Corrupción en Brasil

Lula, segunda condena a prisión

Recibió 12 años y 11 meses por el caso de una finca que le reformaron Odebrecht y OAS.

La sentencia de ayer le suma casi 13 años a los 12 que ya tenía; en Brasil las penas son acumulables pero no pueden superar los 30 años. Foto: Reuters
La sentencia de ayer le suma casi 13 años a los 12 que ya tenía; en Brasil las penas son acumulables pero no pueden superar los 30 años. Foto: Reuters

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, sufrió ayer miércoles un nuevo revés judicial al ser condenado a 12 años y 11 meses de prisión en otra de las causas que tiene abierta en la Justicia brasileña.

Un tribunal de primera instancia de Curitiba falló que Lula, de 73 años, se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia -en el interior de San Pablo- ofrecidas principalmente por las constructoras Odebrecht y OAS, a cambio de obtener contratos en la estatal Petrobras.

La jueza Gabriela Hardt estimó en su sentencia que “la culpabilidad (de Lula) es elevada”, pues “recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar”.

La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.

Lula enfrenta varias causas penales más, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración para impedir que vuelva al poder.

Su primera condena tuvo que ver con el beneficio de un apartamento tríplex en Guarujá, balneario en el litoral del estado de San Pablo, ofrecido por OAS, igualmente para obtener contratos en Petrobras.

Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero el periodo de reclusión no puede exceder los 30 años.

La noticia de esta segunda condena -acompañada de una foto del exmandatario- fue tuiteada de inmediato por el presidente Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, Lula iba a “pudrirse en prisión”.

Los primeros diez meses en la cárcel de Curitiba

 Lula cumplió ayer miércoles 306 días en prisión. El expresidente está desde el 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba. En estos diez meses, Lula recibió centenares de visitas, entre ellas al expresidente José Mujica. El jueves 31 de enero, al cumplirse los 300 días de prisión, el PT divulgó una nota en la que asegura que la única “certeza” es que Lula es un “preso político”. El PT justificó su afirmación al considerar que el expresidente tuvo sus derechos constitucionales negados al ser impedido de comparecer al funeral de su hermano mayor, Genival Inácio da Silva, fallecido el martes 29 de enero a los 79 años a raíz de un raro tipo de cáncer.

“Responsable”.

Para la magistrada Hardt -sustituta del juez anticorrupción Sergio Moro, ahora ministro de Justicia de Bolsonaro- la implicación de Lula en el gigantesco engranaje corrupto era clara, según explica en su decisión de 287 páginas. El fallo de la jueza puede ser apelado.

“El expresidente: era el responsable por la designación y permanencia de los directores de Petrobras que fueron fundamentales para la sistematización del esquema criminal; tenía conciencia de que había un pago sistemático de sobornos destinados al partido del que forma parte; tenía plena conciencia de que parte de esos valores fueron usados en su beneficio personal”, afirma.

La jueza no aceptó, por tanto, los argumentos de la defensa de Lula, que había alegado -entre varios puntos- que el expresidente no era el dueño de la propiedad e ignoraba cualquier reforma o acto ilegal.

La hacienda está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de Lula. “Es un hecho que la familia del presidente Lula frecuentaba de forma asidua el inmueble y lo usó como si fuese de él. Inclusive, en 2014, Fernando Bittar alegó que su familia ya no lo frecuentaba con asiduidad, siendo este más usado por la familia de Lula”, subrayó la jueza en su sentencia.

Además de Lula, Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses).

En el caso de Emilio Odebrecht es la primera condena que reci- be en el marco de la Operación Lava Jato.

Sin salida.

La primera sentencia de cárcel para Lula llegó en julio de 2017, cuando Moro le condenó a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. En enero del año siguiente, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a 12 años y un mes, que Lula comenzó a cumplir el pasado abril.

Desde entonces, el expresidente solo abandonó el edificio de la Policía Federal de Curitiba, donde ocupa una celda de 15 metros, a mediados de noviembre para responder al interrogatorio de la magistrada Hardt por el caso en el que ahora ha sido condenado.

Estuvo a punto de salir hace una semana, cuando un magistrado le autorizó a viajar a San Pablo para despedirse de su hermano Vavá, fallecido la víspera. Pero, tras horas de tensión judicial, la decisión llegó cuando el entierro ya se había celebrado y Lula decidió no dejar la cárcel. “No dejaron que me despidiese de Vavá por pura maldad”, dijo Lula.

