En Brasil se discute un proyecto de ley para lidiar con la avalancha de desinformación en línea. Telegram dice que puede darle al gobierno poder de “censura”; Google afirma que aumentaría “la confusión sobre lo que es verdad o mentira”. Ahora, ¿en qué consiste la iniciativa?
En principio, el proyecto de ley 2630/2020 fue presentado hace tres años en el Senado, pero se estancó en la Cámara baja y volvió a discutirse después del intento de golpe del 8 de enero.
La propuesta cuenta con apoyo del gobierno, parte del Poder Judicial y la coalición de organizaciones de la sociedad civil Direitos na Rede. Pero genera resistencias entre las empresas de tecnología y diputados bolsonaristas.
La Cámara baja aplazó sin fecha su votación prevista a principios de mayo. De ser aprobado, el texto será analizado nuevamente por el Senado.
Actualmente, las empresas moderan el contenido según sus políticas internas (términos de uso), y también actúan cuando existe una orden judicial. El Marco Civil de Internet, ley brasileña que regula la web desde 2014, establece que las empresas no son responsables civilmente por el contenido publicado por terceros, salvo cuando incumplan una orden judicial de removerlo o cuando sean imágenes de desnudez divulgadas sin consentimiento de la víctima.
Pero el texto del proyecto obliga a las plataformas a aumentar su transparencia y adoptar mecanismos para combatir los contenidos ilegales sobre siete asuntos: ataques contra el Estado de derecho democrático y las elecciones, los niños y adolescentes, la salud pública y los que configuren violencia contra la mujer, racismo, terrorismo, e incitación al suicidio y a la automutilación.
Esto se aplicaría a las plataformas de redes sociales, de búsqueda o de mensajería instantánea que tengan más de 10 millones de usuarios mensuales en Brasil, como Telegram y Google.
El proyecto también establece que las plataformas pueden responder judicialmente por contenidos ilegales publicados por sus usuarios en caso de que sean impulsados como propaganda paga.
Las sanciones van desde advertencias, multas de hasta 10% de su facturación, o la suspensión temporaria de los servicios.
Algunas de las plataformas a las que afectaría esta ley se expresaron al respecto en estos últimos días. Telegram, por ejemplo, envió a todos sus usuarios un mensaje en el que advertía que la “democracia está bajo ataque”
Google, por su parte, afirmó que la propuesta “trae serias amenazas a la libertad de expresión”, al responsabilizar a las plataformas por contenidos de terceros, lo que conduciría a una “moderación excesiva”.
El texto no especifica el órgano que supervisará el cumplimiento de la ley, un defecto importante según especialistas.
La propuesta se inspira en la Ley de Servicios Digitales (DSA) recientemente aprobada en la Unión Europea (UE).
Esa legislación obliga a las plataformas, los mercados en línea y los motores de búsqueda a reaccionar más rápidamente para eliminar el contenido que se considera que infringe las normas de la UE.
Con infromación de AFP
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