VENEZUELA

Presión internacional contra Nicolás Maduro por muerte de militar opositor en la cárcel

El abogado que representa a la familia pidió ayer jueves a la ONU que tramite la exhumación del cadáver para averiguar qué provocó exactamente la muerte de Baduel.

Baduel junto a Hugo Chávez, en un acto militar en Venezuela. Foto: AFP (Archivo)
Baduel junto a Hugo Chávez, en un acto militar en Venezuela. Foto: AFP (Archivo)

La muerte en prisión del general Raúl Baduel ha puesto otra vez bajo la lupa de la comunidad internacional las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, en particular al situación de los casi 300 presos políticos en Venezuela.

Baduel, de 66 años, murió el martes 12 en una cárcel del régimen de Maduro. El abogado que representa a la familia pidió ayer jueves a la ONU que tramite la exhumación del cadáver para averiguar qué provocó exactamente su muerte.

La Fiscalía venezolana asegura que Baduel murió por un paro cardiorrespiratorio provocado por el COVID-19, pero en declaraciones a la prensa en Washington el abogado de la familia, Omar Mora Tosta, volvió a poner en duda esa versión y exigió una investigación independiente.

Mora Tosta explicó que el martes, el mismo día en que se conoció la muerte de Baduel, acudieron a la oficina en Caracas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) para pedir la creación de una comisión internacional que investigue lo ocurrido y pida a Maduro la exhumación del cadáver. “Debe hacerse una autopsia por esa comisión internacional que esperamos que sea constituida en breve”, dijo Mora Tosta.

Según aseguró, el cuerpo del general fue enterrado “a la carrera” en el Cementerio del Este de Caracas sin que se permitiera a los familiares estar presentes para darle “cristiana sepultura” y con el camposanto “acordonado” para evitar la vigilancia de los medios de comunicación.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció el miércoles a la familia la posibilidad de hacer una segunda autopsia con médicos privados, aunque insiste en que la muerte fue por COVID-19.

“Él (Saab) nunca se imaginó que se lo íbamos a pedir a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las instituciones protectoras de los derechos humanos en el mundo, para que fuera realmente una comisión independiente, para que no se pudiera manipular a nadie”, dijo Mora Tosta.

Interviene Almagro.

La familia de Baduel recibió el apoyo del secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien se comprometió a trasladar la petición de la exhumación del cadáver a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta socialista chilena Michelle Bachelet.

“Naciones Unidas tiene una misión en el terreno y esta autopsia es absolutamente determinante para atender este caso y para determinar responsabilidades que pueda haber al respecto”, dijo Almagro tras reunirse en la sede de la OEA en Washington con el abogado de la familia Baduel y representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Almagro volvió a pedir la liberación de “todos los presos políticos”, que llegan a 260, según la ONG de Venezuela Foro Penal. “La liberación de todos los presos políticos es un imperativo moral, ético, jurídico y de todos los que buscamos la democracia”, dijo Almagro.

Luis Almagro, excanciller de Uruguay y secretario general de la OEA. Foto: AFP
Luis Almagro, excanciller de Uruguay y secretario general de la OEA. Foto: AFP

Por otro lado, el abogado de la familia anunció ayer jueves que va a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, para que se proteja a los 13 hijos del exministro fallecido. Uno de sus hijos es Josnars Adolfo Baduel, que se encuentra encarcelado tras una fallida incursión marítima el año pasado contra el régimen de Maduro.

Interviene EE.UU.

También Estados Unidos exigió una investigación independiente sobre la muerte de Baduel. El Departamento de Estado dijo que se debe determinar “la verdadera causa de la muerte” en prisión del militar venezolano.

El portavoz del Departamento, Ned Price, recalcó que la muerte de Baduel “es un recuerdo de las deplorables y peligrosas condiciones que los presos políticos enfrentan bajo custodia del régimen de Maduro”. Price indicó que desde 2014 “al menos diez presos políticos” han fallecido mientras estaban bajo detención.

“Sus familias merecen una revisión transparente y creíble sobre las circunstancias que rodearon sus muertes, así como una rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos”, afirmó.

Militar clave.

Baduel, quien fuera ministro de Defensa con el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.

Posteriormente, se pronunció contra la deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.

Llevaba encarcelado desde 2009 y estaba considerado por la oposición como un preso político.

Pese a que el Gobierno concedió varios indultos a numerosos opositores, Baduel nunca estuvo en las listas de los amnistiados.

Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) y de la Misión de Determinación de los Hechos.

Expresidentes critican negativa del régimen cubano

Exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron una declaración criticando “la negativa del gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel, imperante en la República de Cuba, de permitir a sus ciudadanos el ejercicio del sagrado derecho de reunión y manifestación, en medio de las penurias que acusan y como víctimas, a la vez, de la pandemia del COVID-19”.

“El derecho de reunión es parte esencial de la experiencia de la democracia. El pluralismo político, como su columna vertebral, solo es posible sostenerlo mediante la garantía de dicho derecho, de la libertad de pensamiento y expresión, del derecho de asociación, y del libre ejercicio de los derechos sin discriminación. Las reuniones y manifestaciones, como derechos humanos admiten límites, pero solo los necesarios en democracia, en interés de la seguridad nacional, del mantenimiento del orden público, para proteger la salud, o en resguardo de los derechos de los demás”, dicen los exmandatarios.

Entre los firmantes, están Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Mauricio Macri de Argentina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile, Carlos Mesa de Bolivia, y los uruguayos Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, entre otros latinoamericanos.

EE.UU. vuelve al consejo de DD.HH.
Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Foto: Pixabay

Estados Unidos volvió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que también accedieron Paraguay y Honduras y en el que Argentina renovó su mandato. En tanto, Uruguay dejará su silla en el Consejo.

Dieciocho países eran candidatos para cubrir otros tantos puestos a partir del 1 de enero. Estados Unidos obtuvo 168 votos y Eritrea, país acusado de violaciones a los derechos humanos, 144.

Además fueron elegidos Argentina, Honduras, Paraguay, Finlandia, Luxemburgo, Benin, Camerún, Gambia, Somalia, Emiratos Árabes Unidos, India, Kazajistán, Malasia, Catar, Lituania y Montenegro.

Le elección de Eritrea volvió a poner sobre la mesa la cuestión de la presencia de regímenes autoritarios y poco respetuosos con los derechos humanos en la máxima instancia de la ONU encargada de velar por ellos.

La salida de Estados Unidos de esta institución en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump, que acusó al consejo de hipocresía y de ensañarse contra Israel, dejó el campo abierto a China para expandir su influencia.

Junto a socios como Bielorrusia o Venezuela, aprobaron en los últimos años declaraciones conjuntas respaldando la acción de Pekín en Hong Kong, Tíbet o Xinjiang, o denunciando “violaciones de derechos humanos” en países occidentales como, por ejemplo, contra los indígenas de Canadá.

Algunos temen que el retorno de Estados Unidos al consejo refuerce esta tendencia de creciente polarización.

Los miembros del CDH, cuyos puestos están repartidos en cinco grupos regionales, se eligen para tres años por mayoría absoluta en una votación secreta. Cada año se renueva un tercio del organismo. De los ocho miembros de América Latina y el Caribe, dejarán el consejo Uruguay y Bahamas, y seguirán Bolivia, Brasil, Cuba, México y Venezuela, además de Argentina por obtener el segundo mandato.

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