NICARAGUA 

¿Qué está pasando en Nicaragua? Crece preocupación internacional por detenciones

La Policía de Nicaragua, que dirige un consuegro del mandatario Ortega, Francisco Díaz, mantiene bajo arresto a cuatro aspirantes presidenciales por la oposición.

Daniel Ortega gobernó en Nicaragua entre 1985 y 1990, y desde 2007 es presidente. Foto: EFE
Daniel Ortega gobernó en Nicaragua entre 1985 y 1990, y desde 2007 es presidente. Foto: EFE

Varios líderes opositores de Nicaragua, incluidos cuatro aspirantes a la Presidencia, siguieron encarcelados este jueves a falta de cinco meses de los comicios generales.

Esta situación desató la preocupación internacional. Claves para entender lo que está pasando en Nicaragua.

Detenciones de candidatos

La Policía de Nicaragua, que dirige un consuegro del mandatario Ortega, Francisco Díaz, mantiene bajo arresto a cuatro aspirantes presidenciales por la oposición.

La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la aspirante con más posibilidades de derrotar a una posible nueva candidatura del actual presidente.

Cristiana Chamorro fue procesada por presuntamente lavar dinero desde la fundación que dirigió y que lleva el nombre de su madre, cargos que ella califica de "farsa" para sacarla de carrera.

Para simpatizantes del gobierno, la fundación de Chamorro participaba de una campaña en contra del Ejecutivo, con el financiamiento de Washington. Las mismas acusaciones fueron formuladas contra los otros opositores detenidos.

Mientras Chamorro está en prisión domiciliaria, el aspirante Arturo Cruz está en la cárcel, al igual que Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, quienes recibieron mandato de prisión este jueves.

También al extitular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, al exvicecanciller José Pallais, a la activista opositora Violeta Granera, y a dos excolaboradores de una ONG, que han sido detenidos en la última semana bajo la acusación de diversos delitos.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

Daniel Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus opositores esperan que intente un cuarto mandato.

Ortega ha sido acusado por la oposición, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados.

La respuesta de la vicepresidenta

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, aseguró el jueves que quienes se sientan perseguidos es por los delitos que han cometido, en momentos en que varios opositores al gobierno de Daniel Ortega fueron detenidos en los últimos días en medio de críticas internacionales.

"Cuántos de esos que dicen sentirse hoy perseguidos. ¿Perseguidos? Perseguidos por ellos mismos, por sus tropelías, por sus delitos. ¿Cuántos de esos poquitos pueden decirse honrados? La honradez es una cualidad y un don de Dios", dijo Murillo.

Aunque en esta ocasión no dijo de quién hablaba, sus comentarios ocurren cuando al menos siete opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia, están presos bajo cargos de "incitar la intervención extranjera".

Además fueron apresados el líder empresarial José Aguerri y dos representantes de la sociedad civil, el excanciller José Pallais y la activista Violeta Granera.

Lo que dice el Congreso

El Congreso, de mayoría oficialista, fustigó las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el gobierno por "injerencistas, interventoras y unilaterales".
También condenó "a los traidores de la patria que han impulsado bloqueos económicos, comerciales y sanciones arbitrarias contra el pueblo de Nicaragua".

Pedidos internacionales

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell advirtió sobre el "deterioro de la situación política" en Nicaragua y condenó las acciones contra los opositores, la prensa, trabajadores de medios, defensores de derechos humanos y la sociedad civil.

La UE llamó a la liberación inmediata e incondicional de los precandidatos y consideró que su arresto "mina aún más la credibilidad de un proceso electoral ya afectado por una reforma" que ignoró recomendaciones de misiones de observación electoral, en ejercicios anteriores.

"La UE insta a las autoridades de Nicaragua que rechacen leyes restrictivas, incluyendo la ley sobre regulación de agentes extranjeros", indicó Borrell.

En tanto, los presidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei y de Costa Rica, Carlos Alvarado, mostraron su preocupación el jueves por la crisis política en Nicaragua, que podría trabar las metas conjuntas de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para contener la migración.

Una crisis podría desatar "una migración muy grande, donde el primer afectado sería Costa Rica, por ser el país más próximo y eso trae otras consecuencias. Por ejemplo, los países no estamos preparados para recibir a cientos de miles de personas huyendo de un régimen como el que se pretende instalar", dijo el guatemalteco.

Por otro lado, gremios empresariales de El Salvador, Costa Rica Y Nicaragua se unieron a la demanda de libertad para los opositores detenidos y de forma particular del líder empresarial Aguerri.

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica (Fecaica), de la cual Aguerri es uno de sus directivos, consideró que su arresto "atenta contra la institucionalidad, libertad, seguridad jurídica y democracia de Centroamérica".

Por otro lado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó que se suspenda la participación del país centroamericano en ese organismo.

En su defensa, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) rechazaron "enérgicamente el anuncio de medidas coercitivas unilaterales y violatorias del Derecho Internacional por parte del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos".

La Alianza condenó "este tipo de acciones" que "violan los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas" y reiteró que "estas medidas coercitivas unilaterales evidencian el carácter intervencionista de un Estado que transgrede las disposiciones del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos".

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