ADHESIÓN

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En 2020 y después de un proceso que abarcó al gobierno anterior y al actual, Uruguay ingresó en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). En 2021 se creó e implementó el Punto Nacional de Contacto previsto en las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Y ahora viene el momento de “hacer los deberes” y reglamentar los compromisos que Uruguay asumió.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un seminario virtual para dar a conocer los detalles. El subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza señaló que “el 2022 pretendemos que sea el año en que difundimos las líneas directrices de la OCDE y dotamos de contenido las tareas a realizar por el Punto Nacional de Contacto en Uruguay”.

“Para que el Punto Nacional de Contacto tenga una función útil y no sea una mera formalidad a cumplir en compromisos internacionales, el mismo debe ser útil para la sociedad civil, para los empresarios, para los trabajadores y para el gobierno. Tiene que constituirse en un canal de comunicación e intercambio válido para nuestras preocupaciones e inquietudes en materia de empresas multinacionales y un ámbito donde podamos dialogar y acordar”, afirmó Irastorza.

El subsecretario recordó que “la captación y atracción de inversiones que sean sostenibles con el medio ambiente y que generen empleos de calidad es una prioridad para el gobierno”.

En tanto, el director de la Asesoría Política Comercial del MEF Juan Labraga presentó la aplicación de las directrices de la OCDE al caso uruguayo. El funcionario explicó que Uruguay se comprometió a pnerlas en práctica “sin perjuicio de que los temas abordados también puedan estar sujetos a leyes nacionales y a compromisos internacionales”.

“Al adherirse a la Declaración, Uruguay se compromete a tratar a los inversores extranjeros del mismo modo que a los nacionales y a promover una conducta empresarial responsable”, dijo Labraga. También debe “incentivar a las empresas multinacionales que operan en Uruguay a contribuir al progreso económico, social y ambiental”.

¿Qué empresas deberán aplicar esto? Todas las que estén operando en y desde países que hayan adherido a las Líneas Directrices. Actualmente hay 48 países (además de Uruguay) que adhieren a esto. Entre ellos están los principales inversores extranjeros en Uruguay: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Chile.

Entre los principios generales las empresas de esos países presentes en Uruguay deberán “implementar la debida diligencia basada en los riesgos particulares”, dijo Labraga. Esto implica identificar, prevenir, mitigar e informar la forma en que manejan sus impactos negativos reales y potenciales.

También las firmas deberán “evitar externalidades negativas, relacionadas con su actividad, incluida su cadena de suministro”, señaló Labraga.

A su vez, tendrán que “comprometerse con los grupos de interés facilitándoles posibilidades reales de participación” y por último deberán “fomentar la confianza”, agregó.

Por otro lado, las directrices abarcan varios rubros. Entre ellos el de “publicar información” sobre objetivos, actividades, situación financiera”, etc.

En empleo y relaciones laborales, las firmas “tienen el deber de respetar el derecho de asociación sindical, cooperar con los representantes de los trabajadores, luchar contra la discriminación”, entre otros.

En medio ambiente, las compañías deben “proteger la salud, la seguridad pública” y realizar su actividad de modo que “contribuya al desarrollo sostenible”.

En lucha contra la corrupción, las firmas “no deben ofrecer, prometer, conceder o solicitar” pagos “ilícitos u otras ventajas indebidas”.

En intereses de los consumidores tienen que “respetar los derechos” de estos y seguir “prácticas leales de comercio, mercado y publicidad”.

En competencia, las empresas “deben abstenerse de adelantar actividades que puedan tener efectos anticompetitivos”.

En tributación se recomienda que “las empresas contribuyan a las finanzas públicas de los países que operan, efectuando el pago puntual de sus obligaciones fiscales y absteniéndose de utilizar los precios de transferencia con el fin de transferir beneficios o pérdidas de manera inapropiada”.

Además, en derechos humanos las firmas deben proteger los de “aquellos que se vean afectados por sus actividades”.

En tanto, en ciencia y tecnología señala que mediante “la transferencia de nuevas tecnologías entre los países, las empresas deberían contribuir al desarrollo de la capacidad innovadora en los países que operan”.

Labraga afirmó que “el cumplimiento de las directrices por parte de las empresas es voluntario y no es legalmente exigible. No obstante, algunas materias contempladas en las directrices pueden ser reguladas por la legislación nacional o los compromisos internacionales”.

Labraga afirmó que las directrices de OCDE “promueven un clima de inversión más abierto y la igualdad de condiciones a través de la contribución positiva que las empresas multinacionales pueden hacer al desarrollo sostenible” y que “deben ser de interés para todas las empresas, donde sea que sea originen o funcionen, así como a los países que no hayan suscrito” las mismas.

El director de la Asesoría de Política Comercial del MEF explicó que el Punto Nacional de Contacto de Uruguay es “la instancia encargada de divulgar y promocionar el instrumento” y además de “examinar solicitudes relacionadas con el posible incumplimiento en la aplicación de las directrices por parte de una empresa multinacional”. En ese sentido, dijo que el Punto Nacional de Contacto contribuye a la “resolución amistosa” de los problemas de manera “imparcial, previsible y equitativa” y por otro lado brinda un “foro de discusión para la resolución eficiente y puntual de conflictos”.

Señaló que es “una construcción público-privada (gobierno, sociedad civil, empresas, trabajadores) definir la priorización de actividades a desarrollar”.

Agregó que se debe “construir un plan anual que permita hacer crecer el trabajo público-privado de difusión de las directrices y buenas prácticas”.

Según Labraga el Punto Nacional de Contacto, además “parece ser un buen instrumento para diseñar mejores políticas públicas en materia de captación de inversiones”.