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Polémica por indagatoria a Mauricio Macri en campaña electoral

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Mauricio Macri, expresidente de Argentina. Foto: AFP
(FILES) In this file photo taken on May 05, 2021 Argentine former President (2015-2019) Mauricio Macri attends the InterAmerican Institute for Democracy Forum "Defense of Democracy in the Americas" in Miami, Florida. - Macri denied "in a rotund way" on July 10, 2021 the Bolivian government's accusations assuring his administration sent lethal ammunitions to repress supporters of then Bolivian President Evo Morales in 2019. (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP)
EVA MARIE UZCATEGUI/AFP

ARGENTINA

Macri deberá prestar declaración indagatoria ante un juez, bajo sospecha de organizar un sistema de espionaje a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

En Argentina la campaña para las elecciones legislativas del 14 de noviembre arrancó con el expresidente Mauricio Macri en la mira de la justicia. Macri deberá prestar declaración indagatoria ante un juez, bajo sospecha de organizar un sistema de espionaje a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

Macri, de 62 años, se encuentra en Miami, Estados Unidos, presentando su libro Primer Tiempo, pero a su regreso tendrá prohibido salir de Argentina por orden del juez Martín Bava, quien lo citó ayer viernes para el próximo jueves 7.

El expresidente se enteró por los medios de la decisión del juez Bava; tiene previsto viajar a Catar por su rol en la Fundación FIFA y regresar a Argentina a mediados de octubre; sus asesores legales evalúan medidas para postergar su comparecencia.

“El entonces presidente se encontraba en pleno conocimiento del seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto a los familiares de los tripulantes”, dijo el juez Bava en su citación.

El juez ordenó ayer viernes el procesamiento de los jefes de los servicios secretos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que reportaban a Macri, imputados de “hacer inteligencia ilegal” sobre los familiares de los marinos que trataban de conocer el destino del submarino cuando estuvo desaparecido durante un año.

Los 44 tripulantes murieron al hundirse el submarino en alta mar en noviembre de 2017.

El San Juan fue descubierto en noviembre de 2018 a unos 900 metros de profundidad, luego de un año de búsqueda.

“Se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 (haber) ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley”, señala la resolución del juez Bava.

El espionaje investigado apuntaba, según el documento, a obtener “información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

Homenaje a los 44 tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan. Foto: archivo El País.
Homenaje a los 44 tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan. Foto: archivo El País.

“Estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, agrega.

En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya con Alberto Fernández en la Presidencia argentina, denunció que el Gobierno de Macri hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino.

En el entorno de Macri calificaron de “llamativa” la citación a indagatoria en medio de la campaña para las legislativas.

Cerca del expresidente sospechan de una “operación” para “tapar” la derrota electoral del oficialismo en las PASO. “Están desesperados”, apuntó uno de los colaboradores de Macri.

Pablo Lanusse, abogado del expresidente, analiza por estas horas la estrategia jurídica en la causa.

“El expediente tiene 150 páginas y nos avisan cinco días antes. Hay cosas que llaman la atención”, apuntan. Quienes suelen asesorar al expresidente en temas judiciales barajaban, sorprendidos por la noticia, distintas posibilidades: pedir la nulidad del llamado a indagatoria, recusar el juez, plantear su incompetencia para entender en el caso. Es muy probable, además, que Macri busque postergar la indagatoria, si no consigue antes dejarla sin efecto.

Patricia Bullrich, presidenta de Pro, el partido de Macri, salió a defender al expresidente: “Hay una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Macri no estaba involucrado, con lo cual de no estar involucrado a tener una indagatoria es algo que no se puede entender”, afirmó Bullrich.

Bullrich remarcó que Macri no estaba procesado en el caso. “Es muy sorprendente que haya sido un proceso donde primero llaman al expresidente antes de las personas que están siendo investigadas”, completó.

Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Macri en las elecciones de 2019, apuntó contra el juez Bava. “La justicia nuevamente jugando a la política: en el medio de la campaña electoral, además de repartir subsidios y jubilaciones, citan a indagatoria a Macri en Dolores. Un juzgado federal kirchnerista”, expresó Pichetto, auditor general de la Nación. (AFP, EFE y La Nación/GDA).

Tres años de investigación sobre el ARA San Juan

En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya con Alberto Fernández como presidente, denunció que el Gobierno de Mauricio Macri hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En concreto, se presentó ante la Justicia una denuncia que afecta a diversos exfuncionarios, entre ellos Macri; quien fuera su jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. El ARA San Juan desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, fue hallado un año y dos días después de perderse su rastro.

Casi tres años después prosigue la investigación judicial para conocer qué le ocurrió, así como detectar si hubo irregularidades en su desaparición y búsqueda. En 2019, una comisión investigadora del Parlamento concluyó que hubo “responsabilidades compartidas” en la cadena de mando de la Armada, y en marzo de 2021 un Consejo de Guerra de esa fuerza militar sancionó a varios oficiales.

Cristina Kirchner: “Republicanos de morondanga”
Cristina Kirchner. Foto: AFP

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó ayer viernes una serie de tuits en los que acusó a Juntos por el Cambio de buscar “garantizar la impunidad de Mauricio Macri” y calificó a los integrantes de esa fuerza opositora como “republicanos de morondanga”.

Fue después de que el jueves la legislatura porteña aprobara una ley que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“¿Ves para qué quieren Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (María Eugenia) Vidal más legisladores?: además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri. La legisladora Lucía Cámpora lo explica clarito. 3 minutos 24 segundos imperdibles”, escribió en Twitter la expresidenta junto al correspondiente video.

A continuación, hizo una segunda publicación donde cuestionó: “¿Qué esa ley es inconstitucional? ¡Y, sí! Y además, escandalosa. Pero ya la aprobaron con su mayoría automática en la legislatura de CABA. ¡Y ojo! Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución”.

Los posteos tuvieron lugar horas después de que la Justicia citara a indagatoria el próximo jueves 7 al expresidente Macri en una causa sobre el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.

El jueves, la Legislatura porteña aprobó una ley que permite que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad intervenga como máximo tribunal de apelación de las causas civiles, laborales, comerciales, incluso penales, que tramitan ante la Justicia Nacional con sede en la ciudad.

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