CONDENA

"Uruguay rechaza la detención y persecución penal a que han sido sometidos dirigentes políticos de oposición y posibles candidatos" de Nicaragua, expresa un comunicado de Cancillería emitido este martes, cuando restan casi cinco meses para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en las que el gobernante Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

En esa línea, "Uruguay insta al gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a las personas detenidas y a tomar las medidas pertinentes para llevar a cabo un proceso democrático y reconocido internacionalmente, dentro del Estado de Derecho y con plena separación de poderes, tal como le ha sido solicitado a través de la Resolución adoptada por la OEA en el día de la fecha".

Uruguay apoyó la resolución de la OEA de este martes que condenó "inequívocamente" el arresto de opositores al gobierno de Ortega, y pidió la "inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos" en ese país centroamericano.

El texto fue aprobado por 26 votos durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. En contra votaron Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro del presidente Ortega, arrestó este fin de semana a seis disidentes sandinistas, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, y al exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

También mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

Doce de los trece opositores detenidos, incluyendo tres de los cuatro aspirantes a la Presidencia, están siendo investigados por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Gobierno de Ortega, entre otros delitos.

"Cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza, también debe considerarse en el contexto de la legislación vigente, y debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del respeto al estado de derecho, la democracia, la soberanía nacional y la libre autodeterminación en Nicaragua", señaló al respecto el Ejecutivo centroamericano.