“Siempre será mayor que sus verdugos”

El Partido de los Trabajadores (PT) afirmó ayer miércoles que Luiz Inácio Lula da Silva “siempre será mayor que sus verdugos”, tras la segunda condenada que ha recibido el expresidente por corrupción pasiva y lavado de dinero. “La persecución contra Lula no para”, dijo la presidenta del PT, la diputada federal Gleisi Hoffmann, en un mensaje publicado en sus redes sociales. Además denunció que esta segunda sentencia, para la que cabe recurso en instancias superiores, llega “exactamente cuando crece la posibilidad de Lula” de ser Premio Nobel de la Paz, cuya candidatura promueve el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel.

De la pobreza a la presidencia
Lula

Lula nació el 27 octubre de 1945 en el seno de una familia de agricultores pobres del nordeste, de donde emigra cuando él tenía 7 años al estado de San Pablo para escapar de la hambruna.

En 1975 se convierte en presidente del sindicato de metalúrgicos, sector donde trabaja desde los 14 años. Entre 1978-80 lidera grandes huelgas en plena dictadura (1964-1985) y es encarcelado un mes por su papel en el conflicto.

En 1980 participa en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT).

El 1º de enero de 2003 asume como el primer presidente brasileño de origen obrero. Reelecto en 2006, termina su mandato en 2010, con más de 80% de aprobación.

En 2005 releva a la dirección del PT por el escándalo de corrupción del “Mensalão” (pago de sobornos a legisladores).

El 4 de marzo de 2016 el juez Sergio Moro ordena llevar a Lula a prestar declaración forzada, en el marco de la investigación Lava Jato.

El 12 julio de 2017 el juez Moro lo condena a nueve años y medio de prisión por el caso del apartamento de la constructora OAS. En enero de 2018 un tribunal de segunda instancia eleva la pena a 12 años y un mes.

El 7 de abril de 2018, dos días después de que el juez Moro ordenara su detención, Lula se entrega a la policía en el Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, en San Pablo, para cumplir su primera condena.

análisis | Sérgio Roxo

Sin impacto inmediato, pero complica

A pesar de que no tiene un impacto inmediato, la condena de Luiz Inácio Lula da Silva en el caso de Atibaia complica la situación jurídica del expresidente. Además, la decisión de la jueza Gabriela Hardt, refuerza el sentimiento de los dirigentes petistas de que el principal líder del PT, hoy con 73 años, no tiene perspectiva de volver a vivir en libertad.

El discurso del PT de que todas las investigaciones contra Lula son resultado de la persecución de parte del exjuez Sergio Moro, pierden fuerza, una vez que la condena surgió de otra magistrada. Los caciques petistas, en tanto, probablemente mantendrán esa línea con el argumento de que Hardt está vinculada a Moro.

En caso de que la decisión de este miércoles sea confirmada en segunda instancia, Lula tendrá una pena de prisión de más de 24 años en total, considerando también el caso del tríplex, por el cual cumple pena desde abril del año 2018.

Davi Tangerino, profesor de derecho penal de la Fundación Getúlio Vargas, explica que la nueva pena solo se sumará a la que él ya cumple si hubiere una condena en segunda instancia. Hasta entonces, no tiene efecto práctico alguno.

Sin embargo, si se confirma la sentencia, la perspectiva de progresión de régimen (posible luego de que se cumpla un sexto de la pena) será distante y solo podrá apelarse después de que Lula cumpla cuatro años y un mes de pena, lo que sucederá en mayo de 2022.

Por eso, la esperanza de que Lula deje la prisión en Curitiba continúa depositada en el Supremo Tribunal Federal (STF). El presidente de la Corte, Dias Toffoli, fijó para el 10 de abril el juicio sobre la prisión luego de la condenación en segunda instancia.

La decisión de este miércoles, también debe reforzar los argumentos de petistas y abogados para que se busque la prisión domiciliaria del expresidente. El interés en este beneficio, ya fue blanco de una crisis entre sus abogados el año pasado. El expresidente del STF, Sepúlveda Pertence, también integrante de la defensa, inició un pedido para que Lula cumpliera prisión domiciliaria. Cristiano Zanin, al frente de la defensa, de-sautorizó ese pedido. (Análisis del diario O Globo)

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