Columna de APPCU: obstáculos hacia el desarrollo

Años atrás, el Presidente argentino Macri derogó una serie de decretos vinculados al agro, que al parecer lo único que hacían, era fomentar la burocracia y el desaliento de los productores. Recuerdo escuchar a un directivo de una sociedad rural argentina absolutamente estimulado, mencionando que ese solo gesto del gobierno, ya los había motivado al sentirse escuchados y además complacidos.

Porque a veces sucede eso: el jerarca podrá disentir con nuestro planteo pero es buena cosa que establezca una relación empática con el usuario para poniéndose de su lado, entenderlo mejor y llegar a una definición con sentido común. La misma podrá gustarnos o no.

Días atrás escribíamos refiriéndonos a la inversión y cómo fomentarla, que ella requería de una sólida política macroeconómica, de seriedad institucional de la República y de estímulos para invertir. Estos estímulos muchas veces resultan determinantes, como pasó con la vivienda de interés social, hoy promovida, que si no se producían, los promotores no hubieran ido a construir a barrios alejados de la costa, como así aconteció y sigue aconteciendo.

Los estímulos que da el gobierno y que le dio además a UPM, tienen una razón de ser: los costos de producir en este país son cuantiosos, la productividad de la mano de obra deja que desear y además entre otras perlas, estamos sujetos a regulaciones que obstaculizan el negocio todo lo posible. Las citadas regulaciones, desmotivan, demoran la ejecución de la inversión y en definitiva no ayudan a la búsqueda de la demanda de empleo, porque mucho inversor desiste en su intento de concretar un emprendimiento.

En Chile hay una cultura distinta. Alfombra roja al inversor, nada de trabas innecesarias, declaración jurada manifestando la seriedad del negocio, con transparencia y sin prácticas corruptas. Y se comienza. Eso sí; si al inversor se lo agarra incurso en alguna infracción, le cae todo el peso de la ley y todo volverá a fojas cero.

Como decimos, aquí sucede lo contrario.

¿Qué clima de negocios tenemos en nuestro país? Podemos decir que hay seguridad jurídica y que el gobierno respeta las normas; no sucederán cambios intempestivos. Pero el costo del Estado cae con todo su peso sobre el inversor privado y allí la carga impositiva y las tarifas de las empresas públicas, castigan sin piedad. La gente del campo no se movió por generación espontánea. Se cansaron, muchos dejaron la actividad, otros la quieren seguir luchando pero no lo pueden hacer si el interlocutor se hace el desentendido.

Además el factor seguridad y el factor educación, juegan su partido y también allí el inversor posa su mirada. ¿Qué país puede llegar al desarrollo cuando un porcentaje altísimo de su estudiantado no termina el bachillerato? Imposible. Como consecuencia, casi directa, tenemos la inseguridad que tenemos, las cosas no pasan por casualidad, aunque se valora el esfuerzo de las jerarquías por revertir la situación, y las estadísticas mejoran. Dato…

Entonces si necesariamente bajáramos el costo de tanta cosa, no solamente en dinero sino en allanamiento de trámites innecesarios, tal vez no sería necesario pedir tanto estímulo.

Transparencia, flexibilidad laboral que no quiere decir dejar inermes a los obreros, trabajar en la productividad, bajar la burocracia, menor carga impositiva, achicar el número de funcionarios públicos, estímulos a los inversores, son medidas que irían en ese sentido, sin perjuicio de que mejoraríamos la competitividad y el atraso cambiario dejaría de ser una suerte de acertijo.

Esto sucede en el mundo desarrollado y solo falta salir para constatarlo. Copiar lo que da resultado y aplicarlo, no nos menoscaba como país. Por el contrario.