“SE PERDIÓ TIEMPO”

Temer va por reforma del sistema jubilatorio

El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que "la corrupción y las denuncias, incluso las dirigidas contra mí, perjudicaron mucho al Gobierno" y "al propio país", pues "se perdió mucho tiempo", pero reafirmó su "optimismo" de cara al 2018.

Michel Temer. Foto: AFP
Michel Temer. Foto: AFP

"En mayo, cuando surgieron esas denuncias contra mí", que "luego resultaron falsas e injuriosas", estaba "todo listo en el Congreso para que se aprobara la reforma del régimen de jubilaciones", dijo el presidente.

Las acusaciones fueron formuladas por los propietarios del grupo cárnico JBS, hoy en prisión, y llevaron a la Fiscalía a presentar dos denuncias contra el mandatario, en un primer caso por corrupción y posteriormente por obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Ambas fueron rechazadas por la Cámara de Diputados.

Temer también lamentó el fuerte impacto que esas denuncias y los recurrentes escándalos de corrupción tuvieron en su propia imagen y en la del Gobierno, cuyas tasas de aprobación cayeron a unos mínimos históricos del 3%, aunque una reciente encuesta indicó que cerrarán el año con una ligera recuperación, situadas en un 6 %.

Sostuvo que en su gestión no tiene como meta ser "popular", sino impulsar reformas estructurales cuya importancia "tal vez no sea percibida ahora", pero que son "indispensables" para la plena recuperación económica del país.

"No somos populistas", reafirmó Temer, quien ratificó que ahora la principal tarea del Gobierno es articular fuerzas en el Congreso para lograr que en febrero se apruebe la reforma de las jubilaciones.

La propuesta del Ejecutivo endurece el acceso a esos beneficios y está justificada en la necesidad de combatir un crónico déficit del sistema de previsión social, que, según dijo en la misma rueda de prensa el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, consume hoy "el 50 % de los presupuestos".

Meirelles explicó que, según sus cálculos, si no se aprueba la reforma, dentro de una década esa tasa será del 80% y el Gobierno quedará en una situación tal que deberá decidir si "paga las jubilaciones o invierte en otras áreas, como salud o educación". 

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