NICARAGUA
La jurista María Asunción Moreno, dijo que esta medida del régimen atenta contra la autonomía de las universidades.
El Congreso de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega, autorizó la creación de tres universidades públicas a partir de la infraestructura de varios centros de estudios declarados ilegales, entre ellos uno que fue emblemático en las protestas de 2018. “La Asamblea Nacional, en un hecho histórico, está aprobando tres leyes que nacionalizan las anteriores universidades privadas que se les canceló la personería jurídica”, dijo el diputado oficialista Carlos López.
De acuerdo con la decisión del Legislativo, las nuevas universidades podrán “solicitar libre de todo tributo” el traspaso de los bienes de las universidades privadas a las que recientemente se les retiró el derecho a operar. En adelante, la Universidad Nacional Politécnica (UNP) reemplazará a la privada Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). En 2018, sus estudiantes se manifestaron contra Ortega, lo que desencadenó una crisis política y represión policial con 355 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega está en el poder desde el 2007. El año pasado, 46 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, fueron detenidos antes de las elecciones donde obtuvo su cuarta elección consecutiva. Desde el 1 de febrero se ha enjuiciado y sentenciado por conspiración a algunos de ellos.
El Parlamento también creó la Universidad Estatal Ricardo Morales Avilés, sobre la base de las ahora clausuradas Universidad Hispanoamericana, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Universidad Popular de Nicaragua y la Universidad Pablo Freire.
También la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que operará con los activos de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco.
La jurista María Asunción Moreno, dijo a AFP que esta medida del régimen atenta contra la autonomía de las universidades, “que son un espacio de libertad, debate de ideas y creación del pensamiento crítico”. Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “el régimen Ortega-Murillo continúa su estrategia de exterminio generalizado”. (AFP)
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