una década, motivo de disputa y de demandas entre la Dirección General de Casinos (DGC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la banca privada de loterías y quinielas y la CUDE.

En diálogo con El País, el abogado de la CUDE -y vocero oficial en representación de los operadores privados-, Gerardo Dibbern, señaló que ven “con muy buenos ojos” el proyecto de ley presentado por Botana dado que “recoge la mayoría de los puntos que desde hace años” la asociación reclama.

“Hace 20 años que estamos diciendo que queremos regular (la actividad). Nosotros no somos responsables de la omisión legislativa que hay en esto, queremos que se regularice, que fiscalicen y que nos controlen. Por eso: totalmente bienvenido este proyecto de ley”, indicó Dibbern.

De acuerdo con el asesor legal de los privados, la falta de regulación de esta actividad ha llevado a que el sector “no pueda realmente progresar”, dado que “sigue existiendo la idea de que somos unos chantas, de que somos ilegales, clandestinos y eso nos perjudica social y económicamente”.

Entre los principales obstáculos señalados por los privados, Dibbern mencionó que cuando los empresarios buscan financiamiento y dicen a qué actividad se dedican, se encuentran con la “dificultad” de acceder a préstamos bancarios.

“Nunca vamos a poder tener una actividad de juego pujante en el país si no se regulariza. Estamos en una zona en la que, a no ser por la Justicia y los juicios que hemos ganado, no nos quieren decir abiertamente que somos legales. Si el Estado reconociera esta actividad, se podría invertir tranquilamente, contratar más gente, competir en las grandes licitaciones de casinos también”, ejemplificó el abogado.

En este sentido, Dibbern manifestó que “los únicos” en la órbita estatal que afirman que esta actividad es ilegal y clandestina, “son los de la DGC y la banca privada porque son los únicos que entienden que somos competencia. Entonces todo esto (la falta de regulación) tiene que ver obviamente con intereses económicos”. ¿Cómo nos van a decir que somos clandestinos cuando pagamos impuestos por esta actividad?”, criticó Dibbern.

De hecho, según una consulta hecha a la Dirección General Impositiva (DGI), la actividad que desarrollan los dueños de las máquinas tragamonedas quedan contempladas dentro de la normativa, por lo que el dinero generado constituye rentas empresariales y quedan comprendidas dentro del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

El País intentó contactarse, sin éxito, con las autoridades de la DGC para obtener su postura respecto del proyecto de ley presentado por Botana.

En relación a los detalles del proyecto de ley, Dibbern manifestó que la CUDE está de acuerdo con que el proyecto especifique en qué tipos de lugares comerciales se pueden instalar las máquinas, así como también ven adecuado el tope máximo de hasta 25 máquinas por cada establecimiento.

Asimismo, el proyecto de ley -ya presentado ante el Parlamento- plantea que el máximo de “slots” que pueden operar en el país sea de 25.000. La iniciativa legislativa parte de la base de que actualmente en Uruguay hay entre unas 40.000 y 50.000 máquinas, pero la cifra es incierta dado que no existe un registro formal.

“Es un número totalmente infundado que surge de percepciones y estimaciones hechas a ojo. Puede perfectamente haber el doble de máquinas, o menos. La realidad es que es algo imposible de saber hasta que no haya un registro. Eso es algo que pedimos desde hace años, para saber cuántas máquinas hay y quiénes son los titulares”, señaló Dibbern al destacar que el proyecto de ley contemple ese aspecto.

Si bien desde la CUDE entienden que “hay muchísimas máquinas” en el mercado uruguayo y que esa cifra “tendría que bajar a una cifra razonable”, afirman que “será el propio mercado” el que fijará cuál es el tope ideal.

“Si luego de que salga la ley, se entiende que 25.000 máquinas es poco, se podrá cambiar (la normativa) si hay voluntad política. Pero es importante que se fije un tope, todo tiene que tener un inicio y que después se ajuste”, dijo el abogado.

Otro de los aspectos en los que la CUDE está de acuerdo con el proyecto presentado, es en los requisitos que define el proyecto para que un operador obtenga el permiso, entre los que se priorizará a aquellos que logren acreditar una antigüedad en la actividad en los últimos seis años, así como solvencia económica y ciudadanía uruguaya. Asimismo, respaldan la propuesta de que el permiso obtenido por el operador sea personal e intransferible. “Eso es importante para evitar negocios especulativos. Queremos que se regule la actividad para aquellos empresarios uruguayos que se dedican a esto profesionalmente hace años, pagando impuestos y cumpliendo requisitos”, manifestó Dibbern quien además dijo que en el último tiempo “el mercado ha crecido mucho”.

Además

"Riesgos que son obvios"

En diálogo con El País, el senador Botana dijo que su “principal preocupación” respecto a la operativa de las máquinas tragamonedas, tiene que ver con “el riesgo de que algunos grupos vinculados al narcotráfico” formen parte del negocio. En ese sentido, señaló que el espíritu del proyecto es “regular lo inevitable” y controlar dicha actividad para impedir el ingreso de narcotraficantes al mercado. Al ser consultado sobre esto, Dibbern dijo que esos riesgos “son obvios” porque “justamente la actividad no está regulada” y señaló que “la actividad se presta” para delitos de narcotráfico y lavado de activos por la falta de fiscalización y de normativa. “Nos consta que puede haber algún operador por fuera de la CUDE” que cometa esos delitos, “hace 20 años venimos advirtiendo que sin normativa eso podía pasar. Esos riesgos son de cajón”, sentenció.

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