Ortega, el dictador cada vez más absoluto: más control sobre la población y nula independencia de poderes

Redacción El País
El dictador Daniel Ortega reformará la Constitución de Nicaragua para asegurarse un mayor control sobre la población del país. Ampliará de 5 a 6 años el período presidencial, establecerá la figura de “copresidenta”, suprimirá oficialmente la independencia de los poderes del Estado y creará la “Policía Voluntaria”, una fuerza paramilitar de su régimen.

La propuesta de reforma constitucional, que debe ser aprobada en dos legislaturas por la Asamblea Nacional (Parlamento), donde el régimen tiene mayoría absoluta, está hecha a la medida para que Ortega junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, asuman el control total de todos los poderes del Estado y garanticen además la sucesión dinástica familiar.

La enmienda refunda el Estado al denominarlo “revolucionario”, busca legalizar la instauración de un modelo de partido único y familiar como en Cuba y Corea del Norte, formaliza la concentración de poder, legaliza la apatridia, y “constitucionaliza el Estado totalitario”, según opositores.

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Estos son los principales cambios propuestos por Ortega en la iniciativa de reforma constitucional, que se prevé sea aprobada hoy miércoles en primera legislatura, y en el primer trimestre de 2025 en segunda legislatura.

La reforma establece que la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales. También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

La Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular. Para ser candidatos a copresidentes tienen que haber residido de forma continua en Nicaragua los seis años anteriores a la elección, no haber sido declarados “traidores a la patria”, o no haber adquirido otra nacionalidad, con lo que se inhibe a los principales dirigentes de la oposición que fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023 por Ortega.

La enmienda establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario”, que el pueblo ejerce el poder a través de la Presidencia que coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía y los entes autónomos.

También propone incluir como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.

Asimismo crea la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según opositores y organismos humanitarios, son fuerzas parapoliciales y paramilitares que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada “Operación Limpieza” con la que el régimen neutralizó las manifestaciones que estallaron en 2018.

La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía, cuando la estabilidad de la República lo requiera.

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El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean “sometidos” a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.

Se establece que “el Estado es laico y asegura la libertad de culto”. Sin embargo, advierte que “al amparo de la religión”, no se pueden realizar actividades que atenten contra el orden público, y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.

Nicaragua también reitera la “validez y fuerza legal” de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una sentencia del 27 de junio de 1986 sobre las “Actividades Militares y paramilitares en y contra” del país, en la que se condenó a Estados Unidos. “El Estado de Nicaragua tiene el derecho de ejecutar las acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esta histórica sentencia”, señala la reforma de Ortega. (En base a EFE)