EL PAÍS DE MADRID
Solapada en organizaciones pantalla y ONG instrumentalizadas a su servicio, ETA-Batasuna imparte lecciones de derechos humanos por el mundo, incluso en Naciones Unidas, al tiempo que acusa al Estado español de sojuzgar a Euskadi, criminalizar las ideas políticas y reprimir salvajemente, torturar y asesinar a los independentistas vascos.
La extendida convicción de que la labor propagandística de ETA en el extranjero tiene una influencia estrictamente marginal y queda constreñida a los ambientes afines del sectarismo y la violencia terrorista, tropieza con algunos interrogantes que han ido aflorando en los últimos tiempos.
¿Por qué determinados dirigentes del Congreso Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela creen que el Estado español quiere acabar con el euskera? ¿Cómo se explica que representantes del MAS boliviano, el partido del presidente Evo Morales, ofrezcan una rueda de prensa conjunta con los responsables de Askapena (Liberación), la red de activismo y propaganda internacional de Batasuna, que animan personajes imputados por colaboración con el terrorismo? ¿A qué se debe que una docena de europarlamentarios, como Michael Leutert, del Die Linke alemán -el partido del ex ministro y dirigente socialdemócrata Oskar Lafontaine-, propaguen que en España se tortura sistemáticamente y se persiguen las ideas independentistas? ¿Y cómo es que jueces argentinos y belgas deniegan la extradición de activistas de ETA, invocando las resoluciones del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa?
Son casos aislados, se dirá. El mismo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó recientemente que el apoyo internacional a ETA se ha "reducido radicalmente", pero, con todo, España es ya un polo de atracción para los expertos internacionales en resolución de conflictos -la conocida industria de la mediación-, y, sobre todo, un país de visita preferente para los relatores de la ONU que vigilan el respeto de los derechos humanos.
Las organizaciones de los familiares de los presos de ETA y su colectivo contra la tortura, Torturaren Aurkado Taldea, inundan regularmente de denuncias los despachos de los relatores de la ONU y cualquier otro foro internacional a su alcance. Son acusaciones que los activistas de Askapena y las delegaciones de Batasuna amplifican en congresos y encuentros con partidos extranjeros, sobre todo si, como acaba de ocurrir, la denuncia genérica de malos tratos y torturas viene avalada por una institución como el Parlamento vasco o una organización como Amnistía Internacional.
Cuando un grupo mata sistemáticamente en la democracia, y su enemigo pone en exclusiva los muertos, tiene que aplicarse con ahínco a la descalificación del oponente y acertar en su estrategia propagandística para pretender acreditarse como Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y no pasar por una simple organización política terrorista. ETA lo entendió a principios de 2000, tras constatar que durante su tregua de 1998 apenas había logrado recabar apoyos exteriores. La comparación con la experiencia del IRA les resultó demoledora: no sólo no habían obtenido el respaldo que la Unión Europea y Estados Unidos prestaron decididamente a las negociaciones del Ulster, sino que se había encontrado con la oposición expresa de muchos gobiernos europeos. A los ojos de la comunidad internacional, el Ulster no es el País Vasco.
EXPANDIRSE. Como la duda sobre la razón de ser no forma parte del pensamiento militarizado y totalitario, ETA decidió ponerse manos a la obra y volcarse en la "internacionalización del conflicto". Desde entonces, la presencia de su versión civil en los foros internacionales se ha incrementado notablemente. La contabilidad incautada en 2004 al jefe de la oficina política, Mikel Antza, ya mostró que la partida de gasto dedicada al "aparato internacional" (casi 400 mil dólares) era la tercera en orden de importancia y suponía el 13% del presupuesto anual. Contra lo que cabía suponer, la experiencia de estos últimos cuatro años parece mostrar que, con todas sus limitaciones, ETA-Batasuna tenía margen político y recorrido para avanzar en la "internacionalización". De hecho, los mediadores del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunat y los abogados sudafricanos que seleccionaron en su día, Brian Currin y Roelf Meyer, desempeñaron un papel intermediador clave en la pasada negociación con el Gobierno.
Durante este tiempo han logrado el apoyo para sus tesis autodeterministas de una decena de senadores italianos, preferentemente de Refundación Comunista y del Partido de los Verdes, y de europarlamentarios nacionalistas o de izquierdas partidarios de la autodeterminación de Euskadi y la negociación política con ETA. A esas amistades se suma la denominada Red Gernika por la Autodeterminación, formada en su mayoría por diputados y cargos electos flamencos, escoceses, irlandeses e italianos, y apoyos como el que les prestan los concejales por la Candidatura de la Unidad Popular de los Países Catalanes. Pese a las últimas deserciones, derivadas de la ruptura de la tregua, esos lobbies ideológicamente variopintos continúan activos y aparentemente convencidos de que la causa de la libertad alienta bajo los postulados de plomo y sangre de ETA-Batasuna.
