El Impuesto Mínimo Globales un asunto que sigue sobre la mesa, la Unión Europea ya lo aplica, América Latina se ha resistido y Uruguay, entre algunos otros países, estudia formas de no verse perjudicado, o de minimizar el impacto. Ese es un resumen de situación de este impuesto que va a contrapelo de los intereses de la política de incentivos fiscales para atraer inversiones extranjeras al país, de ahí la controversia. De su lado, Estados Unidos salió de esta imposición recientemente, tal vez como una medida de intención transaccional, pero otras multinacionales, de origen europeo, ya lo pagan.

A diferencia de las grandes economías mundiales, Uruguay carece de poder real para decir “no” a este tributo que ha establecido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La alternativa que sí tiene Uruguay es adaptarse a la situación de la manera más creativa posible para no quedar tan mal parado. Es decir, podría activar mecanismos que amortigüen o compensen los coletazos, que se evalúan.

Estos planteamientos partieron de los expositores del evento “Impuesto Mínimo Global, ¿cómo afecta al régimen de incentivos fiscales de Uruguay?”, organizado en el marco del posgrado en Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo (UM).

El País.

Los expositores fueron el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y profesor titular Grado 5 de la Universidad de la República (Udelar), Álvaro Romano y el profesor titular de Derecho Tributario en el King’s College de Londres y profesor visitante en el Máster en Droit Européen de la Universidad de Luxemburgo, Leopoldo Parada.

El Impuesto Mínimo Global es una imposición efectiva mínima global del 15% a las empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales, a través de un impuesto complementario a la casa matriz sobre las ganancias.

El objetivo del impuesto, según la OCDE, es eliminar la competencia fiscal entre los países, pero tanto Romano como Parada alertan que esto no será así.

De entrada, Romano señaló que el Impuesto Mínimo Global pretende actuar como una suerte de “cierre final” a las prácticas de erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). En tal sentido, comparó a las reglas para evitar BEPS con las reglas del Impuesto Mínimo Global y remarcó que mientras los primeros atacaban la competencia fiscal “nociva”, estas últimas van en contra de cualquier competencia fiscal, sea nociva o no. Asimismo, apuntó que las reglas para evitar BEPS pretendían gravar las rentas donde se generaba valor, en tanto las del Impuesto Mínimo Global las grava en “alguna jurisdicción” (sin saberse cuál sino en el último momento).

El funcionario del MEF criticó cómo el organismo —la OCDE— ha cambiado las reglas un juego que había establecido previamente y pone una vara más alta con un instrumento que, a su entender, para nada está diseñado con una base equitativa. “Más allá de que el Impuesto Mínimo Global se presenta como una medida que busca objetivos compartibles (evitar el traslado de beneficios, etcétera), en realidad genera ganadores y perdedores. Ganan los países más desarrollados”, lanzó.

Para Romano, en suma, “no es razonable” que el Impuesto Mínimo Global afecte a los incentivos que son efectivos y establezca beneficios en otros casos, interpretando la decisión de la OCDE, entonces, como una manera de hacer retornar las inversiones a los países de origen.

Asimismo, ve al Impuesto Mínimo Global especialmente perjudicial para Uruguay, porque pega directamente en el core de su estrategia país. “Tiene un efecto pernicioso para una economía como la nuestra”, insistió, fundamentando que empresas ya se han ido de Uruguay “por cuestiones como esta”.

Ese impuesto pretende eliminar la competencia fiscal, según la OCDE, pero Romano sostiene que eso es imposible porque se desencadenarán otros instrumentos en ese sentido. “En América Latina se crearán incluso incentivos heterodoxos y descabellados, que no le van a hacer bien a los sistemas fiscales”, proyectó.

Advirtió que no se sabe cómo van a reaccionar los agentes económicos o empresas ante la nueva realidad. Además, planteó que “lo que se dice que se va a recaudar a priori, no va a ser lo que se va a recaudar realmente”.

¿Qué va a suceder? Según Romano, los incentivos no se van a eliminar, sino a transformar y la solución para países como Uruguay podría pasar por pensar en sistemas de crédito reembolsables para las empresas que tengan que pagar el Impuesto Mínimo Global u otros mecanismos que busquen compensar y que no violen las restricciones de la OCDE en esta materia. También se maneja la alternativa de incentivos calificados específicos para cada inversión y que no tengan que ver necesariamente con un impuesto determinado, entre otras bajo estudio.

Por su parte, Parada compartió la posición poco optimista de que el Impuesto Mínimo Global va a afectar la competitividad de muchos países —Uruguay incluido— y no solo eso, sino que “hay que adaptarse a lo que hay”, dijo, apuntando a la vulnerabilidad de muchos países sin músculo para oponerse.

Su propuesta es que los países en desarrollo elaboren una estrategia integral que vaya más allá de la captación de inversiones, para salir adelante.

Coincidió en que el Impuesto Mínimo Global no eliminará la competencia corporativa, sino que la transformará (por ejemplo, se crearán nuevas exenciones de IVA u otros beneficios), y que los inversores van a mirar más otras condiciones que ofrezcan los países (como sus infraestructuras, calidad del transporte, etcétera).

Parada, que asesora a gobiernos de países en desarrollo sobre cómo enfrentar el Impuesto Mínimo Global, como Curazao, insistió en que el Pilar II (que introduce el denominado tributo del 15% sobre los beneficios de las empresas multinacionales, independientemente del lugar donde se generen) dista de ser generador de más ingresos. “La oportunidad de eliminar el factor corporativo puede ser identificar mejor qué incentivos fiscales funcionan y cuáles no”, afirmó.

Romano recordó que aún existen muchas cuestiones a incorporar en el cuerpo normativo del Impuesto Mínimo Global, más últimamente con la posición de Estados Unidos al respecto. “Así que seamos cautos, porque el Impuesto Mínimo Global tendrá cambios”, advirtió.

En relación a las pocas chances reales de Uruguay para oponerse al Impuesto Mínimo Global y a la necesidad de adaptarse a este, el profesor de Tributación Internacional en la Facultad de Derecho de la UM y moderador del evento, Carlos Loaiza Keel concluyó parafraseando una cruda realidad: “Si no somos parte de la mesa, somos parte del menú”.

El riesgo para Uruguay del Impuesto Mínimo Global es la dificultad que acarrea para el régimen de zonas francas y el posible escenario de que la nueva normativa de la OCDE ahuyente a las empresas extranjeras y sus capitales. Por un lado se les otorgan beneficios fiscales para instalarse y permanecer en el país, pero por otro lado está el requisito a nivel mundial de un nuevo desembolso del 15% de sus ganancias en algunos casos.

Los ingresos que se generan en Uruguay a través de las zonas francas representan alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, un porcentaje importante que, al decir de los economistas, “hay que cuidar”, pero no será fácil ante la nueva imposición.

Aún es prematuro medir el impacto a ciencia cierta del nuevo impuesto (en gran parte porque este no es lineal), pero hay cierto consenso en que hay que cumplir con las disposiciones internacionales, aunque pesen.