COMPETENCIA

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió una resolución a través de la cual alertó al gobierno y a los actores privados del mercado de la carne vacuna y avícola, sobre los riesgos de “sostener actuaciones que puedan favorecer un acuerdo de precios entre competidores”.

El mensaje de la comisión involucró al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a la Dirección General de la Granja, al Instituto Nacional de Carnes (INAC) y a los agentes privados de dichos mercados.

La resolución de la CPDC se dio luego de que entre los meses de marzo, abril y mayo, el gobierno anunciara diferentes medidas tales como la exoneración transitoria del IVA al asado, así como el congelamiento de los precios de los cortes de carne con hueso y de los huevos, con el objetivo de contener la suba de precios acentuada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hay un acuerdo con los miembros de la cadena cárnica de no aumentar el precio de los cortes con hueso”, había dicho en rueda de prensa el presidente de la República Luis Lacalle Pou, en marzo de este año.

En la misma línea, el subsecretario del MGAP, Juan Ignacio Buffa, había celebrado la decisión de mantener congelados los precios. “Gracias a los productores de huevo por este esfuerzo en este marco de gran volatilidad. Un esfuerzo que llega a la mesa de los uruguayos de este importante producto”, dijo en ese momento.

Sin embargo, el especialista en temas de competencia, Sebastián Fleitas, cuestionó en ese entonces la legalidad de dichos acuerdos, así como también los que habían sido anunciados por el MEF en mayo de 2020, al inicio de la pandemia del covid-19. En ese entonces, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche había informado que la intención del equipo económico era acordar el congelamiento del precio de 84 productos de una canasta básica durante tres meses.

“Medidas como acuerdos de precios parecen ser del gusto de hacedores de política” y “en la historia económica reciente de Uruguay tenemos ejemplos que muestran que estas medidas se realizan de forma recurrente, en general en contextos inflacionarios”, había indicado Fleitas en ese momento.

Por ese motivo, el especialista realizó una consulta ante la CPDC, quien respondió que comenzaría “una investigación (medida preparatoria) para analizar si existieron acuerdos de precios” o no.

A partir de ese trabajo, la CPDC concluyó que en el caso de la ley que exoneró de IVA al asado, la reducción era “temporal” y con el objetivo de que la medida “transitoria” lograra incidir “positivamente en una reducción del precio de este producto de consumo popular”.

Por ese motivo, la CPDC entendió que “primaron razones de interés general” para la aprobación de esa ley.

Asimismo, el organismo indicó que no hubo discrepancias entre lo declarado por los actores privados y el gobierno, al ser consultados por la CPDC en cuanto a si realizaron un acuerdo de precios o no.

Los actores involucrados fueron: la Asociación de Productores Avícolas Sur, la Cámara de la Industria Frigorífica, la Unión de Vendedores de Carne, el INAC y la Dirección General de la Granja.

¿Cuál fue la respuesta de los implicados?

Todos coincidieron ante la CPDC en que no participaron ni directa ni indirectamente “en ningún tipo de acuerdo tendiente a fijar los precios de venta al público”.

La Unión de Vendedores de Carne fue más allá y afirmó que “no suele dirigirse a sus asociados mediante imposiciones de ningún tipo”, por lo que enfatizó en que los carniceros asociados “tuvieron absoluta libertad e independencia” para fijar los precios.

En una línea similar, el INAC respondió a la CPDC que su accionar se limitó a trasladar “a los distintos actores de la cadena productiva, la preocupación de que la reducción temporal del IVA llegara al consumidor”.

Tanto el INAC como la Unión de Vendedores de Carne y la Cámara de la Industria Frigorífica afirmaron que “no existió ningún compromiso vinculante” respecto a los precios y que “no existió una obligación” de los actores “de vender a un precio determinado o de reducir el costo”.

No obstante, INAC admitió que “sí se hizo referencia en numerosas oportunidades a una especie de acuerdo”, pero argumentó que “fue simplemente por un tema semántico para trasladar en lenguaje asertivo y sencillo al consumidor, el mensaje de que los precios no iban a subir en base a la expectativa manifestada por el sector productivo al ponderar la exoneración del IVA”. El IVA se quito al asado, pero no a todos los cortes con hueso que mantuvieron su precio un mes.

Pese a que en la resolución se afirmó que la CPDC no encontró “mérito para proseguir” con la investigación, el organismo resolvió emitir una recomendación al MGAP, a INAC, a la Dirección General de la Granja y a los actores privados involucrados.

Entre los contenidos de esas recomendaciones, la CPDC alertó “respecto al riesgo desde el punto de vista de la defensa de la competencia, de que se verifique cualquier elemento que pueda propiciar la concertación de manera directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales”.

En este sentido, desde la comisión enfatizaron en que el precio de los productos “es una de las variables más importantes al momento de competir, pues los consumidores a través del mismo, deciden qué productos elegir” y “las cantidades a consumir”.

En ese sentido, la comisión indicó que para que un mercado sea competitivo, “las empresas deben fijar en forma autónoma sus políticas comerciales” y afirmó que la CPDC “entiende que los anuncios públicos respecto a la formación de precios, pueden contribuir a vulnerar la normativa de competencia”.

En otra de las recomendaciones a los actores involucrados, el organismo alertó sobre “el riesgo desde el punto de vista de la defensa de la competencia, de realizar comunicaciones vinculadas a la formación de precios en una cadena productiva, que puedan favorecer ciertas prácticas anticompetitivas, como la colusión”. Este término hace referencia a la práctica en la que las empresas se acostumbran a fijar precios en conjunto, en lugar de competir entre sí.