TENSIÓN

El Gobierno de Perú declaró ayer el toque de queda nocturno durante cinco días en la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho, tras las protestas y movilizaciones que esta semana dejaron nueve personas muertas en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en esa localidad.

La medida, que fue refrendada mediante un decreto publicado en un boletín extraordinario de normas legales, ordenó la “inmovilización social obligatoria” en Huamanga durante la noche. Señaló, sin embargo, que en un horario establecido “las personas pueden circular” para comprar alimentos, las farmacias atender al público, el libre tránsito de la prensa debidamente acreditada y el desplazamiento de vehículos y peatones que requieran de una atención médica de urgencia o adquirir medicamentos.

El decreto fue firmado por la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Pedro Angulo; y los ministros de Defensa, Luis Otárola; Interior, César Cervantes, y de Justicia, José Tello.

De esa manera, Huamanga se suma a la medida del toque de queda nocturno que el Gobierno ya ordenó el pasado jueves en otras 15 provincias de 8 de los 24 departamentos que tiene el país.

Más de dos decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños en la infraestructura del país. Ese ha sido el resultado de una semana de furia y violencia que se desató en Perú en medio de la crisis política y social que se agudizó con la destitución de Pedro Castillo.

Aunque las protestas y manifestaciones comenzaron el pasado 7 de diciembre en Lima, ni bien Castillo fue destituido por el Congreso, se agravaron desde el pasado domingo 11, cuando se registraron violentos enfrentamientos en la ciudad de Andahuaylas, en la región sur andina de Apurímac, donde finalmente murieron 6 personas. Esa localidad, junto con la vecina Ayacucho, se convirtió en el epicentro de marchas que derivaron en enfrentamientos que incluyeron ataques a aeropuertos vigilados por las fuerzas de seguridad, que han sido acusadas por organizaciones civiles y partidos de izquierda de hacer un uso excesivo de la fuerza.

Tanto el Gobierno como los militares defienden que se cumplieron las leyes establecidas para los casos de estado de emergencia en el país

Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, entre otros.

Las manifestaciones comenzaron pocas horas después de que Castillo fuera destituido por el Congreso, tras el anuncio que hizo de que iba a cerrar el Congreso y gobernar por decreto, además de intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.

En Lima, grupos de manifestantes protestaron, en principio, contra la destitución de Castillo y en rechazo a la designación como jefa de Estado de la vicepresidenta Boluarte, de acuerdo con la sucesión constitucional.

La tensión se agudizó desde el fin de semana pasado cuando las manifestaciones se trasladaron hacia distintas localidades del interior del país, sobre todo en la ciudad sureña de Andahuaylas, donde varios policías fueron retenidos por manifestantes, que posteriormente los liberaron.

Estas protestas esgrimieron una plataforma de exigencias que se mantendría en los próximos días y que incluye la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.

Organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda han denunciado un uso excesivo de la fuerza en la represión de estas manifestaciones, mientras que el Ejecutivo y un sector de la ciudadanía remarcan en los ataques violentos que han sufrido militares y policías, que han reportado más de doscientos heridos.

La oficina de las Naciones Unidas en Perú hizo un “llamado urgente” a la ciudadanía y a las fuerzas del orden “para restablecer la calma, desistiendo de cualquier acto de violencia y asegurando derechos humanos”. Amnistía Internacional demandó, por su parte, “el cese inmediato de la violencia estatal y que se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos” e invocó “al diálogo para detener la escalada de violencia y evitar más muertes”.

El primer ministro de Perú, Pedro Angulo, afirmó ayer que “se tienen que investigar” las denuncias de excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones violentas que no cesan en el país.

“He tenido información que se dice que ha habido torturas o desapariciones de personas que todavía no se sabe dónde están. Esos temas se tienen que investigar, porque eso sí es el exceso, eso no puede admitirse por ningún Estado”, declaró a la cadena estatal TV Perú.

Agregó que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones de esas denuncias y recordó que el Ejecutivo ha invitado a un “organismo internacional”, en referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que “verifique si es que hay excesos”.

Angulo dijo, sin embargo, que las fuerzas de seguridad de su país han usado la fuerza de manera “legítima” para contener las manifestaciones y protestas que desencadenaron en enfrentamientos y actos vandálicos, sobre todo, en el sur del país y en Lima.

La ministra de Transportes y Comunicaciones de Perú, Paola Lazarte, anunció ayer que durante esta semana se reabrirán los aeropuertos de Juliaca, Ayacucho y Arequipa, que fueron afectados durante las manifestaciones y actos vandálicos que se presentaron contra el Gobierno de Dina Boluarte.

“En el caso de Cuzco, todo se encuentra normalizado. Ya hemos restablecido las operaciones gracias al resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas. En el caso de Ayacucho, el probable inicio de operaciones será el martes 20 de diciembre”, declaró Lazarte a la emisora RPP.

Agregó que en Juliaca, en la región de Puno, “se da la misma situación y podríamos iniciar nuestras operaciones y abrir el aeropuerto el día de mañana” (por hoy lunes).

Sobre el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad en importancia del país, la ministra dijo que la reparación de la infraestructura y equipos dañados finalizará hoy, por lo que también se espera reabrirlo el martes.

Lazarte detalló que los actos vandálicos perjudicaron las operaciones nocturnas en ese aeropuerto, por lo que el sábado se trasladaron “luces de contingencia” que permitirán “recuperar la operación nocturna del aeropuerto este mes”.

La ministra también aseguró que se han tomado medidas de seguridad en todos los aeropuertos del país para “salvaguardar la integridad” y seguridad de los pasajeros.