¿Qué vulnerabilidades presenta el sistema antilavado de activos en Uruguay?

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En el marco de la Rendición de Cuentas, una delegación de Presidencia compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de Diputados y fue consultada sobre cuánto falta para fortalecer al país en materia de política pública contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Entre los integrantes de la delegación liderada por el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, estuvo el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak. Según la versión taquigráfica de la reunión, a la que accedió El País, Chediak explicó las razones por las que no cumplieron su objetivo en materia de supervisión y algunas de las vulnerabilidades del sistema antilavado local.

Sobre lo hecho por la Senaclaft, Delgado señaló que el organismo puso en práctica la comunicación a través del domicilio electrónico (Domel), habiéndose desarrollado actividades de fiscalización a través de herramientas tecnológicas.

Este trabajo, según Chediak, fue lo que llevó al incumplimiento de los objetivos en materia de inspección, ya que la realización del trámite de Domel “resultó más dificultoso” para los sujetos obligados -se prorrogaron tres veces los plazos-, teniendo que enfocar ayuda técnica para esto.

En este sentido, fue la diputada Ana Olivera quien había consultado por este incumplimiento, ya que la meta para 2022 eran 350 inspecciones, pero que se llegó a 151. Asimismo, la legisladora se detuvo en que para 2023 la meta se redujo a 200.

Sobre esto, Chediak respondió que desde la Senaclaft fueron “muy optimistas en la posibilidad del cumplimiento en los años anteriores” y, dado que comenzaron a fiscalizar otros sujetos obligados como las organizaciones sin fines de lucro -que comprenden partidos políticos, iglesias, equipos de fútbol, sindicatos, entre otros-, se bajó para poder cumplir adecuadamente, por su “complejidad”.

“Por supuesto cuando se concreten los cargos presupuestales -se agregan 15 cargos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas-, se aumentará el número de equipos inspectivos. En este momento, los equipos inspectivos concretos en Senaclaft son cinco que significa: cinco abogados, cinco contadores. Es decir, un equipo de dos personas; deberíamos por supuesto contar con más”, detalló.

En tanto, al ser consultado por la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), Chediak señaló que esta “es un autodiagnóstico”, por lo que “trata de ser lo más sincera posible. Uno no puede ir al médico a falsear los síntomas porque obviamente después de este diagnóstico tenemos que diseñar la estrategia nacional, que viene a ser el tratamiento” para los próximos cinco años.

En la ENR (adelantada semanas atrás por El País) se encuentra que uno de los grandes debes en el sistema antilavado se basa en la efectividad. Sobre esto, Chediak señaló que dentro de las debilidades uruguayas está “la porosidad de nuestras fronteras”, por lo que se han tomado medidas “para aumentar el número de escáneres que permitan mejorar el control de las mercaderías que van sobre todo hacia Europa”.

“Es verdad y se ha señalado por todos los organismos, Uruguay ya no es exclusivamente un país de tránsito; es un país de acopio y tránsito”, afirmó.

No obstante, sostuvo que el sistema antilavado “no es altamente efectivo”, lo que es un problema común con el resto de los países.

“El porcentaje efectivo de incautación de bienes del crimen organizado a nivel mundial es el 1%, lo cual no da para que nadie se sienta satisfecho. Básicamente, significa que el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos conservan el 99% de los bienes ilícitos producidos”, afirmó.

Asimismo, destacó que los países de la región “tenemos problemas en los números de persecuciones exitosas de lavados de activos, que son muy pocos”. Además, dijo que la mayoría de las condenas son por asistencia al delito precedente de lavado, es decir “asistencia al narcotráfico y al contrabando”, y no por asistencia al lavado o por lavado per se.

“En otros países, el segundo rubro más frecuente de delitos precedente es la corrupción. Gracias a Dios en el Uruguay no lo fue, no lo es, es el contrabando, pero bueno es asistencia a los delitos precedentes. Y nos van a decir: ‘Bueno, lo que les quedan son estas ocho o 10 condenas efectivas por el delito concreto de lavados de activos’, lo que es muy poco”, destacó.

Por otra parte, dijo que la fiscalía especializada “todavía está trabajando en forma lenta”, que “no ha dado aún los resultados” pretendidos, pero que la “especialización es el camino”.

Tras la publicación de la ENR, expertos opinaron sobre los resultados del documento. Entre ellos, el socio director de BST Global Consulting, Ricardo Sabella, analizó que el sistema antilavado uruguayo se encuentra por “debajo de la línea de flotación”.

Quien organiza el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas -a realizarse el 4 y 5 de septiembre-, destacó que, si bien en materia regulatoria “Uruguay supo acomodar su legislación”, quedando en “las mejores posiciones en Latinoamérica”, en materia de efectividad, los resultados “fueron muy contrarios”.

“Ninguno de los criterios evaluados (11 resultados) superó la calificación de ‘Moderado’, con lo justo, solo cercano a la línea de flotación. Esto también convirtió a Uruguay en el único país de Latinoamérica que no ha tenido un solo resultado de ‘Efectividad sustancial’ (un nivel mayor)”, afirma.

En tanto, sostiene que los resultados presentados en la ENR cuentan con una “intensa dosis de sincericidio y con intenciones de corregir las debilidades”, por parte de la Senaclaft. Sin embargo, destaca que las pocas condenas por lavado llevan a “confiar” en estadísticas que pueden no ser correctas, además de “percepciones de riesgo y especulaciones del sector público y privado”, en donde algunos de sus actores “carecen realmente de experiencia en la materia”.

Asimismo, concluye que la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo “no ha logrado concretar todos sus cometidos”, la Senaclaft “a pesar de los esfuerzos individuales” y los “notorios avances”, no ha podido gestionar el riesgo a través de un sistema efectivo” y apunta al “escaso cumplimiento de los organismos públicos” en sus obligaciones en la materia, entre otras falencias del sistema.

Para Sabella “nada va a cambiar si las políticas antilavado continúan poniendo foco exclusivamente en la supervisión y sanciones como medio coercitivo para obtener mayores reportes y cumplimiento”, en vez de generar “espacios colaborativos” con los obligados.