Javier G. Cuesta - El País de Madrid
Defender abiertamente la decisión personal de no ser padres será perseguido en Rusia. La Duma Estatal, la Cámara baja del Parlamento ruso, prepara un proyecto de ley por el que las autoridades impondrán multas de hasta 50.000 euros por apoyar “la negativa a tener hijos”. La medida afecta a todos los ámbitos de la vida, desde una conversación informal a la creación de películas y libros, y es una amenaza grave para el movimiento feminista ruso.
La persecución de lo que el Kremlin califica como “movimiento childfree” (sin hijos, en inglés) implicará multas de hasta 400.000 rublos para las personas físicas (unos 4.000 euros), 800.000 rublos si son empleados públicos (8.000 euros), y hasta cinco millones de rublos (50.000 euros) si son empresas u otras personas jurídicas. Además, los extranjeros serán deportados.
Existen miles de motivos por los que una mujer o un hombre deciden no tener hijos, pero el gabinete de ministros ha solicitado al Parlamento que la ley contemple solo tres excepciones: razones religiosas, médicas o en caso de violación. Asimismo, apunta a un supuesto movimiento masivo y organizado, pese a que las páginas en internet sobre este asunto apenas pasan de ser una curiosidad; los diarios rusos citan la existencia de algunas comunidades en VKontakte, el Facebook ruso, que apenas alcanzan los 5.000 suscriptores.
“Hemos comenzado a considerar un proyecto de ley que prohibirá la propaganda del rechazo consciente a tener hijos”, ha anunciado el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, a través de su canal de Telegram. “Las publicaciones y las redes sociales faltan el respeto a menudo a la maternidad y la paternidad, arremeten contra las mujeres embarazadas y los niños, así como contra los miembros de familias numerosas”, ha agregado el político, firme defensor de una guerra, la de Ucrania, que ha dejado a decenas de miles de hogares rusos sin padres e hijos.
“Todo lo que interfiere con el aumento de la tasa de natalidad debe desaparecer de nuestras vidas”, ha manifestado a su vez el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Él, sin embargo, no contempla que Moscú acuda a las negociaciones de paz promovidas por Ucrania. “Para nosotros no existe ninguna alternativa a nuestros objetivos. En cuanto estos sean alcanzados de una forma u otra, la operación militar especial concluirá”.
El presidente Vladímir Putin declaró a principios de septiembre que su Ejecutivo debe crear las condiciones necesarias “para que vuelva a estar de moda como antes tener muchos hijos: siete o diez personas en una familia”.
Pese a que Putin está a punto de cumplir un cuarto de siglo en el poder, Rusia, con 146 millones de habitantes, arrastra desde el siglo XX un declive demográfico que la guerra, la pirámide generacional invertida y sus políticas internas han agravado aún más. El año pasado murieron 1,3 millones de personas y nacieron 1,26 millones de niños, la cifra más baja desde la caída de la URSS, con la salvedad de 1999 por la fatídica crisis del rublo. Además, el endurecimiento de las políticas contra los extranjeros ha provocado su huida: el número de inmigrantes registrados se ha reducido de 8,5 a 6,1 millones en el último año.
Putin aprobó en 2007 un programa de apoyo a la maternidad que hoy desembolsa 466.617 rublos por el primer hijo (4.600 euros), más 150.000 rublos (1.460 euros) por el segundo. Sin embargo, este proyecto no ha impulsado los embarazos en un país donde solo una décima parte de la población supera el mileurismo y un hombre cobra diez veces más por ir un año al frente.
Por otro lado, la Duma Estatal analiza en paralelo otro proyecto de ley introducido a finales del año pasado para prohibir el aborto en las clínicas privadas. Al menos 11 regiones han dado este paso individualmente, pero el Gobierno ha pedido una “revisión significativa” de la reforma porque considera que aumentará el gasto público y puede incrementar la mortalidad de las madres al recurrir a operaciones clandestinas. Además, los diputados también discuten reducir de 12 a 9 semanas el plazo límite para abortar.
Primero fue el colectivo LGTBI, luego el feminismo, después…
El presidente de la Duma ha señalado que las autoridades prohibirán “la propaganda de no tener hijos” en “internet, los medios, las películas y la publicidad”. No obstante, el precedente de otras legislaciones del Kremlin contra la libertad de expresión, como la ley contra la desacreditación de las fuerzas armadas o la ley contra la propaganda LGTBI, así como la declaración como extremista del “movimiento LGTBI”, deja en el aire la posibilidad de ser grabado en una conversación privada y denunciado posteriormente.
“Por analogía, estas [medidas] han sido adoptadas anteriormente contra la propaganda LGTBI y de la reasignación de género”, ha puntualizado Volodin. Rusia prohíbe el cambio de sexo a las personas trans desde el año pasado contra los criterios de la Organización Mundial de la Salud, incluida la identidad en el propio pasaporte.
La prohibición a argumentar que uno no quiere hijos es una vuelta de tuerca en la profunda ideologización del Estado ruso que está acometiendo el Kremlin bajo su supuesta “defensa de los valores tradicionales”. Las autoridades rusas acusan a Occidente de estar detrás de cualquier pensamiento liberal, incluso cuando se trata de derechos humanos universales, y con este argumento reprimen cualquier disidencia interna que defienda otra Rusia.
“Una vez dije que debíamos prohibir por ley el movimiento sin hijos porque este es un proyecto extranjero, es un proyecto hostil”, afirmó la pasada semana la presidenta del Consejo de la Federación, la cámara alta, Valentina Matvienko. “Introducen en los cerebros de las mujeres, con las tecnologías más modernas, que hay que renunciar a la maternidad”, manifestó la senadora.
En el debate de la ley no participará ninguna voz a favor de la elección personal de no tener hijos. El viceministro de Justicia Vsévolod Vukólov manifestó en junio que el Gobierno promovería este tipo de iniciativas “para proteger los valores del pueblo ruso”, mientras que el máximo responsable del Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, Valeri Fadéyev, declaró el año pasado que “las personas LGTBI, el feminismo radical, el ecologismo radical y el childfree dominan en Occidente”.
“Quienes no aceptan esta ideología son declarados enemigos de la libertad y partidarios de la tiranía”, agregó Fadéyev, que acusó a Occidente de “deformar” los derechos universales “para interferir en los asuntos internos de los Estados” al mismo tiempo que su país proscribe con la cárcel o con listas negras, como la de agentes extranjeros, a los ciudadanos que no siguen los dictados del Estado. “Llamo a esa ideología la ideología de la muerte, la destrucción de la familia”, alegó el responsable del Consejo Presidencial para los Derechos Humanos.
De hecho, el espacio para el debate en Rusia es cada vez menor. La Duma anunció este mismo martes otra reforma legal que castigará con hasta dos años de cárcel a quienes falten a través de internet o los medios “al honor o la dignidad de un empleado gubernamental en cuanto a sus cualidades personales o profesionales”.
Estas no serán probablemente las últimas medidas de unas autoridades rusas obsesionadas con la defensa de los “valores tradicionales”, pese a verse habitualmente inmersas en escándalos. Solo este mes, se han conocido dos: las grabaciones de un diputado con una prostituta dentro de la propia Duma este mismo fin de semana y la boda sorpresa a principios de septiembre entre la defensora del menor de Rusia con el dueño del canal de televisión ultraortodoxo Tsargrad, dos valedores de la tradición que tenían pareja y familias numerosas hasta hace pocos meses.
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