SITUACIÓN

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En mayo de este año, tras la fuerte suba de precios de los alimentos a nivel mundial -debido a la guerra entre Rusia y Ucrania-, el gobierno uruguayo anunció un paquete de medidas con el objetivo de mitigar la inflación a nivel local. Entre esos anuncios se informó sobre la baja y la eliminación de aranceles de las importaciones de harina de trigo y aceites refinados de soja, girasol, maíz y mezclas.

Ante esto, un grupo de legisladores del Frente Amplio alertó por los impactos negativos en la actividad de la industria molinera y presentó un proyecto ante la Comisión de Hacienda de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo la derogación de la normativa.

En diálogo con El País, el diputado frenteamplista -impulsor de la iniciativa-, Nelson Larzábal señaló que “hay mucha preocupación” por parte de quienes elaboran estos productos dado que afirman que los importadores uruguayos están comprando mercadería elaborada en Argentina y que eso impacta en la mano de obra y la competitividad.

En concreto, se buscan derogar dos artículos, el 192 y 193. El primero estableció la baja del arancel de los aceites de soja, maíz y girasol provenientes de Argentina, el cual pasó del 16% al 8% por seis meses, es decir que vence este 20 de diciembre. Además, ese decreto definió la baja del arancel del 12% al 6% de las harinas de trigo provenientes del país vecino. En este caso no se estableció un límite de tiempo específico para la reducción de la tasa aplicable, es decir que regirá por tiempo indefinido.

El otro decreto, el 193, estableció la eliminación de la lista de excepciones al Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur, de la harina de trigo, los aceites de soja, maíz y girasol proveniente de otros países por fuera del Mercosur, los cuales pasaron a tributar con tasa global arancelaria extra zona de 0% , por un plazo de seis meses.

Esa normativa “está pegando” en la mano de obra, “más de lo que habían evaluado” y ello “recrudecería si no se revierte este tema, especialmente con Argentina, que sería el que seguiría vigente”, indicó Larzábal ante la comisión.

En la exposición de motivos, los legisladores afirmaron que los cambios, principalmente el que refiere a la importación de harina de trigo proveniente de Argentina, “ha despertado críticas y profunda preocupación de empresarios de al menos nueve empresas y cooperativas molineras y aceiteras”, dado que son empresas uruguayas que producen y procesan estos productos.

Entre ellas mencionaron a: Molino San José, Molino Santa Fe, Río Uruguay S.A., Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa, Cooperativa de Trabajadores Molino Florida, Molino Carmelo, Molino Dolores, Molino Cañuelas y Cousa. Así como también indicaron que la preocupación es compartida por “más de 400 trabajadores” de esas empresas y el Pit-Cnt, quienes “como primera medida, presentaron en julio una acción de amparo a la que no se le dio lugar”.

Larzábal dijo a El País que además de las rebajas arancelarias definidas en dicha normativa, la situación se agrava si se tienen en cuenta las diferencias en el tipo de cambio oficial y alternativo que hay actualmente entre Argentina y Uruguay.

“Están entrando muchos productos elaborados que están haciendo realmente sentir a las pequeñas industrias y comercios que elaboran productos farináceos”, indicó Larzábal.

En este sentido, el pasado 18 de agosto, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recibió a la Federación de Obreros y Empleados Molineros y a la Unión de Trabajadores Aceiteros, quienes plantearon un escenario de pérdida de competitividad y alertaron por el riesgo de pérdida de fuentes laborales.

Los trabajadores señalaron allí su preocupación acerca de que los supermercados importaran harina desde Argentina en grandes cantidades, a precios que los molinos uruguayos no pueden competir.

“Se supone que estas medidas se tomaron de una situación coyuntural generada por un conflicto bélico que no muestra horizontes de mejora en el corto plazo, pero lo más grave, es el caso de la harina de trigo proveniente de Argentina, ya que se desconoce hasta cuándo se mantendrán los aranceles bajos”, indicó el proyecto. Asimismo, los legisladores entienden que de acuerdo a los últimos indicadores de inflación, “no se notó que estas medidas hayan tenido un impacto positivo en el bolsillo del consumidor pero sí, el impacto negativo en la competitividad”. En este sentido advirtieron que, de mantenerse estas medidas, “puede tener consecuencias muy importantes en las pérdidas de fuentes de trabajo”.

El proyecto presentado por los legisladores frenteamplistas ante la Comisión de Hacienda de Diputados, contó con el visto bueno de algunos legisladores de la coalición, entre ellos el del representante de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

No obstante, el legislador propuso consultar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ver “si puede demostrar que con esa medida hubo algún impacto en la (reducción de la) inflación”.

En esta línea, el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar planteó que “sería bueno conseguir datos que refieran a los números de importación” de esos productos y ver “si realmente” se puede comprobar “si bajó la producción nacional” y si “aumentó la importación” de esos productos.

Por su parte, Larzábal manifestó que si bien “ha habido algunas reuniones” entre el Poder Ejecutivo con las distintas industrias y los diferentes eslabones de la cadena, “hasta ahora no ha habido ninguna respuesta positiva”.

El asesor económico de la Cámara de Industrias (CIU), Sebastián Pérez, dijo a El País que desde la gremial industrial no tienen monitoreada la situación, dado que las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo en mayo de este año “no fueron uniformes” para toda la industria, sino para algunos sectores específicos.

Por su parte, el coordinador general de la Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa, Carlos Reyes había dicho a radio M24 en el mes de agosto, que los trabajadores y las empresas del sector presentaron dos acciones para derogar estos decretos.

Por un lado, unos 100 trabajadores firmaron un recurso de amparo y por otro lado, el Molino Santa Rosa junto a otras dos empresas del sector presentaron un recurso administrativo.

“Nos preocupan muchísimo” estas medidas como las que anunció el gobierno porque “bajan la proteccion de la industria nacional” y “afectan principalmente a las pequeñas empresas del sector”, dijo.