Redacción El País
El Pacto Global de laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) presentó la problemática de corrupción en el sector privado en un evento realizado en la Universidad Católica (UCU) donde las autoridades resaltaron la importancia de generar espacios de diálogo sobre este problema del que no se habla, ya que el que domina es la corrupción a nivel público.

El Coordinador de Grupos de Acción Colectiva en Anticorrupción del Pacto Global de Naciones Unidas, Fabián Espejo, resaltó la sostenibilidad como uno de los principales desafíos, por lo que señaló que para combatir la corrupción es necesario abordar acciones colectivas que se sostengan en el tiempo.

Por otra parte, Espejo hizo referencia al movimiento de transparencia de la ONU que reúne empresas privadas y al sector público con el objetivo de crear acciones colectivas aplicadas a cada sector de actividad.

En referencia a Uruguay, Espejo indicó a El País que cuenta con potencial para establecer acciones anticorrupción con una comunidad empresarial “activa y comprometida” y que el país puede actuar como referente en la materia para la región.

En ese sentido, Espejo indicó que en Latinoamérica uno de los casos más habituales consiste en favorecer a círculos cercanos de familiares y amigos dentro de empresas u organismos.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, Uruguay se ubica en el primer lugar del Índice de Transparencia Internacional. Sin embargo, el director de las carreras de abogacía y notariado de la UCU, Julio Lens, destacó que una de las principales problemáticas que presenta Uruguay y que apuntan a la corrupción es su característica de país pequeño.

A nivel normativo, Lens se refirió y calificó como positiva la ley que condena el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos aprobada en setiembre de este año.

Por otra parte, también hizo referencia a la Junta de Transparencia y Ética Pública a propósito de corrupción entre privados y sostuvo que más allá de algunos intentos, aún no hay una herramienta concreta que aborde el asunto.

Lens también indicó que algunas manifestaciones de corrupción privada no están catalogadas como tales ya que en algunos casos no existe engaño, lo que vuelve aún más compleja la posibilidad de definirlas.

Otro de los temas que abordó Lens fue el del financiamiento de la campaña política, a propósito de la que indicó que Uruguay tiene una democracia robusta con “mecanismos reales de imputación y persecución” que benefician al cumplimiento de las normativas por parte de los privados.

Por otra parte, también se refirió a la responsabilidad penal de personas jurídicas y sostuvo que el cumplimiento de un programa normativo seguro incita a la inversión.

Sin embargo, a pesar de que las posibles multas económicas motivan a las empresas a adaptarse a la normativa, la existencia de las mismas “no asegura su cumplimiento”, según Lens.

El encuentro también tuvo un espacio en el que se plantearon herramientas de anticorrupción para pequeñas y medianas empresas (pymes), donde fue el turno del Network Manager de Alliance For Integrity LATAM, Leandro Arreagada, para debatir sobre el tema.

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Arreagada sostuvo que algunos mecanismos vinculados a derechos humanos funcionan de manera transversal, lo cual despierta interés por abordar estos temas entre las empresas.

Uno de los proyectos resaltados por el network manager fue el programa de Empresas para Empresas en conjunto con Pacto Global a través del que se pretende reunir privados para implementar políticas globales y de capacitación.

En ese sentido, sostuvo que es necesario abordar la problemática más allá de la normativa, por lo que explicó que Alliance for Integrity trabaja con base en el concepto de Transparencia Internacional.

Respecto a algunos desafíos que presentan las pymes, dijo que las respuestas que surgen como solución pueden ser muy variadas, pero que las políticas internas de las empresas para combatir la corrupción son “casi nulas”.

Por otra parte, se refirió al “Advisory Group” que consiste en un órgano asesor que incluye al sector público y resaltó la actuación de Alliance For Integrity en su rol como multiactor para generar valor a nivel local.

En el caso de Uruguay, Arreagada mencionó la capacitación de startups uruguayas, cuyos aprendizajes y herramientas se aplicaron posteriormente en India.

Arreagada sostuvo que el desafío más importante para las empresas es que corren riesgo de perder su negocio si no abordan la problemática de corrupción ya que el contexto internacional se encuentra en constante avance.

El panel de discusión también contó con la presencia de la Encargada del Departamento de Transparencias de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), María Cornacchione, quien recordó los 11 memorándums de entendimiento firmados en conjunto con agentes del sector privado desde 2018.

A través de estos acuerdos, la DNA pretende que cada empresa reconozca la importancia de tener un código de ética propio.

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Por otra parte, Cornacchione se refirió al sistema de denuncias para usuarios y resaltó la importancia de crear un departamento que reúna a todos los sectores para presentar los distintos desafíos y oportunidades.

A partir de la reestructuración de la DNA en 2022, el sistema comenzó a medir la cantidad de denuncias y riesgos vinculados a hechos delictivos en el ámbito aduanero. Además, Cornacchione mencionó campañas de sensibilización interna entre funcionarios de Aduanas a través de actividades lúdicas para entender y dialogar sobre el concepto de anticorrupción.

Cornacchione también sostuvo que este año, la DNA participó por tercer año consecutivo del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en la que quedó en segundo lugar entre 250 organismos públicos.

A nivel regional, Espejo resaltó las normativas de los códigos penales y administrativos que amparan delitos de corrupción, sin embargo, en Uruguay todavía no hay una jurisdicción para privados que plantee soluciones para combatir la corrupción.

El especialista hizo referencia a tres aspectos comunes vinculados a corrupción en corporaciones; por un lado, los pagos indebidos a funcionarios de bajo nivel para llevar adelante una actividad (pagos de soborno), lo que se conoce como pagos por facilitación dentro de las empresas.

Por otra parte, existen prácticas comerciales que si bien son legales, podrían ser utilizadas para encubrir la corrupción; como son los regalos, contribuciones a campañas políticas, gastos de viajes o patrocinios.

Otro de los ejemplos en los que se encuentran casos de corrupción es a través de prácticas empresariales basadas en decisiones sesgadas como puede ser la contratación de funcionarios públicos, empleo de familiares o nombramientos externos.

Debido a estos factores, las autoridades coincidieron en que en muchas oportunidades no se denuncian algunos casos de corrupción en el sector privado.

Por otra parte, Espejo explicó casos de corrupción en licitaciones públicas; colusión, donde la mayoría presentan indicios. Estos se pueden tratar de funcionarios que cumplan el mismo rol en dos empresas distintas que participen en la misma licitación (interlocking).