DEJARON SU CARGO

Una lista de los mandatarios latinoamericanos destituidos o forzados a renunciar.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, decidió este miércoles renunciar a su cargo tras después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución. 

Pero esta dimisión no es la primera que tiene lugar dentro de los cargos presidenciales de América Latina. A continuación, una lista de los mandatarios latinoamericanos destituidos o forzados a renunciar en años recientes.

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Alberto Fujimori fue destituido en el año 2000, por "incapacidad moral permanente". Pero el Congreso lo hizo después de que él se hubiera marchado a Japón, desde donde renunció por fax a la presidencia en medio de un escándalo de corrupción. Vivió en Japón varios años. Extraditado de Chile en 2007, fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad, pero fue indultado por Kuczynski en la víspera de Navidad de 2017

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Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción pasiva, dimitió en 1992, lo cual no impidió que el Senado votase al día siguiente su destitución.

Años después, en 2016, la presidenta Dilma Rousseff, electa en 2010 y reelecta en 2014, fue destituida por más de dos tercios de los senadores, acusada de maquillar las cuentas públicas, tras un controvertido proceso.

En ambos casos, quien pasó a ocupar la presidencia fue el líder del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un partido que decidió aliarse con los candidatos favoritos en las respectivas elecciones.

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Fernando Lugo fue destituido en 2012 "por mal desempeño de sus funciones", en un juicio político en el Senado.

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Abdalá Bucaram, acusado de desvío de fondos públicos, fue destituido en 1997, seis meses después de su investidura.

En abril de 2005, en medio de una revuelta popular, el presidente Lucio Gutiérrez, acusado de colocar a allegados en la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente destituido por el Parlamento.

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El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue cesado en mayo de 1993, y su destitución, confirmada por el Congreso el 31 de agosto siguiente.

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Otto Pérez Molina, acusado de dirigir un sistema de corrupción en la administración aduanera, se vio privado de su inmunidad por el Parlamento el 1 de septiembre de 2015. Ante el riesgo de ser destituido, renunció al mando dos días más tarde y fue colocado en prisión preventiva.