Redacción El País
El régimen de Nicolás Maduro liberó ayer viernes a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador, así como de presos y detenidos políticos venezolanos.
“Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora están libres y de regreso en nuestro país”, escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.
“Es inaceptable que representantes del régimen venezolano arrestaran y encarcelaran a ciudadanos estadounidenses en circunstancias altamente cuestionables y sin el debido proceso”, se queja.
Rubio dió las gracias a su equipo del Departamento de Estado y “especialmente” al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “por su labor para lograr estas tan esperadas liberaciones y sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses tanto en el país como en el extranjero”.
El secretario de Estado también expresó su satisfacción por la puesta en libertad “de presos y detenidos políticos venezolanos, quienes también fueron liberados de las cárceles venezolanas”.
En tanto, Venezuela confirmó ayer que los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador habían sido liberados, por lo que agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
“Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia”, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado en Telegram.
En abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planteó al dictador venezolano un intercambio de los 252 migrantes por un número equivalente de presos políticos en Venezuela, una propuesta que Caracas calificó como “moralmente inadmisible”.
La detención de los venezolanos en El Salvador se produjo tras la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de EE.UU. Esta legislación, que data de 1798, permite la detención de ciudadanos consideradas enemigas sin necesidad de audiencia previa. AFP, EFE
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