Decenas de miles de personas han pedido ayer sábado en Madrid la dimisión del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, entre insultos y acusaciones de corrupción, en una marcha que ha acabado con 3 detenidos y 7 agentes heridos leves.
La protesta estaba organizada por Sociedad Civil Española -integrada por 150 asociaciones vinculadas a la derecha y el centroderecha-, y apoyada por el partido conservador PP y el ultraderechista Vox, y ha estado encabezada por una gran pancarta en la que se podía leer ‘Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión’.
La multitudinaria marcha -unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y 120.000 según los organizadores- ha recorrido las calles de Madrid ayer de mañana. La manifestación llega la misma semana que el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez-Zapatero fue imputado en un caso de tráfico de influencias para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra.
Los manifestantes han increpado también a la prensa, especialmente a un equipo de la Televisión Española -ente público- al que han impedido hacer su trabajo al grito de “¡Prensa española, manipuladora!”. Muchos manifestantes han emitido proclamas de “Pedro Sánchez, dimisión” o “No es un Gobierno, es una mafia”. Un grupo de manifestantes ha intentado acercarse al palacio de la Moncloa -residencia del presidente de Gobierno-, lo que ha obligado a cortar el tráfico en algunas calles y un carril de una carretera próxima.
Algunos de los manifestantes llevaban banderas de España y proclamaban soflamas contra los inmigrantes, como ‘No es inmigración es una invasión’, o islamófobas como ‘Reemigración si no comen jamón’, además de insultos al presidente del Gobierno y al ministerio del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.
La Policía Nacional ha tenido que cargar contra decenas de personas que, tras acabar la multitudinaria protesta intentaban acercarse al palacio de la Moncloa, que se encontraba próximo al final de la manifestación. El cordón policial que protegía las inmediaciones del palacio ha impedido aproximarse a los manifestantes a la residencia del presidente del Ejecutivo español, aunque los agentes se han visto obligados a cargar contra ellos en varias ocasiones para que mantuvieran las distancias.
Imputación de Zapatero
En otro orden, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, reclamó el viernes respetar el principio constitucional de presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación y criticó a la oposición española por dictar condenas anticipadas. Torres denunció los “juicios paralelos” impulsados por fuerzas políticas que, a su juicio, hacen “de la difamación un emblema”, en una entrevista concedida a la Agencia EFE durante su visita oficial a Montevideo.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado el pasado 19 de mayo en una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con una supuesta intermediación en favor de la compañía aérea Plus Ultra.
En referencia a su propia situación, Torres afirmó que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha desmontado todas las acusaciones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama. “He tenido una investigación de la UCO que durante muchísimos meses analizó todas mis conversaciones y concluyó que yo no he estado nunca con mujeres vejadas en lo sexual, que jamás he pedido ningún tipo de comisión ni mordidas y que no he estado nunca en ninguna operación de refinerías ilegales”, aseveró Torres.
En materia de memoria histórica, el responsable de la cartera destacó la ‘ley de nietos’, que permite adquirir la nacionalidad española a descendientes de exiliados. En el caso de Uruguay, informó de que se han presentado 50.000 solicitudes, de las cuales unas 12.000 están resueltas. Aunque el plazo expiró en octubre de 2025 sin prórroga, dijo que el Gobierno seguirá impulsando normativas de memoria.
EFE
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