Consorcio pidió al BCU se expida por calificación de fideicomiso

Un capítulo más del enfrentamiento entre la firma de grupos de ahorro previo Consorcio del Uruguay y el Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay, se dio ayer cuando el primero presentó un escrito ante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) por la nota que la calificadora de riesgo CARE otorgó al fideicomiso.

El escrito de Consorcio -al que accedió El País- solicita "al BCU que se expida sobre" la calificación de BB (uy) que otorgó CARE a Campiglia-Pilay, "en cuanto contiene contradicciones". Previamente, la agencia Standard & Poor`s había calificado como uy BBB a los títulos de deuda del fideicomiso pero no a los certificados de participación que son los que compran los inversores.

El escrito de Consorcio, pide al BCU "que obligue a Pilay a retirar de su página web la página que bajo el título `Seguridad de los fideicomitentes` induce a error sobre la calificación de riesgo otorgada por Standard & Poor`s, en cuanto se comunica que los certificados de participación cuentan con grado de inversión". El abogado de Consorcio, Gonzalo Ramírez dijo a El País que "con la calificación de CARE quedó comprobado que no tienen grado inversor, sino grado especulativo e implica una inversión de riesgo".

Empero, en una nota que Campiglia-Pilay envió a El País, la empresa asegura que "Standard & Poor`s mantuvo la calificación `uy BBB` oportunamente asignada a los títulos de deuda emitidos por el fideicomiso, la cual señala la probabilidad de pago en tiempo y forma del capital e intereses de los títulos de deuda serie 1. Nuevamente consideró que existían flujos suficientes para garantir el normal pago de los títulos de deuda serie 1 en la fecha de su vencimiento legal y cumplir con el proyecto constructivo".

CARE se basó en un informe jurídico del estudio Olivera para indicar que el fideicomiso tiene un riesgo jurídico "moderado". Para Consorcio hay una "contradicción" en ello, porque el informe de Ricardo Olivera García indica que "a la fecha se encuentran iniciadas varias acciones de nulidad contra las resoluciones adoptadas por el BCU y el propio Ministerio de Economía relacionadas con el proceso de inscripción del fideicomiso en el registro de valores del BCU, lo cual impide afirmar que la referida estructura se encuentra a resguardo de eventuales contingencias jurídicas".

Para Campiglia-Pilay, el informe de Olivera es claro en indicar que "la resolución adoptada por el BCU que tomó posición respecto a que la actividad de Pilay no califica como un grupo de ahorro previo sujeto a la normativa de tales entidades, si bien fue recurrida oportunamente por Consorcio, luego no habría promovido por éste la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso".

El Banco Central consideró que, al no haber recurrido Consorcio, ese aspecto quedó como acto administrativo firme.