ROTULADO
Luego del anuncio del gobierno la semana pasada, los importadores pedirán una reunión y pretenden que si no hay consenso regional vuelva a prorrogarse la obligatoriedad.
El anuncio hecho la semana pasada por el gobierno de que mantendrá el etiquetado frontal de alimentos -con advertencias de forma octogonal en los productos con exceso de sodio, grasas y azúcares- aunque con ajustes y obligatorio desde 2021 no conformó por completo a la industria, que insistirá para que el resultado final de este proceso sea una armonización de la norma local con la vigente a nivel del Mercosur.
Incluso, industriales e importadores aceptarían que se modifique el esquema actual de etiquetado si es que se consensua otro con los socios, o si esto no ocurre los segundos pretenden que haya una nueva prórroga de la obligatoriedad en 2021.
“No nos oponemos a informar al consumidor. No es un tema de fondo sobre si corresponde o no el etiquetado, es un tema de formas y del ámbito donde se dictan las medidas, que entendemos debe ser a nivel del Mercosur”, dijo a El País el vocero de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA), Martín Montoro. La gremial solicitará una reunión próximamente a Presidencia para transmitirle esto.
El ministro de Industria, Omar Paganini, planteó la semana pasada que Uruguay buscará en el segundo semestre cuando tenga la presidencia pro tempore del bloque promover una armonización normativa, pero según Montoro “no vemos una señal” que asegure que si esto no ocurre no habrá una disposición exclusiva de Uruguay. Es decir, que los importadores pretenden que si no hay un consenso en el bloque en el próximo semestre, se aplace nuevamente el etiquetado.
Ninguno de los otros países del Mercosur tiene disposiciones vigentes al respecto, y lo que rige es un acuerdo ministerial de 2018 que estableció que “los países puedan avanzar por su cuenta respetando ciertos lineamientos”, explicó el coordinador del Núcleo Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, Gastón Ares.
A través de un comunicado, la AIMA manifestó que de no darse la armonización regional, los importadores tienen dos caminos -pedir “un etiquetado especial para Uruguay” a los fabricantes o realizar esto una vez llegada la mercadería al país - y ambos generarán “un costo extra que necesariamente se trasladará al precio final y por ende a los consumidores”.
El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo consultado por El País que “desde un primer momento lo que pretendimos es que esto fuera una norma a nivel Mercosur, porque si no se complican las importaciones y exportaciones de productos”. Consideró que la industria aceptaría una eventual modificación legal del formato del rotulado si es que hay un consenso regional.
La disposición original del etiquetado la impulsó el gobierno anterior y la obligatoriedad comenzaba en marzo. El nuevo gobierno aplazó esto por 120 días y próximamente a través de un decreto lo hará hasta 2021, junto a otros “ajustes” como que no aparecerá la palabra “exceso de” sino “alto en”. En las últimas semanas hubo pronunciamientos sobre el tema, entre ellos un apoyo al rotulado de tres agencias de Naciones Unidas.