PUEDEN OBTENERSE GANANCIAS

El informe muestra cómo esta Uruguay y América Latina al respecto.

Cuando de gasto público se trata, “los gobiernos latinoamericanos sufren tanto de ineficiencia técnica como ineficiencia asignativa. La primera tiene que ver con el hecho de no hacer las cosas de la mejor manera posible, dados los recursos disponibles” y la segunda con que los presupuestos “suelen asignarse según estándares históricos, y no considerando dónde sería más útil un dólar adicional”, señaló el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno en el informe del organismo “Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos”, divulgado hoy.

“Desde comienzos de la década de 1990, el rol de los gobiernos y su participación en la economía han aumentado de manera sostenida en todo el mundo”, afirmó el BID y recordó que “la participación del gobierno en el mundo desarrollado es casi dos veces superior a la de los países en desarrollo, incluida América Latina y el Caribe -40% vs. 20% del Producto Interno Bruto (BID), respectivamente-”. Ahora, ¿cuánto debería ser la participación del Estado en la economía? “La respuesta depende de un conjunto de aspectos que abarcan desde lo ideológico y lo económico hasta lo demográfico”, indicó el organismo.

“Sin embargo, un factor determinante clave es el nivel de desarrollo económico de un país, que suele calcularse según el PIB per cápita. En pocas palabras -y siguiendo la llamada ley de Wagner-, a medida que aumenta el PIB per cápita, el gasto público tiende a elevarse, tanto en el margen extensivo (aparecen actividades y servicios nuevos) como en el margen intensivo (se amplían las actividades y servicios existentes)”, agregó.

Según el organismo “a la luz de las crecientes preocupaciones a propósito de la sostenibilidad fiscal y de los niveles de deuda, varios gobiernos de la región están procediendo a hacer ajustes (y seguirán haciéndolo). Sin embargo, la manera en que estos ajustes se producen, tanto en términos de su tamaño como de su composición, serán clave para el futuro de la región. No todos los ajustes son iguales, es decir: los recortes globales del gasto pueden producir resultados bastante diferentes de los recortes cuidadosamente planificados que resuelven problemas de ineficiencia en el sector público”. Ahí entra en juego otra pregunta ¿qué tan eficiente es América Latina y Uruguay en particular en su gasto?

“El gasto inteligente puede generar grandes dividendos. América Latina y el Caribe pierde miles de millones de dólares por año en el gasto que se podría cambiar a otros gastos más rentables o sencillamente utilizarse para disminuir la deuda”, indicó el reporte.

Según el organismo, Uruguay está entre los países que menos “malgastan” con 3,7% del PIB (unos US$ 2.200 millones).

El BID puso el foco en varios aspectos. Uno son las “transferencias sociales” las que en teoría “se esperaría que fueran en su mayor parte contracíclicas o, en el peor de los escenarios que fueran básicamente acíclicas”. En el caso de Uruguay, el mayor peso de estas transferencias está en la seguridad social (jubilaciones).

“En América Latina y el Caribe se pueden apreciar grandes variaciones, ya que, por ejemplo: Argentina y Uruguay demuestran la mayor prociclicalidad en las transferencias sociales, mientras que Chile, con niveles contracíclicos, se sitúa a la par de países desarrollados como Dinamarca y Suecia”, agregó.

Y eso se dio “sobre todo en Argentina, Brasil y Uruguay, el gasto en seguridad social se volvió fuertemente procíclico desde que las reformas cambiaron de manera perversa la forma en que se indexan los beneficios, utilizando factores procíclicos subyacentes, como el crecimiento del producto, los ingresos fiscales y los salarios”, criticó el BID.

“Incluso con menos personas de edad avanzada, Brasil, Argentina y Uruguay gastan más que el promedio de la OCDE. Las diferencias en el actual gasto en jubilaciones públicas en diferentes países reflejan principalmente diferencias en las tasas de dependencia de la población, la generosidad de los beneficios y las tasas de cobertura”, expresó.

Otro aspecto es el empleo público. “En la OCDE el empleo público oscila desde el 5,9% (del empleo total) en Japón y el 15,3% en Estados Unidos hasta casi el 30% en Suecia, Noruega y Dinamarca”, en América Latina “fluctúa entre el 4% en Colombia y el 10% en Paraguay, México y Chile, hasta más del 20% en Argentina, Trinidad y Tobago y Barbados”. En Uruguay ronda el 15% (ver gráfico) y la remuneración a empleados es el segundo factor de “malgasto”.

Si bien “hay una relación positiva (débil) entre el porcentaje de empleo público en el empleo total y el nivel de desarrollo”, agregó el organismo.

El BID puso énfasis en cómo se puede gastar mejor en algunas áreas, en una de ellas, elogió a Uruguay. “Para lograr un gasto más inteligente en servicios policiales, la región necesita reemplazar el modelo reactivo tradicional, basado en patrullajes aleatorios y en su respuesta a las emergencias, con un enfoque proactivo que se anticipe a la comisión del delito para prevenir que este ocurra”, indicó el informe. Solo tres países de la región aplican estrategias de este tipo y uno es Uruguay donde “las evaluaciones de impacto ya muestran resultados positivos”.

El BID recordó que “en abril de 2016, la Policía Nacional de Uruguay inició el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), como una estrategia para reducir robos violentos. El PADO es el primer programa en América Latina y el Caribe que cuenta con un cuerpo policial dedicado exclusivamente al patrullaje de puntos calientes en las principales ciudades del país. El programa comenzó en Montevideo, con el despliegue de patrullas en 120 segmentos de calles, organizadas en 28 circuitos, que representan el 7% de las zonas de Montevideo y el 43% de los robos cometidos en 2015”. El organismo, afirmó que la evaluación realizada “atribuyó al PADO una caída del 22% en la tasa de ocurrencia de robos con violencia en las zonas intervenidas durante el período analizado. Estos resultados son consistentes con estudios que hallan reducciones para delitos violentos del orden del 23% en Filadelfia y del 20% en robos en Minneapolis. La evaluación del PADO, no solo no observó un desplazamiento del delito, sino una leve difusión de los beneficios a zonas cercanas, lo cual es consistente con la literatura empírica global”.