Las inmobiliarias de Punta del Este negocian con algunos estamentos del gobierno dar información sobre su cartera de clientes a la Dirección General Impositiva aunque preservando la identidad de los propietarios. Esto es visto con recelo por la oficina recaudadora.
Ayer comenzó a tallar la figura del ministro de Turismo, Héctor Lescano, lo que generó expectativas entre los agentes que quieren —al igual que el gobierno—bajar el tono de la discusión.
Fuentes de las principales gremiales inmobiliarias de Punta del Este dijeron a El País que habría un acuerdo "primario" para que no se dé a conocer la identidad de los propietarios lo que no pudo ser confirmado en el gobierno. La llegada de inspectores al balneario no se detuvo.
Las inmobiliarias están dispuestas a dar información sobre alquileres y venta de propiedades y mientras esperan por el afianzamiento del acuerdo, se curan en salud y realizan contactos con los cinco diputados por Maldonado y a un constitucionalista para dar un marco jurídico a su posición.
En la reunión de agentes inmobiliarias del lunes hubo voces que se alzaron contra el gobierno e incluso se propuso una huelga en el sector.
El edil y ex director de Hacienda de la intendencia de Maldonado, Alberto Praino, también cuestionó ayer la decisión de la DGI volcando el debate al ámbito municipal.
El presidente de la Cámara de Turismo, Mario Amestoy y el abogado Daniel Ferrere cuestionaron la postura de la DGI en declaraciones a El Espectador. Amestoy advirtió que la identificación de los propietarios podría llevar a estos a optar por la vía legal.
La tesis de la DGI es que el Código Tributario la habilita a pedir esta información. Sus técnicos advierten que existen planes concretos para atacar con dureza la actividad inmobiliaria informal. Lo que quiere Impositiva en primer lugar es controlar el pago de impuestos por la actividad de intermediación de las inmobiliarias para lo que es necesario chequear datos.
Sin embargo, también es cierto que con la información sobre los propietarios se puede controlar el pago del Impuesto al Patrimonio. Impositiva sostiene que en Maldonado el pago de este tributo es muy bajo en relación a la cantidad de viviendas de alto valor que allí existen.
Un mejor control sobre este tributo será clave para evitar fugas en la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas incluida en la reforma tributaria impulsada por el Ministerio de Economía, del cual depende la DGI.
Una desautorización de bajo perfil a Impositiva traería paz en momentos que se define buena parte de la suerte del verano en Punta del Este aunque dejaría a la oficina recaudadora sin una herramienta para fiscalizar el impuesto estrella de la reforma tributaria.
Mejoras por eficiencia
La mejora en la eficiencia de la Dirección General Impositiva supondrá el 3,56% de la mejora de los ingresos en 2005, según las proyecciones de la principal oficina recaudadora.
Según las proyecciones, esta mejora representará U$S 112 millones de los U$S 3.156 millones que prevé recaudar la DGI en 2005. Desde 1999 la contribución acumulada de la eficiencia de la DGI a los ingresos fue de U$S 228 millones.