Aprueban subasta de banda celular que genera polémica con privados

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El Consejo de Ministros firmará mañana el decreto que completará el pliego de la subasta para las frecuencias radioeléctricas. Políticos de la oposición y la Cámara de Telecomunicaciones ven con preocupación las facilidades de Antel frente a sus competidores.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, informó en la Comisión de Industria del Senado que mañana se firmará en el Consejo de Ministros el pliego definitivo para que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) pueda anunciar la futura subasta de los bloques de radiofrecuencias por las que competirán las empresas privadas de telefonía móvil.

Lo que se pondrá en juego es nada más y nada menos que las frecuencias para operar la banda de telefonía de 4ª Generación (4G) por los próximos 20 años, codiciada por Antel y sus competidores privados. Hoy la tecnología 3G tiene un 90% de cobertura en el país y si bien permite ofrecer algunas funciones para teléfonos inteligentes (como recibir correos electrónicos, intercambiar datos y acceder a Internet)), su velocidad es baja. La 4G ofrece mayor velocidad de navegación y permitirá incorporar más funciones a los dispositivos que se utilicen.

Para brindar sus servicios de datos y telefonía móvil las empresas necesitan utilizar espectro radioeléctrico. Cuanto más tengan asignado, mayores son las prestaciones que pueden ofrecer a sus clientes en calidad de servicio y en ancho de banda (tanto para llamadas como para navegar en Internet).

A raíz de la inquietud planteada por los privados de tener mayor asignación de frecuencias, Kreimerman informó que se aprobó un aumento en los bloques a subastarse. La resolución fue ratificada por el Poder Ejecutivo y agrega tres bloques más (120 MHz en total). Esto demoró el proceso más de un año. El ministro enfatizó que "la promulgación del decreto (de la subasta) podría haber sido mucho antes", pero que se buscó contemplar los pedidos de las empresas telefónicas. "Estamos logrando una óptima subasta para culminar un tema que hubiésemos querido resolver en poco tiempo", dijo.

El precio base de las frecuencias que se licitarán asciende a US$ 7,5 millones de base por cada bloque. "Quizás sea la subasta más grande realizada hasta el día de hoy", dijo el ministro. Agregó que la adjudicación otorga el derecho de uso por 20 años.

Del total de frecuencias en uso actualmente, el 49% son de Antel, el 31% de Movistar y el 21% de Claro. Los datos responden a las adjudicaciones que se han realizado y en el orden que las empresas se fueron desarrollando, enfatizó el ministro.

No obstante, esto representa uno de los puntos de mayor desacuerdo entre las diferentes compañías de telefonía.

POLÉMICA. Para la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, Antel adquirió frecuencias sin autorización del gobierno, hecho que "afecta la sana y libre competencia, restringiendo la libertad de los usuarios actuales y futuros de los servicios, impactando en el desarrollo del país", según un comunicado emitido por la gremial.

La licitación tendrá lugar en las oficinas de la Ursec, aunque por el momento no hay fecha establecida. Serán dos subastas y la segunda es la que representa el mayor problema para los interesados, puesto que se rematarán 20 MHz y para que la tecnología funcione de forma óptima se precisan al menos 30 MHz, dicen los privados. A Antel ya se le reservaron de forma directa 40 MHz y no competirá con las privadas en la subasta, si bien allí se definirá lo que la estatal pagará por el uso.

En tal sentido, los privados aún mantienen dudas sobre si participar en la segunda subasta, ya que entienden que por menos de 30 MHz no es posible dar buenos resultados a los clientes. Una solución podría ser que Antel dé al menos 10 MHz de los 40 que ya opera.

La CTU solicitó al Poder Ejecutivo que se disponga "dejar sin efecto la autorización de uso establecida a favor de Antel para operar las frecuencias radioeléctricas y se determine el cese inmediato de las promociones comerciales que está realizando dicho operador".

Además pidió que se "proceda a redistribuir el espectro correspondiente a dichas frecuencias de forma justa y equitativa en calidad y cantidad conforme a los dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico".