LIBERACIÓN. Creada hace 21 años bajo el influjo de la revolución sandinista, la red vasca de activismo internacional Askapena ha ido adquiriendo envergadura e influencia -según fuentes policiales cuenta con medio centenar de activistas-brigadistas-, a medida que la justicia española cercenaba y desmantelaba el aparato internacional de ETA (Xaki) y el frente internacional de Batasuna. En sus contactos "solidarios" con los "pueblos oprimidos", esta curiosa ONG difunde la versión del conflicto vasco exculpatoria de los crímenes de ETA y pone todo su empeño en desprestigiar al Estado español. Aunque su campo de actuación preferente sigue siendo América Latina -particularmente Venezuela, Bolivia, Uruguay, Cuba, Argentina y México-, en los últimos tiempos han ido extendiendo su activismo y estrechando contactos con partidos y organizaciones de Palestina, Sahara Occidental, Irak, Kurdistán y Bielorrusia. La moda de la kefia (pañuelo) palestina que ha tenido tanto éxito en determinados ambientes de la juventud vasca, las apelaciones a la "intifada vasca" y el boicoteo a los productos de Israel, secundado expresamente en los Zutabes (boletines internos de ETA), procede de los viajes de los brigadistas de Askapena. Nada le gustaría más a ese mundillo de turistas revolucionarios sin verdadera causa doméstica que camuflarse bajo un verdadero conflicto en el que trocar su condición de victimarios por la de víctimas.
Además de intentar mimetizarse con los colectivos en lucha de los puntos más calientes del planeta, de denunciar "la situación de Euskadi" y establecer fórmulas de colaboración, Askapena es la plataforma utilizada para burlar la prohibición que impide a las organizaciones terroristas y a sus brazos políticos estar presentes en el Foro Social Mundial.
Contra lo que suponen los bienintencionados políticos o activistas de los derechos humanos que les prestan cobertura, los liberados de la acción exterior de Batasuna, que se financian con las asignaciones presupuestarias a los grupos parlamentarios y municipales -el dinero público costea la propaganda etarra y el descrédito del Estado-, no buscan otro arreglo que la consecución de los objetivos políticos de ETA. Para ellos, como para ETA, la negociación es una herramienta complementaria a la del asesinato, que les permite legitimarse y acumular fuerzas.
Teo Uriarte, antiguo miembro de Euskadiko Ezkerra, hoy vinculado al Partido Socialista Vasco (PSE), es de los que creen que no siempre se facilita el cese de la violencia cuando se ofrecen a una organización terrorista perspectivas de negociación. Opina que, pese a la aparente bondad de todo proceso de diálogo, la falsificación y magnificación del problema, tienden a equipar a las dos partes en litigio.
Como miembros de la Fundación para la Libertad, asociación creada con el propósito de desmontar las coartadas políticas del terrorismo, Teo Uriarte y su compañero Javier Elorrieta fueron requeridos por la Embajada española en Sudáfrica en septiembre de 2007 para que contrarrestaran la intensa campaña propagandística que los representantes de Batasuna habían desplegado en ese país. En sus encuentros con los líderes políticos del Congreso Nacional Africano (CNA), Uriarte e Elorrieta descubrieron con asombro que sus interlocutores sudafricanos tenían una visión muy deformada del problema vasco y de la democracia española. "Pensaban que Batasuna tiene un peso electoral enorme e ignoraban que ETA asesina a miembros de partidos democráticos no nacionalistas. Estaban convencidos de que sólo los nacionalistas españoles se oponen a la negociación con ETA. Descubrimos que si simpatizan con Batasuna-ETA es porque les habían convencido de que la lucha de estos últimos se ajusta a la teoría de la liberación del tercer mundo", señaló Uriarte.
La conclusión de los miembros de la Fundación por la Libertad es que ETA-Batasuna, las organizaciones de su entorno y el nacionalismo vasco en general han conseguido trasladar a la opinión pública europea e internacional la sospecha de que la actividad terrorista para la segregación territorial de la nación española es perseguida de forma injusta y antidemocrática por los sucesivos Gobiernos españoles y por las instancias jurisdiccionales.
Pese al inevitable reflujo que trajo consigo la ruptura de la tregua con Madrid y las deserciones de algunos de sus apoyos, el grupo separatista vasco sigue trabajando, empeñado en convencer a todo el mundo de que el gobierno de España es el "verdadero" responsable de que ETA "tenga que volver a las armas". Como la mujer del César, España está obligada no sólo a ser virtuosa en el escrupuloso respeto de los derechos humanos, sino también a parecerlo. Para eso, tendrá que contrarrestar más eficazmente la acción exterior de ETA-Batasuna.