Consultor Tributario: Desafíos fiscales de Latinoamérica y la Cumbre de Cartagena

Escribe Pablo Ferreri, exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas e integrante del subcomité de tributación de la riqueza de la ONU.

Pablo Ferreri. Foto: Darwin Borrelli
Pablo Ferreri.
Foto: Darwin Borrelli

Por Pablo Ferreri, exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas e integrante del subcomité de tributación de la riqueza de la ONU

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América Latina y el Caribe tiene importantes desafíos en materia fiscal, los sistemas tributarios de nuestro continente (con algunas excepciones*) en general están diseñados para recaudar poco y mal, sumado a esto, la falta de institucionalidad robusta en algunos casos y la limitada capacidad de control y sanción en otros hace que sobre lo diseñado se recaude aún menos y de peor manera.

A su vez, el continente no ha logrado tener una postura coordinada en los organismos internacionales donde se discute la fiscalidad, por lo cual las decisiones allí adoptadas muchas veces no han tenido en cuenta sus intereses.

De esta forma, en el continente más desigual del mundo (donde el 1% más rico concentra el 41% de la riqueza y el 10% más rico el 72%) los sistemas tributarios en general no recaudan lo suficiente para prestar servicios públicos universales y de calidad y no sólo no colaboran con la reducción de la desigualdad, sino que muchas veces la empeoran.

Contamos con sistemas regresivos, donde la evasión refuerza la desigualdad, ya que son los propietarios de grandes fortunas quienes cuentan con la capacidad económica necesaria para financiar estructuras de opacidad para evadir el pago de impuestos.

La presión tributaria promedio de América Latina es de 23% del Producto Interno Bruto (PIB), 11 puntos menos que el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En cuanto a la evasión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la misma equivale al 6,1% del PIB de la región, las tasas de evasión fiscal estimadas para el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre la renta empresarial en América Latina se han mantenido en una media del 44% y el 58%, lo que significa que las autoridades tributarias recaudan menos de la mitad de los ingresos que teóricamente deberían recaudar.

Además, se calcula que el 27% de la riqueza de la región (equivalente a 900.000 millones de euros) se mantiene offshore.

Por otro lado, a nivel internacional los acuerdos globales sobre temas tributarios han ocurrido hasta ahora principalmente en el seno de la OCDE** con la “iniciativa para combatir la erosión de la bases tributarias y traslado de beneficios”.

Se han logrado avances, pero no contemplan de la mejor manera los problemas y necesidades de los países en vías de desarrollo, ya que, con la redistribución propuesta, la mayor parte de los recursos tributarios quedarán en los países de altos ingresos.

Los países latinoamericanos y del Caribe han concurrido a estas instancias de negociación de manera individual y poco coordinada, lo cual ha hecho que su voz no tenga el peso necesario para que se contemplen sus necesidades.

Por todos estos aspectos es que generar ámbitos regionales de discusión en materia fiscal es más necesario que nunca, ya sea para coordinar posiciones ante negociaciones internacionales, o para lograr avances en tener sistemas tributarios que permitan financiar bienes y servicios públicos de calidad de manera justa y equitativa.

Es por ello que la firma de un acuerdo latinoamericano y caribeño para una “tributación global, incluyente y equitativa”, realizado el 27 de Julio en Cartagena (Colombia), iniciativa liderada por los gobiernos de Colombia, Brasil y Chile y al que se sumaron varios países de la región, puede considerarse un hito necesario, que puede marcar el inicio de un nuevo camino de cooperación regional que permita afrontar los desafíos descriptos anteriormente.

Esta plataforma contará además con la secretaría de la Cepal, y consultará de manera permanente a la sociedad civil, al sector privado y a la academia.

Ojalá esto permita a los gobiernos de nuestro continente trabajar de manera colaborativa y sostenida en el tiempo, para generar una mejor calidad de vida de los ciudadanos, atendiendo de mejor manera las necesidades económicas y sociales a las cuales se suman los desafíos que nos impone el cambio climático.

* En los casos de Argentina, Brasil y Uruguay la presión tributaria es bastante superior a la promedio de América Latina y el Caribe.

** A instancias del G20, el Marco Inclusivo de la OCDE tuvo el mandato de lograr un acuerdo mundial, fundamentalmente sobre la tributación de las empresas multinacionales en el nuevo mundo de la digitalización de la economía (Pilar 1) y un impuesto mínimo corporativo (Pilar 2).

Un pacto para vivir...y negociar
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Carlos Loaiza Keel, abogado tributario y corporativo.

Por Carlos Loaiza Keel, abogado tributario y corporativo

Luego de participar a fin de julio en la primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe por un Pacto Fiscal Inclusivo, Sustentable y Equitativo, iniciativa de la sociedad civil promovida por los ministerios de Economía de Colombia, Chile y Brasil, el contador Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía y Finanzas e integrante del subcomité de tributación a la riqueza de la Organización de Naciones Unidas (ONU), comparte sus ideas en este nuevo número de Consultor Tributario.

Además de agradecer a Pablo por hacer su aporte a este espacio, que tiene por propósito alentar el debate informado e inteligente desde una perspectiva plural, no puedo dejar de aprovechar esta página para destacar algunas ideas fuerza que subyacen en su columna.

Vivimos en el continente más desigual en materia de concentración de la riqueza, en un mundo en el que además este fenómeno se ha acelerado en los últimos años. Ello, más allá de los reparos por conciencia moral que pueda suponer, hace en términos pragmáticos que nuestras sociedades sean cada vez más inseguras y hostiles, con un claro fenómeno de polarización que, siguiendo en esto a Michael Sandel, supone un deterioro de la calidad de la democracia. Uruguay es, por cierto, un gran ejemplo en sentido contrario, y es algo que debemos proteger.

Por otro lado, en AméricaLatina y el Caribe, a este fenómeno de concentración de la riqueza se suma una presión fiscal baja y una alta tasa de evasión, lo que no solo contribuye a que el fenómeno se intensifique, sino que quita herramientas para contrarrestarlo (Uruguay también es una excepción en esto).

Los países centrales, por su parte, están decididos a evitar el fenómeno de la erosión fiscal de sus bases fiscales, y para ello se valen de procesos globales en el seno de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero lógicamente en esos procesos, los países latinoamericanos no tienen una voz única y sus intereses no son los que se privilegian.

Por ello es que es tan relevante la firma del acuerdo latinoamericano y caribeño para una “tributación global, incluyente y equitativa” al que refiere Pablo y celebramos, una plataforma que contará con la secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y recibirá los aportes permanentes de la sociedad civil, la academia y el sector privado.

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