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Columna de APPCU: medias verdades y distorsiones.

Si existe una equivocación en la ley sobre vivienda promovida, antes llamada vivienda de interés social, se relaciona con los destinatarios de la misma cuando en la citada ley 18795.

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Aníbal Durán
Aníbal Durán.
Foto: APPCU

Su artículo 3ro reza “los proyectos beneficiados deben cumplir alguna de las siguientes condiciones: ampliar la cantidad de viviendas de interés social disponibles, facilitar el acceso a la vivienda de los sectores socio económicos bajos, medios bajos y medios de la población, etc…, etc…”.

La idea primigenia no fue esa. APPCU mentora de la misma, pensó en deciles más altos o medio altos y ese fue el espíritu siempre. Los deciles más bajos ya son resorte y en cooperación con el sector privado, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como sucede ahora con el plan “Entre Todos”.

En primer lugar, rebatimos lo que dice el portal Infocasas, ya lo hemos hecho, cuando afirma que el 83% de los apartamentos comprados bajo este régimen fue para inversión y solo el 17% para vivienda de uso personal. Ignoro donde hizo el relevamiento el citado portal, pero precisamente son los promotores privados quienes invierten, construyen y venden y están contestes que esas cifras ignoran la realidad. No podemos decir taxativamente los porcentajes, pero sin duda hay mucha más vivienda para uso final que para inversores.

Hay declaraciones del secretario de FUCVAM, Gustavo González, que son lapidarias, pero por lo inexactas. Como decir que es “vergonzoso para el país” y que lo único que logró “fue llenarles los bolsillos de plata a los inversores”. Enorme dislate. A esta ley se refiere.

Así que repoblar Montevideo y darle a la ciudad un marco estético mucho más significativo es vergonzoso. Lo han dicho urbanistas de fuste, que Montevideo luce otra ciudad con todas las construcciones que se han realizado. Nos lo dijo la senadora y otrora intendenta de Montevideo Ana Olivera, del Partido Comunista como el Sr González, que le habíamos dejado una ciudad mucho más linda.

Así que, dar trabajo a miles de obreros, de profesionales, a que la construcción tenga un dinamismo virtuoso, donde trabajan barracas, fleteros, donde además se ha logrado casi que un número estructural de dependientes en el BPS, cercano a los 60 mil, es vergonzoso.

Una media verdad del secretario de FUCVAM; habla solamente de la renuncia fiscal, técnicamente hablando lo es. Y menciona millones de dólares que se perdió el gobierno en un año, 70 millones. Lo que omite decir y somos muy recurrentes con el tema, es que los promotores no iban a las zonas donde se delimitó la vivienda promovida. Ergo no había nada, no se construía, no había oferta de trabajo y el gobierno no tenía ingresos. El 100% de 0 es 0. Con esta ley, donde solamente se le exonera al promotor algunos impuestos, deben pagar tributos las empresas constructoras, los proveedores de insumos, los distintos profesionales, se genera el aporte unificado de la construcción para el BPS y sustancialmente, se generó una demanda de empleo colosal, que el Sr González omite mencionar.

Seguramente sea mucho más lo que recauda el gobierno con la actividad de vivienda promovida que dinamiza la economía, como por ejemplo, decenas de pequeñas industrias que trabajan, que lo que se exonera. Sutilmente, se omite.

Además, y según la consultora Exante la mayor oferta de alquileres permitió una baja en el precio de los mismos, existiendo una tendencia a la baja de un 12% entre 2017 y 2023, situación que se extrapola también a los barrios costeros porque deben de medirse los propietarios en el precio, ante la baja en el precio de barrios cercanos.

Se dinamizó el interior con esta ley y allí Canelones viene segundo en cuanto a inversiones, pero también Maldonado, Paysandú, Salto, Colonia, Cerro Largo, Durazno, Florida… entre otros departamentos, vienen construyendo la vivienda promovida.

Nadie objeta que se reactive el Fondo Nacional de Vivienda como solicita Gustavo González, seguramente para incentivar la demanda de sectores bajos de la población, pero dejar la construcción de la vivienda en manos del gobierno de turno en forma exclusiva, suena a colectivismo, a que el privado desaparezca, seguramente en consonancia con la ideología del secretario de Fucvam.

Además, y como dato anecdótico, que marca un destacado directivo de la gremial, desde el segundo semestre del 2020 en adelante, los precios en Unidades Reajustables han bajado en forma sostenida. El promedio de ventas del 2do semestre de 2023 fue inferior a cualquier semestre del gobierno anterior.

Pero además el supuesto valor alto que atribuye González a la vivienda promovida tiene que ver con los altísimos costos para construir una vivienda. Desde el terreno, la mano de obra, los insumos muchos en dólares, etc… El Indice del Costo de la Construcción que elabora el Instituto de Estadística subió en términos reales y eso le pone un piso alto a los precios.

En fin; se trata de no estigmatizar y que los aspectos ideológicos no se mezclen con una fuente laboral genuina y que solo da ganancia al gobierno (pamplinas lo de la pérdida fiscal) y a la población media alta, que viene invirtiendo en forma masiva.

No apuntalar esta ley sería darnos un tiro en el pie y los que más lo sentirán son sin duda los obreros del sector que en un número cuantioso, ayudan a la cifra estructural que tiene la construcción en la fecha, ya mencionada.

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