La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió un comunicado, donde señala que la explotación de juegos de azar no autorizados en Internet está prohibida en el país, de acuerdo con la Ley N° 19.535, los artículos 244 y 245, y el Decreto N° 366/2017.
El organismo enfatizó que no solo está prohibida la explotación de juegos de azar y apuestas en línea no autorizados, sino también cualquier publicidad o promoción relacionada con estas actividades.
JUEGO CLANDESTINO
Señala también que los sitios web no autorizados que permiten la participación en juegos de azar constituyen una nueva modalidad de juego clandestino en Uruguay. El comunicado advierte que estos sitios ilegales no cuentan con las garantías ni los avales que el Estado ofrece a través de sus operadores autorizados, lo que significa que los usuarios no pueden estar seguros de la transparencia ni de la legalidad en el cobro de premios.
Además, la explotación comercial de estos juegos a través de Internet por parte de personas físicas o jurídicas responsables de estos sitios no contribuye a la comunidad ni realiza aportes fiscales, eludiendo la normativa vigente.
JUEGO RESPONSABLE
La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas también destacó que estas organizaciones ilícitas no cumplen con ninguna política de juego responsable. A diferencia del juego regulado oficialmente, el producido por el juego ilegal no beneficia a la comunidad ni contribuye al interés colectivo, como sí lo hace el dinero recaudado en los juegos autorizados, que se destina a fines sociales y de bienestar.
El organismo responsabiliza a quienes ofrecen, promueven o difunden los sitios de apuestas no autorizados, instando a los medios de comunicación a abstenerse de contribuir con la difusión de estas plataformas ilegales.
COMPROMISO
Finalmente, reafirmó su compromiso con un marco regulatorio responsable y dejó en claro que la publicidad de los juegos de azar solo debe realizarse bajo normativas específicas y dentro de los operadores autorizados. Este compromiso busca garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las regulaciones fiscales y de responsabilidad social en el sector, indica el comunicado.