El estudio que lleva adelante el Banco Central (BCU) sobre el nivel de precios en Uruguay, genera inquietudes sobre temas que, si bien son conocidos desde hace años, no por ello están analizados.

Por el contrario, varios agentes aprovechan esta oportunidad de revisión para jugarse algunas cartas con la esperanza que las cosas mejoren.

El Central convocó a estudios el nivel de precios en Uruguay y se presentaron dos trabajos: uno del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y otro de CPA Ferrere. En ellos emergió algo que es visto como un “problema de concentración de marcas” por muchos comerciantes, lo que hace que el país sea más caro.

Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados (ASU) afirmó a El País que “el comerciante no tiene variedad de proveedores, lo que termina encareciendo el precio final”. Esto ocurre especialmente en algunos rubros de alimentos y bebidas, donde, además, la figura del proveedor exclusivo es más frecuente.

Algunos comerciantes dijeron a El País, que este tipo de proveedores termina definiendo el precio, aunque el problema es más complejo.

El País recibió una lista a partir de inventarios de parte de un encargado de supermercado (que prefirió anonimato), que muestra el claro predominio de determinadas marcas. Ese supermercado es bastante representativo de la realidad del sector, aunque el siguiente planteo es estimativo: de un total de 156 productos, hay 33 marcas que detentan entre el 70% y el 99,5% del mercado. Esas marcas están, mayoritariamente, en los rubros de papel (pañuelos descartables, servilletas, filtros de café, etcétera), jabones y detergentes en polvo, flanes, cremas dentales, cervezas, leches chocolatadas, entre otras. Varias de ellas superan el 90% de participación de mercado.

“Es legal”. Alejandro Alterwain, al frente del departamento de Defensa de la Competencia de Ferrere Abogados dijo a El País que la concentración de marca es legal, salvo cuando hay abuso de la posición dominante.

“La ley de Competencia es clara en que alcanzar una posición monopólica o dominante en base al mérito, no es ilegal. Por el contrario, la competencia es algo que la propia regulación alienta”, dijo Alterwain.

“Si una empresa es la mejor en lo que hace y, como consecuencia de su mérito, su marca desplaza a los competidores, eso es totalmente legítimo, y también saludable. La competencia es el combustible que empuja a que las empresas quieran mejorar para llegar a tener mayor cuota de mercado. Es algo aspiracional”, agregó.

Lo que la ley de Competencia prohíbe es, a nivel de conductas empresariales, que una marca abuse de su posición de dominio al, por ejemplo, acordar exclusividades. “Si un proveedor le dice al comerciante que solo le vende si no le compra a otro proveedor, o si le da un descuento si así lo hace, eso es abuso desde el punto de vista legal”, afirmó.

Otra conducta abusiva se da cuando las empresas, lejos de competir entre sí, se ponen de acuerdo en un precio, dado que la cartelización termina perjudicando al consumidor.

El País revisó algunos antecedentes y uno de los que salta más a la vista últimamente son las sanciones por prácticas de exclusividad en el sector cervezas. Pero se sancionó por práctica de “exclusividad”, no por alta participación de mercado.

El tema de las marcas con alta participación no es únicamente en Uruguay, sino una tendencia mundial. En los últimos años, a raíz fundamentalmente de los avances tecnológicos a los que pueden echar mano algunas empresas para producir “más y mejor” y no otras, han aumentado las brechas y llevado al predominio de las primeras.

El problema del precio en Uruguay trasciende al ámbito jurídico para ser más bien de la dinámica económica del mercado y de cómo se comporta cada eslabón de la cadena.

Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias (CIU), dijo a El País que las multinacionales han ido comprando empresas de marcas nacionales y que a veces los comercios se encuentran “debilitados” ante la posición de estas. No obstante, defendió: “Si bien las compañías grandes tienen sus condiciones, también hay que ver que sus estructuras son muy costosas”.

Asimismo, señaló que “los comercios de grandes superficies tienen un margen alto de sobremarcación de precios, que en algunos rubros llega al 50% o 80%, pero si uno ve sus rentabilidades no pasan del 4% anual”. Esto sucede por los altos costos de mano de obra y los costos operativos. “Si acá permitieran importar fueloil o gasoil con libertad, la producción local sería más barata”, estimó.

Alterwain afirmó que “en los mercados importa no solo la concentración de marcas, sino el poder de mercado del canal de venta, esto es, del supermercado o cadena. El peso de los precios altos no puede estar solo del lado de las marcas cuando se analiza el tema, porque el comercio también participa en la fijación de precios”.

Son los comerciantes quienes, en última instancia, toman el pulso directamente a los consumidores sobre cuánto están -o no- dispuestos a pagar.

De hecho, las cadenas muchas veces venden un producto más caro que lo que sugiere el proveedor, según ellos mismos afirmaron a El País. Una prueba de ello es que ciertos productos están más baratos en almacenes que en supermercados, a pesar de que las cadenas compran mayor volumen.

Sobre los distribuidores, las restricciones regulatorias para importar es uno de los mayores obstáculos que señalan distintos actores del sistema.