MADRID | DANIEL BELTRÁN ROHR, CORRESPONSAL, AP Y EL PAÍS DE MADRID
La fiscalía española solicitó al magistrado Eloy Velasco, que investiga la supuesta colaboración entre ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela, la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán, funcionario del régimen de Hugo Chávez.
Arturo Cubillas Fontán es reclamado por la Audiencia Nacional ante el Ejecutivo español por tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.
Además, tiene una orden internacional de detención con fines de extradición desde el 24 de febrero de 2010, cuando lo procesaron junto con otros 11 dirigentes de ETA y de las FARC en un auto donde advertía de la "cooperación gubernamental del gobierno de Venezuela en la ilícita colaboración entre estos dos grupos terroristas".
Recientemente, dos etarras confesaron que fueron entrenados en Venezuela por Cubillas Fontán. Pero el español, nacionalizado como venezolano en 2003 cuando se casó con una local, niega haber entrenado a los terroristas y, de hecho, recientemente acudió a la fiscalía para denunciar "el acoso" que padece por parte de la prensa española, y para pedir una investigación sobre el testimonio de los etarras que lo delataron.
Su abogado es Marino Alvarado, director de la ONG Provea, donde trabajó Goizeder Odriozola, la mujer venezolana de Cubillas, hoy asesora personal de Elías Jaua, vicepresidente de la República. El letrado mantiene una estrecha relación de amistad con el matrimonio y tiene su despacho en el centro de Caracas, junto a una plaza en la que juegan al fútbol los niños del barrio.
"Arturo sigue trabajando en el ministerio. Vive en la misma casa y mantiene sus amistades y contactos. Si no trabajara en ese ministerio a lo mejor no habría tanto revuelo. Además, el ministro para el que trabaja es vicepresidente de la República y eso lo complica más", aseguró su defensor.
Cubillas es jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inti), el organismo encargado de confiscar las tierras improductivas que desde 1999 ha expropiado más de 40.000 fincas, algunas de españoles.
Al igual que su esposa, Cubillas no se oculta y acompaña al ministro en sus comparecencias públicas. "Tiene un cargo intermedio y una buena relación con su jefe, no tiene por qué esconderse", reconoció Alvarado. El presunto etarra con pedido de extradición disfruta de la nacionalidad venezolana, votó en las recientes elecciones, no oculta su apoyo a Chávez y participó en su campaña.
Es por todo esto que los servicios jurídicos españoles creen que las posibilidades de que el etarra sea extraditado son "escasísimas. Cero o casi cero". Al margen del evidente desinterés del gobierno de Hugo Chávez por detenerlo, la legislación de ese país y los tratados bilaterales aparentemente le servirán de escudo ante cualquier petición de entrega judicial.
Es por esto que España de momento no piensa mover ninguna otra ficha.
CONTACTOS. Algunos venezolanos expropiados recuerdan al acusado dirigiendo a las brigadas de choque que ocupan las tierras con la ayuda de la Guardia Nacional. "Ponen una bandera y la foto de Chávez y confiscan tus tierras por la fuerza", describió en marzo Orlando Lincon, de 65 años.
Gracias a su puesto como jefe de seguridad, Cubillas mantiene estrechos contactos con jefes de la Guardia Nacional y de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Un testigo aseguró haberlo visto en un búnker militar construido por Chávez en Caracas donde se celebran reuniones de seguridad.
Esto coincide con lo que dijeron los desmovilizados de las FARC, que aseguraron que vieron a Cubillas recibiendo a los instructores que envió la ETA a Venezuela, y que dijeron que entre los que lo acompañaban había "un varón con vestimenta civil, pero que llevaba un chaleco con el escudo de la DIM y un grupo de personas armadas que a juzgar por sus conversaciones parecían militares venezolanos, que prestaban escolta y seguridad al resto del grupo".
Los etarras que confesaron haber sido entrenados por Cubillas en la selva venezolana en verano de 2008 se refirieron también a su proximidad con la policía: "Daba la sensación de que mandaba sobre la policía porque resolvía los problemas. Ponía un salvoconducto en el salpicadero del coche y pasábamos los controles", afirmó uno de ellos ante el juez.