INVESTIGACIÓN

La justicia suiza archivó ayer lunes la investigación sobre los bienes del rey emérito español Juan Carlos I en ese país, tras tres años de indagaciones sobre su patrimonio, incluyendo unos 100 millones de dólares girados por Arabia Saudita. La decisión de la justicia suiza revivió en España el debate sobre la monarquía entre dos partidos que comparten el gobierno, el PSOE y Podemos.

La fiscalía de Ginebra indicó que la instrucción “no permitió establecer de manera suficiente un vínculo” entre el monto recibido de Arabia Saudita y los contratos sobre la construcción del tren de alta velocidad AVE entre Medina y La Meca en 2011.

En agosto 2018 la justicia suiza abrió una causa por “blanqueo de dinero agravado”. La investigación se inició tras la publicación de artículos de prensa en los que se vinculaba a Juan Carlos I con el cobro de comisiones por la citada obra obtenida por un consorcio de empresas españolas. Los artículos recogían las manifestaciones de Corinna Larsen al comisario José Manuel Villarejo grabadas durante una reunión que mantuvieron en Londres en 2015, recordó ayer el diario El País de Madrid.

Los gastos judiciales, de 200.000 francos suizos (unos 216.000 dólares), correrán de todos modos por cuenta de los acusados, entre ellos Juan Carlos I; esto porque la instrucción reveló que hubo algunas infracciones.

La investigación permitió establecer que Juan Carlos I efectivamente recibió el 8 de agosto de 2008 la suma de 100 millones de dólares de parte del ministerio de Finanzas de Arabia Saudita en una cuenta de la fundación Lucum abierta en el banco Mirabaud de Ginebra.

El procedimiento también mostró evidencia de otros giros recibidos por el rey emérito o Corinna Larsen, su examante, de varios millones de dólares, “procedentes de Kuwait y Baréin”, según la fiscalía.

“Todas estas transferencias no fueron debidamente documentadas”, dijo la fiscalía.

En junio de 2012, la cuenta de la fundación Lucum fue cerrada y su saldo, unos 65 millones de euros, fue transferido a una cuenta en Bahamas de una empresa propiedad de Corinna Larsen.

Tras la instrucción, la fiscalía suiza halló que “la utilización de una fundación, así como el domicilio fiscal de las empresas por parte de los diferentes protagonistas, demostraba una voluntad de disimulación”.

La transferencia de los 100 millones de dólares por parte de la monarquía saudita es objeto de tres investigaciones en España contra el rey emérito.

El PSOE, del presidente español Pedro Sánchez, optó ayer lunes por la prudencia ante el archivo de la investigación a Juan Carlos I. El Partido Popular (PP), por su parte, celebró la noticia, mientras el izquierdista Podemos -socio del PSOE en el gobierno- señaló que la Monarquía es una institución que “abona el terreno a la corrupción”.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, recordó que todavía existen “varias líneas” de investigación abiertas que afectan al rey emérito. “Creemos que hay indicios razonables de las múltiples corruptelas y las ha podido cometer porque la Monarquía es una institución que abona el terreno para la corrupción”, afirmó. “La Monarquía es una estructura para cometer corrupción, que implica posibilidad de corrupción”, insistió el portavoz de Podemos.

Frente a la beligerancia de Unidas Podemos, el PSOE midió su reacción. “Respeto absoluto a lo que decidan las autoridades judiciales, si el rey emérito tiene que venir o no (a España) le corresponde a él y a la Casa Real, nosotros no entramos. Confiamos en que la justicia pueda esclarecer cualquier investigación lo antes posible sobre el rey emérito”, afirmó Felipe Sicilia, portavoz del PSOE.

El PP, por su parte, recibió con optimismo el archivo de la investigación. “Me alegro, porque soy de los que piensa que España le debe reconocimiento y gratitud por la labor extraordinaria que hizo durante la Transición”, afirmó el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida. (Con información de AFP, EFE y El País de Madrid)