El gobierno de Yamandú Orsi delineó su Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029 con un objetivo ambicioso: atender a 66.800 hogares en situación crítica a través de cinco ejes estratégicos que van desde la emergencia habitacional hasta una gestión transparente y participativa, según remarcó la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, durante la presentación del plan en Presidencia. Dentro de esa hoja de ruta, el rol del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) aparece como clave para llevar soluciones al interior del país y a las comunidades rurales más postergadas.
En este sentido, el presidente de Mevir, Andrés Lima, dijo a El País que "una de las puntas de lanza que va a tener Mevir en estos cinco años son las intervenciones en los agrupamientos irregulares rurales. Si fuera una ciudad sería un asentamiento, pero en el medio rural tiene esta denominación”.
Territorios olvidados
La primera experiencia de esta estrategia comenzará en octubre en la región de Clara, departamento de Tacuarembó, y continuará a lo largo de la ruta 26, desde su intersección con la ruta 3 en Paysandú hasta Río Branco, en Cerro Largo. “Son lugares históricamente abandonados. La idea es desplegar una batería amplia de soluciones y, en este período, empezar a erradicar ese tipo de agrupamientos”, explicó Lima.
Este enfoque está en sintonía con el tercer eje del plan del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) : la integración urbano-rural. En este caso, el ministerio apunta a intervenir en localidades de menos de 15.000 habitantes, mejorar servicios y regularizar asentamientos, con el fin de contar con un desarrollo territorial que contemple infraestructura, salud, transporte y oportunidades de empleo.
Viviendas en desuso
Además de atacar la informalidad, Mevir se propone potenciar la recuperación de viviendas abandonadas, tanto en el medio rural como en ciudades de hasta 15.000 habitantes. En este apartado, Lima mencionó que una vivienda adjudicada cuesta hasta “tres veces menos” que una vivienda nueva.
“Es un contrasentido que haya una demanda importante mientras tenemos casas en desuso”, advirtió.
A su vez, Lima sostuvo que en los últimos meses la institución ha realizado varios sorteos de viviendas recuperadas, como ocurrió en Reboledo (Florida) y La Paloma (Durazno). También remarcó que la meta para el quinquenio es aumentar al máximo el número de readjudicaciones, un aporte directo a los ejes de emergencia habitacional y diversificación de modalidades de tenencia que promueve el MVOT.
Desarrollo económico
Este despliegue que menciona Lima también sirve para generar empleo en estas comunidades en donde operará más adelante. Mencionó que la construcción de un plan de viviendas demanda entre 16 y 18 meses, pero cuando se suman otro tipo de intervenciones en la zona el proceso puede llegar a extenderse por dos años, por lo que se crean oportunidades laborales sostenidas en el tiempo.
“Tratamos de que los llamados para mano de obra no especializada sean cubiertos por trabajadores de la zona”, dijo Lima, subrayando el aporte al desarrollo local. También remarcó que actualmente Mevir trabaja en 25 puntos del país con unos 300 empleados permanentes más el personal contratado en cada localidad.
Financiamiento
Lima agregó que el principal financiamiento del Mevir proviene del MVOT, complementado por las cuotas -subvencionadas en hasta 70%- que pagan las familias beneficiarias. Sin embargo, dijo que la definición del presupuesto con el que contarán para los próximos cinco años va a depender de la votación en el Poder Legislativo.
Política de Estado
Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria (CIU) y director de Macari, opinó que es “fundamental” tener este tipo de iniciativas en materia de vivienda para los uruguayos y que “es un aspecto que debe ser política de Estado y prioridad de todos los gobiernos”.
Desde su perspectiva, abordar la problemática de forma integral hace que a futuro la solución en vivienda tenga mayor impacto en la vida de los uruguayos, aunque para lograrlo las acciones deben ser articuladas entre los diferentes organismos y ministerios, como por ejemplo observando los cambios demográficos y la creciente inestabilidad de los ingresos, promoviendo políticas territoriales y ambientales, coordinando a corto, mediano y largo plazo y con una normativa adaptada a las nuevas tecnologías y tendencias a nivel mundial.
“Es correcto y adecuado generar el mayor número de herramientas y soluciones habitacionales posibles para que las personas puedan acceder a la vivienda y en paralelo que las medidas acompañen a potenciar el empleo y captar inversión del extranjero para conservar elevada demanda en el sector de la construcción y afines”, agregó.
Además, remarcó que fomentar la inversión en Uruguay y conservar, por ejemplo, la vivienda promovida, hace que “no se frene el motor de la economía”, lo cual ayuda a seguir captando industrias, inversores, empresas y servicios para “generar empleo y que el país aumente su crecimiento”.
En sintonía con lo mencionado por Lima, Medina opinó que ver la vivienda como “un todo” implica realizar ajustes a nivel de caminería, saneamiento, iluminación, espacios públicos, seguridad y servicios.
“Esto hace sumamente desafiante crear las condiciones para que la persona que habita allí pueda continuar su vida con un entorno favorable”, reflexionó.
La ley que impulsó los cambios en vivienda
Desde su implementación en 2011, la ley de Vivienda Promovida ha funcionado como un dinamizador del sector de la construcción y de la mejora en soluciones habitacionales. El cofundador de Kopel Sánchez, Fabián Kopel, mencionó que este fenómeno permitió que resurgieran nuevos barrios, que tenían una inversión casi nula desde hacía unos 40 o 50 años. Esto generó que se realizaran proyectos en terrenos de mayor tamaño, lo cual favoreció proyectos de mayor escala, con optimización de costos y mejora en las propuestas. Medina también mencionó que se registró un crecimiento del 27% interanual en la construcción bajo el régimen de Vivienda Promovida en 2024 respecto a 2023, y una suba del 60% en el total de unidades promovidas, llegando a 39.000 en total.