Análisis

Dos cosas se desprenden principalmente de la resolución de la Cámara de Apelaciones en el caso de los cuadernos de las coimas.

La primera es que la Justicia ha decidido que la expresidenta Cristina Kirchner pase las Fiestas presa. No lo sucederá, porque la política la sostiene.

La segunda es que pese a que gran parte de los empresarios pusieron su compañía al servicio de la coima, el sobreprecio y la cartelización, el tribunal consideró que sonsimples pagadores pero que no formaron parte de un sistema que se sirvió del Estado para enriquecerse. Alarmante.

Bonadio consideró que los empresarios fueron parte de una maniobra para esquilmar dinero del Estado. A diferencia de los ruegos de los hombres de negocios para que los vean como simples víctimas de un esquema en el que no pusieron las reglas, el magistrado concluyó que las empresas fueron algo más que simples víctimas de los funcionarios. El esquema que estableció el juez consideró que las compañías fueron un elemento necesario para que el dinero público se convierta en privado a través de contratos. Y entonces sí, una vez que abandonó el Tesoro y ya está en manos de los empresarios, se reparta entre empresarios funcionarios y el resto en el proyecto.

No sólo eso. Las empresas ponían precios superiores a los de marcado para devolver el anticipo. Se repartían las obras, como declaró el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y le ponían precios superiores para devolver el soborno. Luego buscaban la manera de dibujar sus números contables para entregar bolsos llenos de dólares o euros en pleno cepo cambiario. Ese fue el esquema con el que trabajó Bonadio: las compañías no sólo eran presionadas por los funcionarios sino que además prestaban la complicidad de sus empresas en el inicio mismo de la maniobra.

Le tocaba a la Cámara decidir si todos tenían el mismo grado de implicancia dentro de la red o algunos eran más periféricos que otros.

Pero el Tribunal fue más allá. Les cantó la música que los empresarios esperaban. Consideró que no estaban implicados en maniobra alguna más que en pagar. Obvió que sus compañías fueron puestas a merced del sistema durante décadas. Optó por calificar su conducta de cohecho, el delito que el código penal estableció para los que pagan coimas.