OPOSICIÓN. En la Comisión de Industria, el senador por el Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que el país "necesita dar seguridades jurídicas a todos quienes invierten, trabajan y están ejerciendo libremente de acuerdo al ordenamiento jurídico. Este hecho me preocupa mucho porque hace cinco años que Antel utiliza la banda de 900 MHz y en abril de 2007 la Ursec la multó por ello".

Bordaberry enfatizó que, más allá de los hechos de público conocimiento, "Antel continúa utilizando la banda en forma ilegal. Me parece que eso le causa daño al país. Además se autorizaron asignaciones de frecuencia para cuarta generación, nuevamente de manera ilegal e irregular".

El senador por el Partido Nacional Luis Alberto Heber coincidió con Bordaberry.

"Si vamos a dar el monopolio a Antel, sería importante que en el Uruguay todos supieran que la actitud del Poder Ejecutivo es, justamente, dar el monopolio a Antel mediante un proyecto de ley y no por la vía de los hechos. Personalmente creo en la necesidad de que haya competencia", afirmó el legislador y remarcó que no entiende cuál es el procedimiento en torno a este tema puntual.

Millones de dólares es el monto mínimo por el que la Ursec rematará los bloques de frecuencias radioeléctricas de 4ª Generación.

Años será la duración de los contratos de explotación de las frecuencias para aquellas empresas que ganen la subasta.

La presidenta de Antel, Carolina Cosse, quien también asistió a la Comisión de Industria del Senado, dijo que es difícil calcular el costo que representa para Antel la instalación de fibra óptica por hogar. De todos modos, dijo que "la cifra a la que hemos llegado en Uruguay, ajustándonos lo más exactamente posible a la realidad, va a estar por debajo de los US$ 500 por hogar".

Según Cosse, "se ha optimizado la forma de trabajar, se han tomado algunas decisiones de ingeniería que por no ser un proyecto piloto y por tener escala nacional, le permiten a Antel tomar esas decisiones de ingeniería que agilitan la instalación y abaten los costos". Estos costos incluyen todo: la infraestructura de red, la acometida de fibra al hogar y dentro del hogar el tendido de fibra y la instalación de un módem.

El mayor punto de discrepancia de los privados en torno al proyecto es que las inversiones no se están realizando de forma "racional y coherente" y difieren en cuanto a que no es válido que se plantee la fibra óptica "como un negocio para todo el mundo".

Empresarios privados indicaron a El País que el Estado está haciendo un "gasto enorme por una necesidad relativa" y que "los privados podrían complementar esto y el Estado invertiría ese dinero en otras necesidades".

Según la presidenta de Antel, desde 2011 a la fecha se llevan invertidos US$ 76 millones en dicho proyecto y recordó que estiman la inversión total en US$ 500 millones. Se prevé que para fines de 2012 haya 240.000 hogares pasados y 50.000 servicios activos. Para el 2013, en tanto, se llegará a cubrir 500.000 hogares y más de 150.000 servicios activos.

Tras la consulta del senador nacionalista Luis Alberto Heber sobre quién paga los US$ 500 millones de inversión, Cosse informó que "durante toda su historia Antel ha financiado sus propias inversiones; no se ha endeudado para ninguna de las inversiones de infraestructura que llevó adelante y está realizando todo su presupuesto de inversiones actual de la misma manera. Esto se hace con fondos propios, la empresa no se endeuda".

El presidente de la Unidad Reguladora de Servicios y Comunicaciones, Gabriel Lombide, dijo a El País que hay una gran expectativa puesta en la subasta de los bloques en primer lugar por los montos mínimos y también por la puja que habrá entre las empresas. En la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay (CTU), en tanto, dijeron que aguardan la firma definitiva del pliego de mañana en el Consejo de Ministros para ver qué pasos se seguirán. "Vamos a ver qué es lo que sale como decreto definitivo y a partir de ahí veremos si llevamos adelante acciones legales y de qué tipo", afirmó una fuente.