El Europarlamento aprobó finalmente el jueves la aplicación de sanciones penales a los empleadores de inmigrantes ilegales, una medida que busca sumar a las empresas y los particulares a la lucha contra los flujos migratorios clandestinos.
La iniciativa, que entrará en vigencia en 2011, fue aprobada en sesión plenaria del Parlamento Europeo en Bruselas por 552 votos a favor, 105 en contra y 34 abstenciones.
Hasta el momento, sólo 19 de los 27 países de la Unión Europea (UE) aplican sanciones penales y las multas son muy variables.
Entre 4,5 y 8 millones de clandestinos trabajan en la UE. Los sectores con más trabajadores ilegales son la construcción, la hotelería y la agricultura, según la Eurocámara.
Tanto las empresas como los "subcontratistas" de mano de obra ilegal estarán expuertos a sanciones administrativas, como el reembolso de ayudas públicas, la exclusión de los mercados públicos durante cinco años y el cierre del establecimiento.
Los empresarios en cuestión también podrán ser multados e incluso ser obligados a pagar los gastos de retorno a su país del inmigrante ilegal al que empleaban.
Los casos más graves serán reprimidos con sanciones penales: reincidencia, empleo de un número particularmente elevado de ilegales, condiciones de trabajo abusivas o recurso deliberado a víctimas de la trata de personas.
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