Redacción El País
El Estado uruguayo pagó más de $ 155,2 millones, es decir más de US$ 4,12 millones, a una empresa de cable del interior por el cumplimiento tardío de lo resuelto por la Justicia, en más de una ocasión, de revocar la licencia de otro cableoperador.

De acuerdo a la misiva enviada por representantes de Cable Video Uruguay Ltda. a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), con copia al Ministerio de Industria, Energía y Minería, este resarcimiento surge de los “daños y perjuicios” generados a la empresa (que brinda servicios de cable en La Paz y Las Piedras), por parte del Estado. Esto fue al permitir que la empresa VAL S.R.L. (Visión Canaria) continuara prestando servicios de cable en esas localidades, bajo una licencia que debería haber quedado sin efecto por incumplir obligaciones establecidas al momento de otorgársela, en 2004.

Ante el llamado a licitación de una licencia para brindar estos servicios en las localidades mencionadas, los representantes de Cable Video Uruguay solicitan que se suspenda el llamado hasta que se ejecute la revocación de la licencia de VAL S.R.L o, en su defecto, que se les autorice a cerrar la empresa.

Según dice el texto, el cierre sería “debido a la situación insostenible en que se encuentra, producto de las constantes acciones y omisiones de las autoridades, todas ellas conducentes a beneficiar a una empresa competidora ilegítimamente instalada en el mercado (VAL S.R.L.), en perjuicio de la compareciente”.

De acuerdo al documento, VAL S.R.L. obtuvo la licencia en 2004, por lo que estaba obligada a cubrir el 50% del área del servicio urbano en el primer año desde su adjudicación. Sin embargo, esta habría comenzado a brindar sus servicios en 2012.

Por esto, Cable Video Uruguay inició un juicio contra el Estado debido a su “omisión” en revocar la licencia de la otra empresa, el cual tuvo el pago en julio de 2023 de un monto de US$ 4,12 millones, por los daños ocasionados a la empresa entre 2012 y 2013. Además, durante estos 11 años, hubo sentencias en las que se establecía la revocación de la licencia, sin embargo el Estado decidió “confirmar” la licencia de VAL S.R.L. en 2013 y, en 2022, se le brindó una “autorización provisoria” para seguir operando.

Por esto, la misiva afirma que “no solo impugnaremos este llamado sino que promoveremos un nuevo reclamo judicial por el prolongado incumplimiento de lo sentenciado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la pérdida de abonados sufrida a partir de enero de 2014 hasta la revocación de la licencia de VAL S.R.L. y otro por los daños y perjuicios ocasionados a partir de la ‘autorización provisoria’ referida, ya en proceso de anulación ante el TCA”.